El ajuste en medio de la pandemia, una condena a los docentes universitarios

El gobierno anunció que no va a pagar la cláusula gatillo correspondiente al mes de febrero de 2020. Esta cláusula gatillo es la segunda de una paritaria a la baja que constó de un 16% en 3 cuotas y una actualización del 7% en octubre contra un 54% de inflación acumulada durante 2019. Se estima que los docentes universitarios deberíamos percibir en nuestra próxima liquidación un aumento del 14,57%. En cambio, el gobierno ofreció una suma de 9,7%. En cuanto a la paritaria 2020, propusieron un aumento del 2,3% en mayo y del 3% en junio. Se trata de un ajuste brutal: el 5% que recortan de la cláusula gatillo lo deducen de las dos cuotas de 2020, o sea que queda un aumento del 0% para este año.

Este ajuste tiene lugar en medio de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo que toma medidas de aislamiento y cuarentena, el gobierno recorta y ajusta los salarios de los trabajadores que tenemos que afrontar los mayores costos de los insumos sanitarios para prevenir el contagio de nuestros propios bolsillos. La política de ajuste en el medio de una pandemia es una condena a la muerte.

En la UBA se suspendieron las clases hasta el 12 de abril. Algunos funcionarios evalúan la posibilidad de dictar las clases de manera virtual, una sobrecarga laboral para los docentes universitarios. La virtualidad requiere de plataformas aptas, la familiarización con dichas plataformas, grabar clases, disponer de material de apoyo a cargo del docente y, por supuesto, contar con los medios necesarios (computadoras y una buena conexión a internet).

Como si esto fuera poco, Dosuba se encuentra en un estado de quiebra, que pretende enjugar aumentando los aportes personales de los docentes a la obra social. Hace apenas una semana, el consejo superior de la UBA votó un incremento de la cuota que llega en el caso de las designaciones simples ($12.500 brutos) al 10% del salario. El saqueo a los docentes universitarios no puede continuar. En lugar de reclamar el aumento de los salarios docentes y el pago de la cláusula gatillo, la UBA actúa de bombero del gobierno.

Las medidas de aislamiento y cuarentena están alcanzando a las asambleas e instancias de deliberación de los docentes. En efecto: la asamblea de AGD prevista para el 17 de marzo debió ser cancelada. Pero el gobierno se está sirviendo de esta circunstancia para ir contra nuestros salarios y jubilaciones. Una verdadera emergencia sanitaria debe partir de la duplicación del presupuesto para la salud y la educación, salario igual a la canasta familiar y $40.000 pesos para el cargo testigo. En cuanto a las jubilaciones universitarias que se encuentran en peligro, privar del 82% móvil a la población de mayor riesgo frente al coronavirus es un crimen social.

No al aumento de los aportes a DOSUBA. Pago íntegro de la cláusula gatillo. Aún sin poder asambleas, la docencia universitaria y su gremio -la AGD UBA- tiene una circulación “virtual” y por redes, que debemos emplear para discutir medidas contra el recorte a nuestros salarios y conquistas.