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El acuerdo salarial que firmaron UTA y las cámaras empresariales del transporte del interior, días atrás, demostró su carácter de estafa más rápido de lo esperado.
El acuerdo no reviste siquiera el carácter de una paritaria ya que, deja librada la posibilidad del pago efectivo del aumento salarial, miserable, a que el gobierno nacional garantice el pago del fondo compensador en los términos que reclaman los empresarios. Lo que hasta acá es una crisis ya que, el gobierno nacional demora los pagos en el marco del acuerdo firmado con el FMI de reducir subsidios en todos los servicios.
UTA levantó las medidas de fuerza cuando las patronales que no garantizan de manera integral el dinero necesario para pagar el aumento. Ahora la pelota pasó al campo del gobierno y al de cada provincia, en su capacidad de poner los recursos que hacen falta para pagar.
La burocracia nacional de UTA, con esta maniobra, ha quebrado, por ahora, la posibilidad de que los trabajadores desenvuelvan una acción de características nacionales, y condiciona la lucha por el pago del aumento a la capacidad que tenga cada una de las seccionales del interior. La burocracia de Fernández desarmó a los trabajadores en su capacidad de acción como clase a nivel nacional, por su parte, la burocracia opositora tampoco advierte esto, tampoco propone medidas para enfrentar una paritaria que está en cuestión desde el momento en el que se firmó, porque no está la plata. En esta línea, la UTA de Corrientes llevó adelante un paro el 26/5 porque las patronales incumplieron con el pago del aumento correspondiente a los primeros meses del año, que debía hacerse efectivo el 25 de mayo pasado.
En este cuadro, Córdoba, Santa Fe y Rosario ya aumentaron un 17% la tarifa de transporte. El argumento es "poder pagar la nueva pauta salarial". Los gobiernos han transferido el pago del salario directamente al bolsillo de los trabajadores. En Salta las autoridades del ente regulador advirtieron que el aumento fijado por UTA implica unos $200 millones mensuales, que la provincia no está en condiciones de asumir. El ministro de Gobierno Ricardo Villada, anunció que de no desembolsar los subsidios el gobierno nacional, SAETA discutirá un aumento del boleto ahora en junio.
La crisis del esquema de subsidios al transporte ha colocado a los gobernadores de 16 provincias del interior, con Gustavo Sáenz gobernador de Salta a la cabeza, en un reclamo al gobierno nacional por el esquema de reparto de subsidios. Los capitalistas del interior y sus gobiernos denuncian que mientras nación garantiza un 88% de los subsidios al AMBA, solo el 12% se reparte en el interior. Mientras el boleto en el AMBA tiene un costo de $18, en el interior el promedio es de $40. Sáenz se reivindica vocero de este reclamo "federal" para los capitalistas del interior. En el marco de esta crisis, reunió al conjunto de los diputados nacionales por Salta para negociar una ley que garantice un reparto equitativo de los subsidios, sobre la base de un tarifazo en el AMBA, es decir, transferir a la clase obrera de Bs. As. en el pago del boleto, parte de los subsidios que las patronales dejarían de recibir en un reparto equitativo con el interior. El Jefe de Gabinete Nacional Juan Manzur acaba de anunciar un aumento del 40% del transporte para el AMBA. Entre capitalistas no se pisan el poncho, no afectan sus ganancias, transfieren a los trabajadores el sostenimiento de las mismas.
Los datos recientes del INDEC fijan la canasta de pobreza en $96 mil, pero no contempla los tarifazos que ya se aprobaron en luz y gas, mucho menos la escalada inflacionaria que será mayor al 80% anual, tampoco la suba del precio en los alimentos que en todos los casos encabezan los productos que más se encarecieron. Incluso un salario de $150 mil, fijado por UTA en septiembre, será devorado por el proceso inflacionario, más aún, cuando el pago en cuotas está cuestionado.
Es necesario que los trabajadores del transporte desarrollen una profunda deliberación sobre el carácter fraudulento de esta paritaria y sus enormes límites para defender el valor real del costo de vida de sus familias.
Está planteado el impulso de asambleas que impulse este debate entre las bases para desarrollar una acción que rebele a los trabajadores contra la entrega de la burocracia, contra sus gobiernos y las patronales. Que establezca un programa propio por la defensa de los puestos de trabajo y del salario, el rechazo a la política de tarifazos como mecanismo de sostenimiento de la rentabilidad empresarial, la apertura de las cuentas de las empresas y el control obrero de las mismas.
El impulso de este programa entre las bases de cada provincia le dará un carácter nacional a un reclamo común que la burocracia se esmera por quebrar a cuenta y orden de las patronales y sus gobiernos. Es por eso, que la conquista de este programa y el refuerzo de esta lucha, está en manos de los trabajadores.