Santiago Maldonado: un crimen de Estado

Escribe Joaquín Antúnez

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Han pasado cinco años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el joven artesano de 28 años que se encontraba en un piquete en la Ruta 40 acompañando el reclamo de la comunidad Pu Lof en Chubut. Durante los más de 78 días en que estuvo desaparecido fue creciendo a lo largo y ancho del país una lucha contra el gobierno de Macri y, principalmente, contra Patricia Bullrich, la principal responsable política por sus funciones como Ministra de Seguridad.

Los hechos han sido relatados en múltiples ocasiones: la Gendarmería reprimió el corte de ruta y persigue a los manifestantes hasta el interior de la comunidad. En esa secuencia desaparece Santiago. Fue visto por última vez con vida a orillas del Río Chubut. Las fuerzas de represión realizaron múltiples rastrillajes en la zona sin dar con el paradero de Maldonado. Repentinamente, el 17 de octubre de ese año, en vísperas de las elecciones legislativas de medio término durante el gobierno Macri, el cuerpo de Santiago apareció a apenas 400 metros del punto donde había sido visto con vida por última vez.

Los peritos y la autopsia determinaron como causa de muerte "ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia", que había permanecido "siempre abajo del agua y no en otro medio" y se descartó la existencia de moretones o traumatismos asociados a una muerte intencional.” (Perfil, 1/8). El informe, sin embargo, dejó un tendal de dudas, por las contradicciones e inconsistencias presentadas en los informes y relatos de los efectivos presentes en la represión. Sin embargo, bastó para que los jueces Guido Otranto y Gustavo Lleral cerraran el expediente de la causa y señalaran que Maldonado había muerto ahogado, sin responsabilidad de la Gendarmería en dicha muerte.

En 2019, la Cámara de Casación Penal solicitó que sea reabierto el expediente puesto que había cuestiones no resueltas como “la data de la muerte, la presencia de polen adherido en las ropas, el informe sobre la identificación de algas –que es relevante para el diagnóstico de muerte por sumersión– y la peritación del bastón y los billetes hallados junto al cuerpo de Santiago para determinar el tiempo que permanecieron sumergidos” (ídem). Sin embargo, no se registran avances al día de hoy.

Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago, ha señalado en múltiples ocasiones que el gobierno de los Fernández “no tiene voluntad política” para dar una respuesta al pedido de justicia por parte de la familia. Al mismo tiempo señala: “Es una cadena de responsabilidades que ninguno quiere investigar porque ahí la responsabilidad abarca hasta al propio Poder Judicial”.

En mayo de este año, trascendió el relato de una nueva testigo -con identidad protegida- que hace afirmaciones contundentes sobre la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición y muerte de Maldonado. Este testimonio puede resultar clave en dar un giro a todas las versiones aceptadas por la justicia en amparo de la Gendarmería y la propia Bullrich. De acuerdo a este testimonio, al día siguiente de los hechos ocurridos en Chubut, el comandante Juan Pablo Escola, segundo jefe del escuadrón 36 de Esquel, le pidió que escondiera en su casa una caja donde había un arma, celulares y un trapo ensangrentado, pero se negó. En otra parte del relato señala que el marido de una enfermera le había comentado que "había recibido un radio encriptado que decía qué hacer con el cuerpo". Y afirmó que el comentario los días siguientes en el escuadrón era que Escola dio la orden y Andrés Ahumada lo mató. Ahumada fue el gendarme que admitió haber entrado armado a la Lof, desmintiendo a los funcionarios de Mauricio Macri. (Página/12, 1/8).

La contundencia de este testimonio amerita una investigación a fondo, pero el gobierno de los Fernández no ha impulsado la causa, esto a pesar de sus peleas cotidianas con los funcionarios judiciales.

Macartismo patronal

El diario Clarín se ha anotado en una nueva cruzada contra esta causa, buscando colocar a Maldonado bajo los radares del RAM, una pretendida organización mapuche que estaría encabezada por Facundo Jones Huala. En una nota del periodista Gonzalo Sánchez, publicada hoy, contra las ocupaciones de tierras por parte de los mapuches en la Patagonia, relata que la Justicia ha dado validez a contratos de finales del siglo XIX sobre la compra de esas tierras, validando un crimen de nacimiento del Estado argentino como fue la empresa de Julio Argentino Roca sobre la Patagonia indígena, que concluyó con una masacre y la esclavitud de miles de hombres, mujeres y niños. Exige que la justicia habilite los desalojos de esas tierras inmediatamente, que es el reclamo del capital financiero del agro, la minería y el turismo, enquistado en el sur del país.

La “historia oficial” ha sido construida desde el propio Estado en amparo de la Gendarmería y la criminalización de las ocupaciones de tierras y de las comunidades mapuches.

Las maniobras de encubrimiento propiciadas por el Estado tienen responsables a ambos lados de la grieta. La lucha por justicia por Santiago Maldonado y todos los asesinados a manos del Estado sigue en pie.