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El anuncio de la vocera Cerrutti acerca del "acuerdo cerrado" con el FMI ha puesto de manifiesto dos cuestiones. En primer lugar, que las discusiones en torno del tarifazo se han resuelto en los términos exigidos por el FMI, a saber, de un aumento superior al 40% para el promedio de los usuarios. La suba del 20%, sostenida por el gobierno durante todos estos meses, ha quedado reducida a la tarifa social, lo cual, para quien trabaja en negro o está desempleado, es todo un aumento. En el otro extremo del arco de ingresos, un 10% recibirá la tarifa plena, o sea, un supertarifazo. Pero en ese segmento “privilegiado”, existen familias que igualan o apenas superan la canasta familiar. El tarifazo, en suma, ha quedado consagrado. Y todavía no toma en cuenta el aumento explosivo en el precio del gas importado, el cual, a raíz de la guerra internacional, podría cuadruplicar la factura de las compras externas de energía. En el combo fondomonetarista, queda también en el haber la reafirmación del aumento de la edad jubilatoria, la cual, pérfidamente, se sigue presentando como “voluntaria”. Cualquiera sabe que, con haberes que representan la mitad de una canasta de pobreza, la “voluntad” de seguir trabajando se vuelve compulsiva – hay que trabajar para seguir viviendo.
El cierre del acuerdo con el FMI, si es que efectivamente se ha concretado, inaugura una etapa de choques más encarnizados entre todos los bloques políticos, que tendrán su escenario en el parlamento. La sesión inaugural ha sido solo el anticipo de ellos. El kirchnerismo de Diputados parece sostener la posición de no votar el acuerdo, y dejar librada su aprobación a un acuerdo de massistas y pejotistas con al menos una parte de la oposición. Pero en “espejo” a la decisión de los seguidores de Cristina y Máximo, el macrismo duro ha resuelto quitarle el cuerpo al acuerdo. Los economistas de Bullrich y Macri le han informado a sus jefes algo evidente – que el pacto que firmarán Guzmán-Fernández trasladará la devolución de la hipoteca con el Fondo para el 2024/2025 en adelante, incluso pagando el precio de un severo ajuste durante 2022-2023. El proyecto que avala el acuerdo, en ese caso, saldrá de Diputados con los votos contados. Pero allí, le espera otra votación de crisis en el Congreso. Los senadores del FdT deberán convertirse en los habilitadores o verdugos del acuerdo, lo cual, en este caso, los convertiría en verdugos del gobierno y el régimen político considerado de conjunto. Ahora, se entiende por qué Carrió presentó la iniciativa parlamentaria para que el acuerdo pase del largo del Congreso, y quede bajo la exclusiva responsabilidad del entorno presidencial. La jefa de la Coalición Cívica intenta sortear la fractura de su bloque y, eventualmente, una crisis terminal y prematura del gobierno fernandista.
Incluso si la vocera Cerutti estuvo en lo cierto, y el acuerdo se cerró, la crisis política ingresa ahora en una fase todavía más aguda. Incluso si sale indemne del trámite parlamentario, el ajuste fondomonetarista deberá ser aplicado por un gobierno fracturado y sin condiciones para ejecutar una política de agresión a las masas, en un escenario internacional explosivo.
Las dos semanas de discusión parlamentaria serán solamente la pasarela de una crisis que, con toda seguridad, irá trasladando su centro de gravedad hacia las masas, que serán sacudidas por el peso de la carestía, los tarifazos y la probable retracción económica. La clase obrera, y su fracción más activa, tienen la palabra.
