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Este 16 de mayo comienza la audiencia de debate que da inicio al juicio por el crimen de Agustina Nieto.
Agustina tenía 22 años. El 10 de noviembre de 2018 fue hallada sin vida en un aguantadero de Bº San Benito, en el sudeste de la ciudad de Salta. Su familia denuncia un crimen mafioso, ligado al narcotráfico, en el que se encuentran involucrados policías y transas según los testimonios que logró recabar apenas sucedido el hecho. La causa judicial pasó por cuatro fiscales que garantizaron la impunidad de los asesinos y de toda la red que sigue operando en el barrio.
El único imputado -por homicidio calificado- es Joaquín Viñabal, quien mantuvo contradicciones en sus declaraciones. Estuvo esa noche con Agustina y otras personas no identificadas. En el lugar del crimen se halló material genético, pero no se encontraron coincidencias. Siendo una persona carente de recursos, sin embargo, Viñabal pudo pagar a su abogado y obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. El coimputado, dueño del inmueble, fue declarado inimputable a partir de una pericia psiquiátrica y psicológica, y resultó sobreseído por el Tribunal de Impugnación. Así también muchos testimonios fueron descartados por provenir de jóvenes adictos.
Sin la investigación a fondo que desentrañe las raíces del asesinato de Agustina, el crimen sólo puede quedar en impunidad. El Estado pretende cerrar este caso y dar vuelta la página sin tocar al aparato policial involucrado. Por eso quitó a la familia el derecho de constituirse como querellantes a través del rechazo del Juzgado de Garantías 3 a tal solicitud; esto deja a la familia sin participación activa en el proceso de investigación y juzgamiento. Es en este cuadro que será Federico Diez, el juez encausado por violencia de género, quien presida el juicio.
Con este juicio amañado el Estado buscará golpear la lucha contra la impunidad encarnada en los familiares que, durante todo este tiempo, habían coordinado acciones y denuncias públicas contra el gobierno y su aparato judicial, encubridor de la policía corrupta y asesina en la provincia. Para que haya justicia, este régimen político y sus instituciones deben ser desmantelados por completo, a partir de la organización independiente de los familiares junto a la clase obrera.
