Salta: el levantamiento de la huelga docente

Escriben Julio Quintana y Gabriela Jorge

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El sábado pasado, la asamblea provincial de docentes autoconvocados de Salta decidió, por 209 votos contra 73, suspender la huelga por tiempo indeterminado, que se había extendido durante dos semanas con un acatamiento promedio del 60% y con picos del 80%. Días antes del levantamiento, la docencia autoconvocada había copado las calles céntricas de la capital con una movilización de más de 10 mil docentes y varios miles más en el interior con movilizaciones locales y cortes.

Pandemia y dirección

Esta votación estuvo fundamentalmente ligada a los anuncios de cuarentena del gobierno, en primer lugar, el provincial. Poco más de 24 horas después, la asamblea provincial que había votado el levantamiento deliberaba con alrededor de 300 docentes, unos 700 menos que la precedente.

De todos modos, el levantamiento de la huelga fue votado como un “cuarto intermedio hasta que termine la emergencia sanitaria”. La lucha autoconvocada sufría presiones para levantar la lucha, por parte de todo un sector de los delegados departamentales.

Mientras el activismo de base se jugaba a defender el paro recorriendo escuelas y sosteniendo piquetes locales, estos delegados desmovilizaban planteando unilateralmente un “desgrane”, sin esperar a los decretos que suspenderían las clases. También invocaron una inminente reunión con el gobierno que nunca se dio.

A pesar de la exigencia de las bases de convocar a la asamblea general, lo hicieron con apenas 15 horas de anticipación, impidiendo la asistencia de delegaciones del interior, cuando ya se conocía la decisión oficial de implantar la cuarentena. En la asamblea, volvieron a reglamentar el uso de la palabra limitándolo a solo 10 oradores, lo que fue criticado por los activistas. Un día antes habían improvisado una asamblea departamental de capital -con apenas 100 docentes- en donde promovieron el levantamiento del paro. Lo mismo hicieron en Rosario de la Frontera.

Por el contrario, los departamentos Orán, San Martín, Metán, Anta, Chicoana y Cafayate asistieron con el mandato de continuar la huelga y rechazar el retorno a clases con escuelas sin agua, sin ordenanzas, sin insumos y con aulas hacinadas. La declaración de cese total de actividades en las escuelas salteñas dictaminado por el gobierno provincial, el martes posterior a la asamblea, les dio la razón a estos docentes, quienes, por ejemplo, en Orán ya habían impuesto desde el lunes el cese de actividades en varias escuelas, con todo un pliego de reivindicaciones para resguardar la salud del conjunto de la comunidad educativa.

El trabajo de zapa de este sector de los delegados se combinó con la confusión y el miedo a la pandemia. Para este ablande y para el levantamiento, contaron con el oficialismo nacional del PO (ver nota aparte) y del PTS. El sector de Gamboa, una vieja camarilla que medra en el movimiento autoconvocado, votó a favor de la continuidad en tanto el levantamiento ya estaba asegurado. A todos ellos los une la consigna “cuidemos la asamblea”, no contra el gobierno, sino contra quienes critican sus chanchullos y su política. En esta ocasión la huelga se levanta sin que se hubiera derrotado los descuentos de sueldos anunciados por Sáenz.

Reorganizar al activismo

La parálisis total de la actividad escolar por el coronavirus evita, en lo inmediato, una deliberación general en las bases sobre este desenlace. Sáenz logró este levantamiento después de jugarse al desgaste, justo cuando comenzaban a producirse otras luchas obreras, como las de los ordenanza de escuela, los viales por el pase a planta, o los municipales en capital por el salario.

Desde Tribuna Docente hemos señalado desde el principio la necesidad de pelear por el no inicio y por la puesta en pie de una dirección consecuente. Defendimos un pliego que reclama un salario igual al costo de la canasta familiar y la indexación mensual y automática del salario.

Nuestra intervención nos ha valido una vinculación mayor con los docentes más combativos. Junto con ellos tenemos ahora el desafío de reestructurar política y organizativamente al activismo, en primer lugar, mediante el control de la acción del gobierno frente a la pandemia, que emite centenares de miles de millones de pesos para pagar a los tenedores de deuda que no aceptan los canjes, mientras mezquina el salario de millones de monotributistas y trabajadores en negro, y liquida la movilidad en un país con una inflación creciente.

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