Tiempo de lectura: 2 minutos
El 9 de enero pasado, Salta tuvo un pico de 3.361 casos (un aumento del 263% en relación a octubre 2021). Siete de cada diez testeos, dan positivo.
El crecimiento exponencial de contagios abrió la deliberación entre los trabajadores. En call centers, plataformas enteras pasaron forzadas a home office luego de que se registraran contagios estrechos. La presión patronal exige seguir trabajando para no perder la productividad y hacer los reemplazos que la empresa no está dispuesta a contratar.
Las patronales del comercio, gastronómicos y turismo multiplican su presión sobre la juventud precarizada. “Se aprovechan de ser contacto estrecho para faltar”, declaró el vice de la Cámara de Comercio para justificar que obligan a trabajar con síntomas.
En el transporte, algunas líneas modificaron los esquemas de reemplazos ante la suba de contagios y de licencias para el personal de riesgo. La exposición de los choferes es brutal: aún sin clases, las horas picos hacen que el transporte sea más explosivo que los festivales de más de mil personas que suspendió el COE. La deliberación se extendió a los municipios, obligando a las intendencias a improvisar esquemas de cierres. En Aguaray, el 40% de la planta municipal ya está aislada. En Capital, la deliberación forzó a la propia burocracia a reclamar el cese de la actividad.
En educación, la discusión arranca en vacaciones. El ministro de educación ya planteó que sostendrá la presencialidad. Se juegan a la vacunación, aunque de 480 mil estudiantes, solo el 20% recibió la primera dosis y solo un 12% la segunda. La docencia con su huelga autoconvocada ha sido un alfil fundamental en la lucha contra la política de contagios del gobierno.
En salud, se expone el colapso sanitario producto de la autogestión de los hospitales. La ocupación de camas UTI del 68% obligó a reprogramar cirugías. Solo en el Materno Infantil y las salitas dependientes hay 300 trabajadores aislados. La falta de reemplazos y cargos no cubiertos redunda en una mayor sobrecarga laboral.
Los gobiernos y las patronales, con el concurso de las burocracias sindicales, habilitan un esquema criminal contra los trabajadores con el mentado pase sanitario y la reducción de días de aislamiento fijados por la COFESA: trabajar para mantener la circulación de la economía a costa de nuestras vidas. La defensa de nuestra salud recae en nuestras manos. Impulsemos en los lugares de trabajo, reuniones, asambleas, comités de trabajadores.
Cierre de toda actividad no esencial, donde se desarrollen contagios. Confinamientos contra el avance de la circulación del virus, condicionando la presencialidad en los lugares de trabajo y la educación.
El aislamiento por contacto estrecho y positivo COVID es un derecho. Planteamos el sostenimiento económico a cargo de las patronales. Licencia paga para testearse, por contacto estrecho y COVID. Los cierres de lugares de trabajo, como los protocolos sanitarios, plantean una organización bajo control de los propios trabajadores. Asistencia económica por parte del Estado a las familias de desocupados, bagayeros y ambulantes que son arrojados a trabajar a diario para comer y expuestos al contagio sin ningún resguardo.
Abajo el gerenciamiento y autogestión hospitalaria. Plan de vacunación casa por casa, reforzando la contratación de agentes de salud. Pase a planta de los contratados. Salario mínimo equivalente a la canasta familiar.
