Después de liberar al femicida de Luna Ortiz, el juez intenta amedrentar la lucha de su familia

El viernes 6 de julio, el juez Alejandro Lago, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 (TOC7) de San Isidro, denunció por supuestas amenazas a la familia de Luna Ortiz y solicitó custodia policial. El juez Lago fue uno de los tres jueces del TOC7, junto a María Coehlo y Gustavo Gaig, que el 17 de mayo pasado otorgó la excarcelación al femicida de Luna, Isaías Villarreal, después de haber pasado tan sólo 5 años en la cárcel. El tipo que captó, drogó, abusó, vendió sexualmente a otros hombres y luego dejó morir a Luna en el sillón de su casa, está viviendo, desde ese día, a 6 cuadras (600 metros) de la casa de la familia en Benavídez (Tigre). El mismo juzgado en su fallo concede una restricción perimetral para la familia de Luna, muy casualmente, de sólo 500 metros.

Ante este fallo aberrante, la familia de Luna, como viene haciendo incansablemente desde hace cinco años, se organizó junto a activistas del movimiento de mujeres, sociales, culturales y políticas de la Zona Norte y se realizaron diferentes actividades de protesta y repudio al fallo. El martes 5 de julio, se realizó una movilización a los Tribunales de San Isidro para exigir que la Cámara de Apelaciones N°1 acepte la apelación realizada por la abogada de la familia para que se anule la excarcelación a Villarreal, de la cual hace dos meses que no hay respuestas. Pero también pasó por el TOC7 para repudiar el fallo que le dió la libertad a un femicida, pegando carteles con las caras de los jueces responsables de que un femicida esté suelto en la Zona Norte. El juez Lago hizo pasar ese día a los padres de Luna a su despacho, y según el comunicado que sacó la familia hace unos días “dio a entender que no tenía en cuenta la causa de nuestra hija (al parecer vota fallos en los que no conoce la causa), explicó que él solo estuvo en la audiencia y que no quería que su cara apareciera por las calles de San Isidro.” Luego de esto los denunció por amenazas junto a un acta notarial de la secretaría, donde por supuesto no aparece ninguno de los dichos del juez, y un video donde se marca a las compañeras, movilizadas de a cientas, pegando los afiches de denuncia.

La denuncia debiera ser rápidamente desestimada, como funcionario público, después de la modificación del Código Penal en 2009, no le compete denunciar a ningún ciudadano de a pie por expresar su opinión sobre un tema de interés general, como lo son los femicidios. La libertad de expresión y el derecho a la protesta tienen garantías constitucionales. Pero el colmo es que el juez que libera a un femicida se sienta amenazado, llegando al ridículo de citar cánticos de la marcha como prueba. El funcionario de la justicia que expone a una familia a vivir a 600 metros del femicida de su hija, al cual denunciaron y son testigos claves del proceso judicial, otorgándole una perimetral de solo 500 metros, se siente amenazado ¡Imagínese Sr. Juez cómo se siente la familia! Quienes estamos amenazadas y en peligro por su voto a liberar femicidas y proxenetas somos las mujeres y niñas de la Zona Norte. Empezando por el caso de Micaela, son innumerables los casos de femicidios donde el asesino es un reincidente. En este caso, la familia presentó, en la audiencia donde resolvieron excarcelar a Villarreal, que seguía captando mujeres, como lo hizo con Luna, desde la cárcel.

Se trata de un hecho gravísimo que todo el movimiento de mujeres debe denunciar pues es un intento de amedrentamiento contra quienes se organizan y luchan ante la impunidad de los femicidas y proxenetas. Nos quitan a nuestros seres queridos, nos quitan el derecho a la justicia para nuestras compañeras asesinadas y, ahora también, nos quieren quitar el derecho a protestar contra ello. Pero lo que no han medido es que, de tanto que nos quitan, ya no tenemos nada que perder, excepto nuestras cadenas, parafraseando a Marx. La organización de las mujeres y las familias de víctimas de la Zona Norte va en crecimiento día a día. Y también la conciencia, como lo demuestra el final del comunicado de la familia de Luna que dice "seguiremos denunciando lo que ya todos saben: que el Estado es responsable." Siguiendo con Marx, el fantasma que recorre a la justicia, al que le tiene temor el juez Lago, vino para quedarse.

Redoblemos la lucha en todos lados. Abajo el intento de amedrentamiento de Alejandro Lago contra la familia de Luna y las organizaciones que acompañamos su lucha. Abajo la excarcelación para Isaías Villarreal. Justicia por Luna ¡A las calles!