El movimiento piquetero enfrenta una nueva etapa

El movimiento piquetero es uno de los sectores más golpeados por el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, puso la firma a una serie de nuevos convenios de “empalme”, como se llama al pasaje de los planes Potenciar Trabajo hoy en $16.500, a distintas ramas del sector privado. El objetivo es reconvertir durante el 2022 al menos 30.000 planes sociales en “empleo genuino” (La Nación, 22/2). Los intentos anteriores de regalar mano de obra a las patronales del agro o la construcción terminaron en un fracaso sin atenuantes. En Desarrollo Social aseguran que esta vez sería diferente; la diferencia es que el diseño es más despótico. Por un lado, se cancelan las altas de planes sociales, como en otras ocasiones, pero por el otro lado se amenaza con la baja a quienes no acepten trabajos precarios por salarios irrisorios. Sería un error de la dirigencia piquetera descartar que, en esta nueva tentativa, el ‘empalme’ caerá en saco roto y todo volverá a como era antes. El acuerdo con el FMI y la inflación que prevé, del 50%, pulverizará los ya pulverizados planes sociales

Los convenios firmados con el sector privado incluyen a la construcción y el rural, se le suma ahora la gastronomía y uno a futuro en la industria audiovisual. En el caso de la gastronomía se incluirán paulatinamente 4.000 planes sociales durante este año. Con la presencia del ministro de Trabajo Claudio Moroni y Luis Barrionuevo por UTHGRA, se firmó el convenio con cadenas como Tea Connection, Café Martínez, El Club de la Milanesa, Temple Bar y Almacén de Pizzas. En Tucumán ,avanzan los convenios con la cámara de la construcción, rural con UATRE y del citrus con el ACNOA; en Trancas, la planta láctea ya cuenta con 20 empleados bajo este régimen.

Paralelamente, los convenios de las diferentes Unidades de Gestión -los entes que asocian a las organizaciones sociales e intendentes- establecen tareas vinculadas al barrido y la limpieza en los municipios. Apuntan a barrer con los convenios laborales, en este caso de los municipales.

Recientemente, la Federación olivícola alertó que no tiene trabajadores suficientes para la cosecha. Faltan trabajadores ‘golondrinas’ de países limítrofes, debido a la caída descomunal de los salarios. A pesar del subsidio que el empalme ofrece a las patronales, la exigua paga no llega a cubrir los gastos del viaje hacia la cosecha; para los extranjeros, la devaluación reduce a la nada el monto de las remesas.

Contraprestación

Los anuncios incluyen un refuerzo para la llamada “economía popular”, que regentea la burocracia oficial cayetana. El entramado de cooperativas que se dedican al cartoneo, la venta de panificados y el negocio textil, entre algunos de los emprendimientos más comunes, será asistido por el estado para la compra de herramientas, materiales y maquinarias. Actualmente, solo en el Renatep (registro de la economía popular) hay 3 millones de trabajadores inscriptos.

Zabaleta asegura que mantendrá la opción para los beneficiarios del Potenciar Trabajo a elegir su propia unidad ejecutora de trabajo. Según el Evita y Barrios de Pie-Somos, el Potenciar Trabajo ya no se configura como un plan social sino como un programa de fortalecimiento de la “economía popular”. Los referentes de la UTEP declararon que “el empleo necesita un empleador, el trabajo no necesariamente”, corriendo al Estado de cualquier responsabilidad contractual. Alderete, de la CCC, expresó preocupación por sus proyectos sin avances y vio inoportuno el anuncio de no más planes cuando “hay un riesgo latente de desborde social”.

El fondo de la cuestión es que, incluso con el éxito de todo este paquete de medidas, la desocupación golpea a 4 millones y medio de personas. 30.000 pseudo puestos de trabajo en un año no implican ninguna solución. Los funcionarios admiten que el Ministerio carece de los fondos para absorber o financiar proyectos siquiera para los Potenciar Trabajo activos actualmente, que son 1.200.000.

Desafío

Este escenario pone fin a la ‘asistencia social’ del gobierno, acosado por la quiebra del estado y la presión del capital financiero y el FMI. El financiamiento a los planes sociales, por parte del Banco Mundial, nunca previeron una pobreza del 50% de la población. La lucha contra este ajuste contra los planes, el cierre de altas, la contratación forzada a cambio de salarios asistenciales; en una palabra, la lucha por el derecho al trabajo, requiere una acción política estratégica, en unión con el conjunto de la clase obrera. La guerra imperialista refuerza la presión política de los países que apadrina al FMI, y ya ha desatado una ola gigantesca de aumentos en los precios de los alimentos, materias primas y energía Una movilización por el reparto de las horas de trabajo y por un subsidio al desocupado igual a la canasta familiar, plantea un choque político con el gobierno y el Estado, que requiere una acción conjunta de la clase. La lucha contra los contratos basura y los despidos, y por un salario mínimo igual a la canasta familiar en las cooperativas y unidades ejecutoras, lleva a la misma conclusión. Que se implemente, sí, una Bolsa de Trabajo, pero no a cargo de las patronales o las burocracias como la UOCRA, y la ejecución de un plan nacional de obras públicas, de la vivienda, la urbanización y la infraestructura; todo esto plantea, de nuevo, una movilización política y el desarrollo de una capacidad de acción para acampar en las principales plazas del país, combinado con una agitación por la huelga general por todas estas reivindicaciones, y por todas las que levantan las masas en todos lados.

Llevaremos estos planteos al Plenario Piquetero del 11 y 12 de marzo próximo, para replicarlo en todos los barrios y provincias, y por un Congreso Obrero que organice, debata y ponga todas estas luchas bajo la perspectiva de un gobierno de trabajadores.