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El viernes 15, último día antes del receso invernal, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó cesantes a los docentes del plan +ATR, lanzado en septiembre de 2021 con la pretensión “revincular” a más de 300.000 estudiantes que, según datos oficiales, habían sido excluidos del sistema educativo durante la pandemia. El pasado 30 de junio ya habían sido despedidos los docentes del Plan FORTE, un programa similar.
El plan + ATR (Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación) se llevó a cabo bajo una precarización laboral fabulosa. La actividad de los compañeros ATR se sostuvo por fuera del Estatuto del Docente, empezando por cobrar un salario menor al resto de la docencia. Las tareas abarcaron visitas domiciliarias a las casas de los alumnos, acompañar trayectorias educativas por fuera de sus incumbencias, trabajo los sábados y durante todo el mes de enero sin un salario diferenciado. Hubo un régimen de diez faltas que los obligó a ir enfermos a trabajar y hasta con sus propios hijos a cuestas. En la última etapa se los utilizó de “cuidadores”, para suplantar a los docentes que estaban en uso de licencia, para que la Dirección General de Escuelas se ahorre el nombramiento de docentes suplentes y de todos los cargos faltantes. Con todas estas dificultades a cuestas, los compañeros realizaron tareas titánicas y a pulmón -poniendo de su propio bolsillo para materiales didácticos- para intentar revincular a los estudiantes con la escuela.
En estas condiciones, el cese de los docentes +ATR no tiene que ver -como sostiene el gobierno- con que se hayan recuperado contenidos, revinculado efectivamente a los estudiantes y, por tanto, esté “cumplida” la tarea de los compañeros. La crisis educativa se ha visto enormemente agravada, como se manifiesta en la deserción escolar permanente, en los miles de cargos que se deben nombrar, en edificios escolares que no reúnen las mínimas condiciones de seguridad y, sobre todo, en el salario miserable que cobran los docentes. Más que nunca se necesitan docentes, recomposición salarial, infraestructura y mayor presupuesto educativo, pero esto es incompatible con un régimen social que privilegia los intereses de la educación privada mediante jugosos subsidios. La educación pública también se encuentra “en default”, como consecuencia de las políticas que se vienen implementando desde hace añares por los diferentes gobiernos.
Los despidos siguen la línea de la ministra de Economía, Batakis, que anunció el “congelamiento” de la planta estatal, el establecimiento de una “caja única” y un mayor ajuste para los trabajadores, para cumplir con las incumplibles metas del FMI.
Durante todo este período surgieron autoconvocatorias de docentes ATR que reclamaron el pase a planta permanente bajo los derechos del Estatuto del Docente. Se realizaron asambleas, movilizaciones a las Jefaturas de los diferentes distritos de la provincia y una concentración con radio abierta que se llevó a cabo en la Dirección General de Escuelas en La Plata el jueves 14. Desde allí increparon a las direcciones de los sindicatos provinciales, que defendieron abiertamente los despidos. En SUTEBA Matanza, los compañeros fueron hasta la sede sindical y su secretario adjunto, Mariano Tabasco, justificó los despidos aduciendo que “era un programa con principio y fin, y obviamente que se necesita seguir trabajando con los chicos en las escuelas, pero hay que reorganizar la situación y eso no garantiza que puedan seguir en sus cargos”. Declaraciones de un verdadero funcionario del Estado.
La burocracia sindical banca la política de ajuste fondomonetarista “nac&pop” de los Fernández y, por ello, en el marco de una inflación que destruye el poder adquisitivo de los salarios minuto a minuto, tampoco abren el pico por una recomposición salarial, sino que militan una asistencia “universal” miserable de $14.000 para consolidar un empobrecimiento generalizado de los trabajadores.
