Brasil: la privatización de Electrobras y la campaña electoral

Escribe Lucas Benvenuto

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El Tribunal de Cuentas de Brasil aprobó por siete votos a uno el proceso de privatización de la compañía eléctrica estatal Eletrobras. El único voto en contra fue el del juez Vital do Rêgo, que considera que el gobierno subestima el valor de la empresa. La versión afirma que la empresa tendría un valor de 400.000 millones de reales, mucho más que los casi 100.000 millones que declara el directorio. En un caso se tiene en cuenta el valor de los activos de la sociedad, menos sus deudas a corto plazo, en el otro la cotización de las acciones en la Bolsa.

Eletrobras tiene 14.000 empleados y cerró 2021 con ganancias de alrededor de 5.700 millones de reales (1.160 millones de dólares); a su vez, concentra el 29% de la capacidad de generación eléctrica y es dueña de unos 76.000 kilómetros de líneas de transmisión.

La privatización de Eletrobras ya había sido aprobada por el Congreso brasileño a mediados de 2021. La emisión de nuevas acciones que den entrada a empresas privadas diluye la participación estatal del 72% al 45%. La noticia fue bien recibida en la Bolsa de San Pablo y Nueva York, donde las acciones de la empresa estatal brasileña subieron más del 4%, con mercados internacionales en baja.

Eje de la campaña política

Bolsonaro designó a un nuevo ministro de Minas y Energía para avanzar con la privatización de Petrobras, pero no podrá hacerlo antes de octubre próximo, cuando tendrán lugar las elecciones generales. Busca confrontar con Lula da Silva, un supuesto opositor a la privatización de las empresas públicas. El aumento internacional del precio del petróleo, como consecuencia de la guerra de la OTAN, ha dado lugar a sucesivos tarifazos en Brasil.

Lula presentó una medida cautelar contra la privatización de Eletrobras ante el Supremo Tribunal Federal. Advirtió de “no subirse a este mecanismo extraño que los vendepatrias del gobierno actual están preparando para Eletrobras, una empresa estratégica para Brasil”. No dijo que la venta fue una decisión de las Fuerzas Armadas, que tienen el control estratégico del gobierno Bolsonaro. El Estado brasileño se guarda la acción de oro de la empresa, o sea, poder de veto para decisiones estratégicas. La privatización de Eletrobras amplía el mercado financiero de la Bolsa de Sao Paulo. La venta de acciones de la empresa, en poder del Estado, cuando hay una corriente de salida de capitales de Brasil, explica el descuento operado sobre su valor real.

Detrás de este “debate electoral” se encuentra una crisis alrededor de los aumentos de combustibles y el precio de la electricidad. Los tarifazos de Petrobras alcanzaron a las empresas distribuidoras de electricidad, que aumentaron su propia tarifa en el orden del 30 por ciento. Electrobrás depende también de la producción hídrica.

La sensibilidad política de todo el asunto obedece a la relación del destino de estas dos grandes empresas con el Lava Jato –la gigantesca corrupción que, bajo los gobiernos de Lula-Roussef, las tuvo como protagonistas centrales de los negociados de las constructoras brasileñas, especialmente Odebrech-. Petrobras ha perdido peso como consecuencia de estos fraudes, pues ha debido ceder numerosas operaciones de la explotación profunda (pre-sal) a compañías extranjeras, especialmente norteamericanas. Como sea, el destino de los pulpos energéticos ha pasado a ocupar un lugar central en la campaña electoral.