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Este viernes se realizó una importante movilización en la zona norte de GBA por el 3J #NiUnaMenos, encabezada por los familiares de víctimas de femicidio, desapariciones y abusos sexuales. La columna, que llevaba una bandera que gritaba "Basta de impunidad. El Estado es responsable", tenía al frente a las familias de Luna Ortiz, Micaela y Nancy Fernández, Viviana Altamirano, Valeria López y de las niñas abusadas por Juan Carlos Sivori. Alrededor de 600 personas cortaron la Av. Centenario, frente al TOC7 de San Isidro donde los jueces Lago, Cohelo y Gaig concedieron la libertad al femicida Isaías Villarreal, y luego se movilizaron hacia los Tribunales y Fiscalías General y de Trata, donde tienen cajoneadas las causas. La jornada terminó con una radio abierta y festival en el mástil del centro de San Isidro.
Hace varios años que los 3 de junio no pasan desapercibidos en la zona norte de GBA. Y es que, a pesar de que los gobiernos municipales hacen gala de destinar millones del presupuesto en "seguridad", lo cierto es que violentan, abusan, matan y desaparecen mujeres en las narices de sus miles de cámaras. Sólo dos años después del estallido del Niunamenos, en 2015, mientras nos preparábamos para salir a las calles, aparecía asesinada Luna Ortiz (de 19 años) en la casa de la tía de Isaías Villarreal, en Benavidez. Como gran parte de la juventud de la zona, Luna estaba desocupada y fue captada buscando trabajo. La familia vivió una verdadera película de terror desde que reconocieron el cuerpo casi 24 hs después, cuando ya se encontraba en la sala velatoria, lavado y maquillado. Recién empezaba un sin fin de episodios donde todas las instituciones del Estado bloqueaban la posibilidad de saber la verdad y llegar a la justicia.
Con un movimiento de mujeres en alza, que más tarde ganaría el aborto legal en las calles, en la zona norte se desarrolló una fuerte lucha que ha logrado coordinar a muchas de las familias víctimas de femicidio y desapariciones. Es que el caso de Luna destapó una olla que desnudó un accionar de complicidad, no sólo con los violentos, sino como parte de un entramado de negocios ligados a la trata de personas y al narcotráfico, en connivencia con el Estado en todas sus formas. En la movilización de este viernes, se encontraba Lisette, hermana de Micaela Fernández (14 años), asesinada por el "Pato" Cenizo, proxeneta y transa de La Paloma, en 2013, e hija de Nancy Fernández, violada y asesinada un año después mientras luchaba por justicia por su hija. El caso de Micaela fue cerrado por la justicia caratulado como "suicidio", y hace poco gracias a la lucha se logró reabrir la causa por el femicidio de su madre. También fueron parte de la organización de este 3J, la familia de Viviana Altamirano, desaparecida hace 18 años por las redes de trata del mismo barrio, Las Tunas, y la de Valeria López, desaparecida en San Fernando desde enero de 2019. En ninguno de los casos se investiga la pista de la trata de personas y el narcotráfico, mientras las familias denunciaron y presentaron muchísimas pruebas al respecto.
Hay dos conclusiones importantes que se desprenden de la lucha del movimiento de mujeres de estos años. Una es que no es posible reformar al Estado capitalista con ninguna formación de "perspectiva de género", los casos de la zona norte son la muestra clara de ello. La impunidad que ejercen no sólo demuestra la complicidad y responsabilidad del Estado, sino que además fomenta la violencia contra las mujeres. Hay que decir también que la explotación sexual y el narcotráfico son dos de los negocios más redituables del mundo, que llenan de a millones los bolsillos de todos los sectores del poder político. No podemos tener ni un milímetro de confianza en este régimen social que nos condena a la violencia, al hambre, a las pandemias o a la guerra. Nos han dejado sin nada que perder.
Es por esto, que la segunda conclusión importante es la necesidad de la organización y la lucha de las mujeres y las familias trabajadoras contra el Estado. Porque después de difundir la jornada del 3J, cuando volvían de realizar una pegatina denunciando a los jueces, fiscales y gobiernos cómplices, el jueves por la noche informaban a la familia de Luna Ortiz que la Cámara no había dado lugar al beneficio de la libertad otorgado por el TOC7 al femicida Villarreal. Porque en el día de hoy, el municipio de San Fernando se ha comunicado con la mamá de Valeria López anunciando que, después de más de dos años en que sus patrulleros arrancaban los carteles que exigían su aparición, han colocado en las pantallas municipales la imagen de su búsqueda. Estas pequeñas/grandes victorias son consecuencia de una lucha incansable, de familiares, y un movimiento que acompaña, que convierten un dolor tan profundo en organización y le arranca al Estado sus reclamos. Nuestra confianza está en nuestra luchadora clase trabajadora, que lejos de estar planchada, demuestra que es la única capaz de terminar con la violencia y la explotación.
Justicia por Luna, Micaela, Nancy, Camila, Tamara y todas las compañeras asesinadas. Aparición con vida de Viviana Altamirano, Valeria López, Belén Pérez y todas las desaparecidas en democracia. Desmantelamiento de las redes de trata. Destitución de jueces y fiscales cómplices.