Salta: choferes de colectivos enfrentan a las patronales, la burocracia y al gobierno

La muerte de una pasajera en la línea 7b, al caer de una unidad en movimiento, desató una gran polémica pública. El ataque a los choferes, por parte de voceros mediáticos del Estado y el capital, busca ocultar la completa crisis del transporte público y la precariedad en que desarrollan la actividad sus trabajadores.

Parasitismo empresarial

La administradora estatal SAETA, creada por Romero en 2003, y sostenida por Urtubey y por Sáenz, pinta de cuerpo entero a un régimen que coloca los recursos del Estado al servicio de las ganancias privadas. SAETA concesiona el transporte público a empresas privadas. Sin embargo, el Estado, mediante el esquema de subsidios, financia integralmente el funcionamiento del sistema.

SAETA requiere alrededor de 850 millones de pesos mensuales para garantizar el servicio de transporte. La provincia aporta el 58% de ese costo. Por el cobro de boletos el ingreso mensual es en promedio de $250 millones, a valores de diciembre. Nación otorga $120 millones de los subsidios recibidos. El presidente de SAETA declaró que, de no llegar los subsidios nacionales, se verán obligados a "suspender frecuencias nocturnas" (Aries, 5/03/22).

Deliberación entre los trabajadores

Los obreros del transporte advierten el negocio que mantiene el gobierno de Sáenz con los empresarios, a contrapelo de sus condiciones de trabajo, que se deterioran de forma acelerada, y de las frecuencias para los pasajeros. La pandemia, como al conjunto de los trabajadores, expuso a choferes y mecánicos a trabajar en jornadas extendidas y sin los insumos de bioseguridad -que solo fueron proporcionados al calor de la intervención de los delegados en cada línea-. Los protocolos fueron una conquista de los trabajadores. La reducción de frecuencias abarató costos a las empresas. Pero con la apertura plena de la circulación, SAETA no restableció la totalidad de frecuencias existentes antes de la pandemia. Por lo tanto, los choferes y los miles de trabajadores que se transportan a diario están forzados a circular hacinados, multiplicando el riego de contagios ya no sólo de Covid sino también de influenza.

El esquema de horarios que se les exige, además, es imposible de cumplir. Los trabajadores denuncian que las patronales los obligan a violar normas de tránsito e incluso velocidades máximas para cumplir con los horarios asignados. Sin embargo, la responsabilidad de los accidentes –como el que acaba de ocurrir en la línea 7b- corre siempre por cuenta de los trabajadores.

Muchas unidades no están en condiciones mecánicas de salir a la calle, no obstante, las patronales fuerzan la circulación de las mismas.

Las patronales reclaman que los trabajadores controlen el pago de boleto, lo que había sido superado con la implementación de tarjetas y sistemas digitales. Esta tarea es un obstáculo directo a la principal función de los choferes, que es conducir.

El cuadro de precariedad entre los choferes se consagra con contratos trimestrales que se mantienen durante años. El valor del salario se ha desplomado. Durante 2021 UTA Salta entregó las paritarias a cambio de un bono en cuatro cuotas mensuales. Cuando su pago finalizó, en diciembre pasado, los trabajadores volvieron a cobrar sus sueldos al valor de agosto 2021.

Los aportes patronales, además, se pagan sobre el equivalente del 12% del salario. O sea que el aporte equivale a unos $700, cuando debiera ser de $9000. Es un régimen de liquidación de las jubilaciones.

La burocracia y su responsabilidad

Esta situación prospera gracias a la colaboración de la burocracia de la UTA, bajo la dirección de Miguel Barrera, con las patronales y el gobierno.

Barrera sólo convocó a una medida de fuerza cuando las empresas reclamaban aumento de subsidios. O sea que los trabajadores fueron usados como carne de cañón de los intereses patronales.

Mientras un sector importante de delegados abrió un proceso de deliberación, denuncia pública y movilización con un pliego de reivindicaciones, la UTA optó por atacarlos públicamente. Es necesario reforzar y extender el proceso de organización por abajo que están desarrollando los delegados. Unamos las reivindicaciones de los choferes a la del conjunto de la población trabajadora que emplea el transporte. Los libros y cuentas de SAETA deben ser abiertos y expuestos a la consideración popular. Ello pondrá de manifiesto el parasitismo de las concesionarias, en perjuicio de los choferes y los usuarios.