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En la noche del 5 de abril los concejales del FIT-U de Merlo anunciaron que presentarían un proyecto de ordenanza por la “precariedad laboral de los docentes contratados bajo el programa +ATR, Forte y otras formas de precarización laboral en el ámbito de la educación pública”.
El FIT-U promueve un “Proyecto de Declaración de Preocupación” por la situación de precariedad laboral que padecen decenas de miles de docentes bonaerenses. Se trata de un recurso de propaganda, en el entendimiento, suponemos, que el tema está reservado a la organización sindical. En caso de aprobación, los bloques patronales del Concejo quedarían absueltos de la responsabildad del estado nacional en el asunto, y de la misma burocracia sindical que es su correa de transmisión. El gobierno municipal, que es parte del gobierno provincial, se congraciaría, en caso afirmativo, con los trabajadores docentes precarizados. Para acentuar la contradicción, el gobierno comunal -y su Concejo- es un agente precarizador directo, que ataca los derechos conquistados con el convenio de los trabajadores municipales y paga salarios de indigencia.
El texto del proyecto abunda en normativas, decretos y disposiciones, pero no hay ni un párrafo que exponga, ante los ojos de los trabajadores de la educación, la complicidad absoluta de todas las burocracias docentes, en especial de Baradel, con la política laboral precarizadora impulsada por Kicillof.
El FIT-U ha buscado respaldo para el proyecto entre las corrientes de la Multicolor -“sacarse la foto”- señalando que “la propuesta suma y no resta como sucede en todos lados donde estamos en la Multicolor en los concejos”.
Por nuestra parte, respondimos que un proyecto de ordenanza cuyo fin era tender puentes entre los docentes precarizados y los socios de sus patrones (gobierno municipal) no solo no suma, sino que pone un dique al desarrollo de una organización independiente de los trabajadores.
