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La ola de violencia y femicidios no se detiene. En los últimos años se han producido femicidios, algunos de los cuales han dado lugar a procesos de lucha y movilizaciones como el de Priscila Martínez, ocurrido el 15 abril 2020. En abril de 2021 se produjo el transfemicidio de Micaela Catan. En lo que va de este año, se han multiplicado los casos. El 25 de abril se produjo el femicidio de Mayra Soria y el 29 de abril el intento de femicidio de Ana María Córdoba que se encuentra internada luchando por su vida. El mes pasado, en Frías, se produjo el femicidio de Débora Enríquez.
En abril se realizó en Santiago el Foro Federal Participativo de cara al Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivo de género 2022-2024, con la participación de Martha Linares, directora nacional de Asistencia Integral a las víctimas de violencia por razones de género. El encuentro solo produjo discursos. Ninguna medida efectiva para terminar con la ola de violencia.
En Santiago funciona el Ministerio de la Mujer hacia donde se dirigen las denuncias de violencia y las respuestas oficiales se limitan a establecer distanciamientos perimetrales, botones antipánico, etc. que son solo papel mojado, las mujeres siguen siendo asesinadas.
Mayra Soria contaba con un botón antipánico que no pudo utilizar en su defensa contra su asesino que la golpeó, asfixió y acuchilló.
Débora Enríquez había denunciado 40 veces a su concubino porque temía por su vida y la de sus 3 hijos. La justicia, con la muerte de Débora, recién tomo cartas en el asunto y está averiguando si fue un femicidio o un suicidio.
Nada previene los femicidios
En una de las provincias más pobres, las mujeres y las niñas santiagueñas somos rehenes de la vulnerabilidad originada en la inequidad social, determinando un mayor riesgo y probabilidad de abuso y explotación sexual en diferentes ámbitos como el laboral, escolar y doméstico (como las denuncias de acoso y abuso sexual en la escuela Técnica N 11 Independencia del barrio virgen de Guadalupe donde un profesor fue detenido por abuso sexual simple agravado por su condición de educador a seis menores denunciantes. No se descartan más profesores involucrados y 27 víctimas más que sufrieron algún tipo de acoso); menor capacidad de independizarse económicamente del victimario por falta de empleo, ingresos y recursos.
La organización inmediata en las barriadas, en los lugares de estudio y trabajo en forma independiente al Estado que nos somete y nos vulnera, es el camino de lucha y de autodefensa para enfrentar este escenario de violencia criminal.
Ni una menos, vivas nos queremos.
Educación sexual integral en las escuelas.
Aborto legal, seguro y gratuito.
Separación de la iglesia del estado.
Carcel, juicio y castigo a los abusadores y femicidas.
