La “emergencia” de los Fernández, Kulfas y Guzmán no es una salida para la crisis, ni está al servicio de los trabajadores

El programa de medidas anunciado por el gobierno, para “reactivar la economía”, deja de lado a la mayoría que vive de su trabajo. Ninguna reactivación es posible sin reactivar la salud y al mundo del trabajo.

Los funcionarios han señalado que el incentivo equivale 2 puntos del PBI, unos $700 mil millones, lo cual deja un saldo negativo cuando se computa el ‘ajuste’ aplicado contra jubilados y trabajadores, equivalente al 2,4% del mismo PBI, o sea unos $840 mil millones. En el caso del ‘incentivo’, la mayor parte del dinero va para los capitalistas; en el caso del ‘ajuste’, la mayor parte fueron recortes de ingresos a los trabajadores. En efecto, los aumentos que se acaban de anunciar para jubilados y desocupados son pagos, de nuevo por única vez, de $3.000 mil para los que cobran la mínima, AUH y embarazadas. Este pago extra se evaporará entre los mayores costos de los alimentos, artículos sanitarios y de limpieza que caracteriza a esta “emergencia”. Por lo demás, se ha dispuesto un programa de créditos a empresas “que sufren baja en su actividad, para darle liquidez y acotar sus efectos”. Los créditos apuntan a mejorar la posición financiera de sectores capitalistas, sin ninguna obligación de sostener la producción ni el plantel de trabajadores.

Precisamente, el “salvataje” no plantea impedir cualquier despido o suspensión de trabajadores – la condición básica para que no se hunda el consumo. En cambio, el Estado se hace cargo de pagar los salarios de determinadas empresas, por medio de Repros, y del seguro de desempleo. Como en crisis anteriores, los capitalistas y el Estado aprovechan para implementar una nueva rebaja -“transitoria”- de los aportes patronales. El “programa” servirá para mejorar la posición financiera de los balances, pero fracasará como medio de reactivación económica, la cual se encuentra bloqueada por las cuarentenas a millones de trabajadores, al transporte, servicios y comercio. El mundo no enfrenta una crisis de sobreproducción, sino una crisis de la fuerza de trabajo debido a la privatización y encarecimiento del sistema de salud; al derrumbe de la salud a cargo del estado; y a la insuficiencia de inversiones capitalistas para prever y anticipar crisis virológicas y bacteriológicas.

Los créditos oficiales dirigidos a la “renovación tecnológica para facilitar el teletrabajo”, no dicen en qué consisten, son simplemente un cheque al capital. El ‘trabajo a distancia’ no cuenta aún con la infraestructura necesaria. En cambio, nada se ha anunciado para compensar los costos inmediatos que sufren los trabajadores que, para evitar el transporte público, se movilizan en auto, y pagan combustibles y peajes para llegar a sus trabajos.

La estratégica producción de respiradores y otros insumos sanitarios queda supeditada a un difuso “programa técnico financiero”, o sea que el paquete no le entra al corazón de la crisis. De otro lado, se ha difundido que China enviaría respiradores y equipos de diagnóstico, pero no su costo, su forma de pago, ni los medios para financiarlo. Asegurar esta entrega es más importante que las operaciones de rescate del capital por parte del estado. En Estados Unidos, Trump ha hecho conocer un plan de salvamento de las compañías aéreas, que se han quedado sin clientes, haciendo caso omiso que ellas han duplicado su capital en los últimos cinco años, por medio de la inversión de sus ganancias en la recompra de sus propias acciones. Es allí a donde se dirigirá el dinero que les envíe el estado – al rescate de los accionistas de estas compañías.

Por lo demás, los créditos para el consumo, vivienda o pequeñas refacciones serán apenas unas gotas en el océano, porque representan un importe financiero muy reducido, que los trabajadores tampoco podrán tomar porque carecen de capacidad de devolverlos, cuando corren, además, riesgo de despidos. La clase trabajadora en blanco ya se encuentra fuertemente agobiada por deudas de préstamos y tarjetas, como ocurre en todo el mundo, que son el resultado de un salario que no cubre el costo de la canasta familiar.

Por el lado impositivo, ni siquiera se ha contemplado la suspensión del impuesto a las ganancias para la 4ª categoría – el impuesto al salario. Tampoco la suspensión del cobro del monotributo, que afecta a miles de trabajadores precarizados. Ni qué decir del IVA, que continúa gravando a los alimentos y productos sanitarios. Pero principalmente, la “emergencia” no contempla el aumento de los salarios, único recurso de los trabajadores para ampliar su canasta de medios de vida en medio del colapso. Esa medida está fuera del plan oficial, junto a la devolución de todas las cláusulas de movilidad para jubilados, estatales y maestros.

La emergencia plantea mayores envíos de alimentos a los comedores de los barrios. Pero se “olvida” que esos comedores se encuentran hacinados, y que, en medio de la crisis sanitaria, necesitan de mayores espacios –galpones, terrenos- para poder funcionar con mínimas condiciones de salubridad. Los predios públicos y privados ociosos de los barrios deberían ser puestos a disposición de esa tarea.

La emergencia, finalmente, no dispone una medida crucial de “protección” del Tesoro y de las reservas internacionales, que es la suspensión de todo pago de intereses o capital de la deuda pública, en dólares o pesos. Algunos medios de comunicación aseguran que el gobierno pretende aprovechar la crisis mediante una oferta de pago de la deuda pública, en dólares y en pesos, que representaría una quita del 30 por ciento – también prevén que será rechazada y que Argentina anunciará el default. Pero el gobierno está lejos de preparar el terreno para una cesación de pagos, lo que plantearía nacionalizar los bancos e intervenir la gestión de las exportadoras y las mayores compañías capitalistas que operan en Argentina. Francia e Italia acaban de anunciar la nacionalización de un par de monopolios capitalistas nacionales – con la intención de devolverlos a sus accionistas una vez que la crisis de la pandemia se haya superado. Nadie tiene, sin embargo, la menor idea acerca de qué clase de economía quedará en pie luego de la tormenta. Lo cierto es que los recursos públicos no están, precisamente, al servicio de la lucha por la defensa de la salud y la vida

Estado y “mercado”

El periodismo oficial considera a los anuncios “la victoria del Estado sobre el mercado”. Alude al hecho de que los Fernández han decidido un gasto fiscal mayor al previsto, infringiendo los límites pactados por Guzmán con el FMI. También ha venido violando los compromisos de financiación del gasto fiscal por medio de emisiones del Banco Central. El Estado, sin embargo, siempre “vence al mercado” cuando se derrumba la economía capitalista, incluso cuando el detonante es una crisis de salud que castiga a la fuerza de trabajo. Estamos ante una verdad de Perogrullo. Nunca lo mata tampoco por completo, siempre le deja la posibilidad de la revancha. Si el estado no fuera el recurso último del capital, simplemente no existiría. Lo que oculta el discurso del estado versus el mercado es que, como en todas las crisis de este régimen social, el Estado sale al rescate de las relaciones capitalistas. A lo que nos lleva este asunto es que para que el Estado atienda a la necesidad social y no a los intereses capitalistas que conecta el mercado, el Estado debe estar en manos de los trabajadores.

El Estado capitalista, y no especialmente en Argentina, se encuentra ante un desafío extraordinario: fijar el precio a las mercancías y al capital que se transa en el mercado. Lo que la jerga financiera llama ‘volatilidad’ e ‘incertidumbre’, alude en forma velada a esto – a que no hay precio, o sea, no hay mercado. Pero para fijar precios por vía del Estado, se requiere gobierno ‘fuertes’ y regímenes políticos con capacidad de coacción. No es el caso de los Fernández, quienes acaban de decidir que en las conferencias de prensa los periodistas no pregunten, con el pretexto de que las preguntas desvían la atención de los anuncios. Pero si el periodismo actúa así, es sólo porque los anuncios no tienen la entidad que requiere la situación. Alberto Fernández está intentando un bonapartismo actoral, para ver si esto lo conduce a un bonapartismo efectivo.

La amplitud de la crisis y las limitaciones insalvables de los gobiernos patronales dejan en claro que las autoridades de turno no van a resolver nada que choque con el capital, o sea que no van a resolver nada.

Por esto planteamos organizarnos y establecer un programa:

-compra masiva de respiradores y equipos de diagnóstico, plan de detección masiva de infecciones, bajo control de médicos y para/médicos;

-control obrero de la industria farmacéutica, incluso su nacionalización;

-intervención estatal en la medicina privada, para un uso planificado de los recursos de salud, y control de costos y tarifas de salud;

-contratación masiva de personal de salud en conformidad con los convenios colectivos, reducción de la jornada de trabajo a seis horas en hospitales, sanatorios y centros de salud, sin afectar el salario:

-cuatro turnos laborales en empresas y fincas, sin afectar el salario

-aumento salarial de emergencia, paritarias libres; restitución de todas la movilidad salarial y jubilatoria por inflación;

-ningún despido ni suspensión; compensación por transporte a los que concurren a sus lugares de trabajo; exención de impuestos a los asalariados; licenciamiento pago –incluyendo premios y presentismo- a todos los trabajadores en riesgo.

-plan estatal de producción de alimentos y elementos sanitarios esenciales;

-ruptura con el FMI, repudio de la deuda externa;

Gobierno de Trabajadores.