Berazategui: el nuevo sindicato de Municipales se movilizó contra los abusadores sexuales del Municipio

Escriben Oscar "el Colo" y Sergio Salgado

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Este miércoles 16 de febrero, la Unión del Personal Municipal de Berazategui (UPMB) -el novel sindicato que lideró la histórica huelga de higiene urbana a principios de enero y logró derrotar el grueso de los despidos de contratados con los que Mussi pretendió iniciar el 2022- realizó una concentración en el playón del Palacio municipal, acompañada por organizaciones del movimiento de mujeres, de las diversidades sexuales, sociales y políticas, entre ellas Política Obrera Berazategui.

La jornada de protesta tuvo como objetivo acompañar una presentación formal ante el Ejecutivo municipal reclamando el inmediato desplazamiento del ex director de Mayordomía del municipio, Gustavo Isea, tras una denuncia por abuso sexual de una trabajadora miembro del sindicato. La denunciante Silvia Ojeda, acompañada por su abogado, de acuerdo con lo informado por el sindicato, radicaron una denuncia penal por violencia sexual contra este funcionario apañado y encubierto por el intendente Juan José Mussi, que fue radicada el pasado lunes 7 de febrero, en la Fiscalía Nº 5 descentralizada de Berazategui, dependiente de los tribunales de Quilmes. Desde la UPMB, denunciaron que Isea continúa desempeñando un cargo municipal. "Sigue trabajando normalmente. Acá es común desplazar a la víctima antes que al victimario", expresó Mario Torroba, secretario general de la organización. Torroba explicó que en la denuncia está tipificado que "le mordió la cola mientras trabajaba". "Un abuso gravemente ultrajante, que sucedió dentro de las instalaciones del viejo palacio municipal de Av. 14 y Av. Mitre".

La UPMB apoya a su compañera en este reclamo elemental, mientras se sustancia la causa judicial, y acompañó el mismo con un petitorio de reivindicaciones relacionadas con las problemáticas que afectan en particular a la masa de las trabajadoras municipales, particularmente expuestas a prácticas de abuso y acoso laboral y sexual, malos tratos, por parte de jefes, supervisores y funcionarios mussistas, dada la peculiar situación de vulnerabilidad que implica el enorme entramado de precariedad laboral impuesto por el patrón Mussi: la gran masa de las y los municipales se encuentra contratada; esto expone a las compañeras al chantaje para no ser despedidas ("cese de contratos") o para ser ingresadas en la planta permanente. Una suerte de perverso "derecho de pernada" de una casta de funcionarios patronales (se sabe de al menos unos 10 casos más no denunciados) que ha impuesto la contratación precaria permanente, la flexibilidad laboral y los salarios de hambre en todo el escalafón municipal.

El sindicato denuncia, además, incumplimientos de los cupos laborales de trabajadores discapacitados, del colectivo trans, y la inseguridad que afecta a las trabajadoras de los CAPS ante la descomposición social que impera en los barrios.

El corazón del reclamo sindical para terminar con esta "viga maestra" de abusos contra las trabajadoras, es el inmediato pase a planta permanente de todas aquellas trabajadoras municipales que hayan cumplido los plazos establecidos en el artículo 4ª de la Ley provincial 14.656 de Régimen Marco del Empleo Municipal.

La UPMB pensó la protesta como el inicio de un acampe de varios días en reclamo del reconocimiento de los reclamos y la implementación de una mesa de diálogo con la patronal en función de comenzar a revertir todas estas problemáticas, aspirando al reconocimiento del sindicato como un interlocutor válido. Sin embargo, más allá de la repercusión mediática y visualización pública de la denuncia y los reclamos, esto aún no ha sucedido. La protesta se topó, como es costumbre, con un edificio municipal cerrado al acceso y militarizado con un cordón de la bonaerense. La "mediación" de dos legisladores provinciales del FITU (Kane y Ripoll) habilitó el ingreso de la denunciante, su abogado, 3 miembros de la UPMB y ellos, para que la presentación fuese recibida; luego, se reunieron con Juan Carlos Balor, "mano derecha" de Mussi, quien reconoció que en relación al reconocimiento del sindicato y la situación de ilegalidad con la que procede el Ejecutivo es una "decisión política del intendente Juan José Mussi" y que "iba a trasladar las inquietudes al gabinete municipal". Todo esto a cambio, según "consejo" de ambos legisladores, "de muestra de buena voluntad por parte de los trabajadores", que los compañeros de la UPMB no realicen el acampe que habían anunciado, en espera de una eventual "citación al diálogo".

El lunes próximo los municipales de la UPMB volverán a movilizarse.

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