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El empobrecimiento masivo de la población que enfrenta un cuadro de tarifazos, aumento de alimentos y del costo de vida, han obligado al gobierno provincial a tomar medidas de excepción esta última semana.
Los anuncios del gobernador rindiendo cuentas de su gestión en el informe de apertura de sesiones legislativas el 1 de abril no duraron ni dos semanas. En el recinto, Morales exhibió a Jujuy como la provincia con menor tasa de desocupación y de inflación del NOA. Estos datos volaron por los aires con los índices de marzo, que arrojó una inflación de 9,6%, casi 3 puntos por encima de la media nacional, llevando la inflación de la provincia a 17,9% en el primer trimestre.
El gobierno venía de haber cerrado nuevamente una paritaria por decreto, del 19% para el primer semestre, que denunciamos desde estás páginas porque era inferior a lo anunciado. Con los datos de esta estampida inflacionaria de marzo, que objetivamente pone en cuestión el frágil esquema de contención del gobierno, Morales busca echar lastre con el anuncio de una recategorización de los estatales, un bono “escolar” por única vez de $5000 para todos los empleados públicos y el anuncio del adelanto del último tramo del aumento paritario de junio a mayo.
Estos anuncios de Morales no son más que una maniobra desesperada para correr el eje de la reapertura de paritarias y un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Es “un vaso de agua en el desierto” salarial de miles de trabajadores.
La recategorización anunciada es sólo para estatales y no para los municipales, que representan unos 20.000 empleados en la provincia. El gobierno todavía no ha podido implementar el pase a planta permanente que anunció el año pasado de cara a las elecciones provinciales 2021.
El bono por única vez de $5.000 no cubre la perdida del poder adquisitivo del salario en los primeros 3 meses del año.
Finalmente, el gobierno sigue sin dar respuesta a los reclamos de las organizaciones sociales, uno de los sectores más golpeados por esta crisis. El impacto en la provincia es muy fuerte ya que en Jujuy el número de trabajadores desocupados que reciben un plan supera ampliamente al trabajo privado. Morales condena a los trabajadores a sobrevivir de changas y trabajo precario, cuando este cae por la crisis económica.
La hora de los trabajadores
La burocracia sindical también ha salido a maniobrar presentando que el bono es parte de “su reclamo” desde enero, cuando en realidad es una acción del gobierno frente al descalabro económico del último mes para sortear la discusión paritaria. De conjunto, la burocracia no puede salir de su impasse, ni siquiera con los paros escalonados: esta maniobra ha puesto a la burocracia en stand by hasta julio, cuando se volvería a abrir la mesa paritaria. Esto tiene que traducirse en una nueva fractura de la base obrera con las direcciones burocráticas.
Queda claro que la maniobra de Morales y la burocracia sindical es que ninguno saca los pies del plato de una política de ajuste y ataque a los trabajadores, buscando descomprimir el humor de los trabajadores.
La salida de tipo represiva del gobierno a los movimientos de lucha buscaba disipar está tendencia que se está generando frente a un cuadro de movilización por el desmadre económico generalizado y un gobierno en crisis.
Tenemos por delante la tarea de discutir este cuadro con todos los trabajadores, que se puedan discutir los pliegos reivindicativos en los lugares de trabajo y las barriadas, por la coordinación de las luchas de los trabajadores ocupados y desocupados para torcer está política ajustadora e imponer una salida de los trabajadores.
