Un tarifazo reforzado y una devaluación en puerta

Escribe Marcelo Ramal

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La única medida 'contante y sonante' que Sergio Massa pudo anunciar al asumir como “superministro” es la extensión del tarifazo sobre la luz y el gas para otros cinco millones de hogares, que se suman a los cuatro millones que se quedaron sin subsidio después de la segmentación. Los que se agregan ahora corresponden a hogares que, en el mejor de los casos, ganan la canasta familiar. Pero dejarán de percibirla cuando reciban aumentos de hasta el 300% en sus boletas. El tarifazo, además, incorporará al servicio de agua. Massa aclaró que los aumentos contemplarán una mayor participación de las distribuidoras de energía en el componente de la tarifa. Aunque declaró que no se consideraba “un salvador”, no deben pensar lo mismo Vila y Manzano –dos de los dueños de Edenor. El tercer socio de la distribuidora, Filiberti, es también el primer proveedor de AySA, la privatizada del agua que preside la mujer de Massa. El superministro debutó con una operación de rescate a la camarilla empresarial que lo respalda.

Devaluación

Massa anunció la pretensión de contar con unos 5.000 millones de dólares de “anticipos” por exportaciones, por parte de agroexportadoras, mineras y pesqueras, en un período de 60 días. Es un macaneo, pues presenta como excepcional al giro mínimo de divisas -unos 2.500 millones por mes- que deberían aportar algunas exportaciones. Aunque presentó a este acopio de divisas como un recurso para evitar una devaluación, todo el círculo de economistas y dirigentes empresarios que rodean a Massa lo interpretan al revés. O sea, es el “colchón” de reservas que habilitaría a una posterior devaluación. Para conseguirlo, Massa anunció la prolongación en el tiempo del dólar soja, o sea, una devaluación a medida de los sojeros, para arrancar una porción de la cosecha retenida. Pero el nuevo ministro no tiene ninguna certeza de que podrá reunir ese “colchón”. Por lo pronto, las cerealeras se lavaron las manos, y afirman que los granos suficientes para reunir esas divisas los tienen los productores. En otro plano, la posibilidad de conseguir esos dólares con préstamos externos, con una deuda pública virtualmente defolteada, es todavía más remota. El menor tropiezo en el plan de “acopiar dólares” será respondido con una corrida cambiaria. En defensa propia, y del gobierno tambaleante, Massa precipitará la devaluación que ahora niega.

Esa devaluación nada tiene que ver con las necesidades del comercio internacional de Argentina, que arrojó un superávit de 15.000 millones de dólares en 2021. La desvalorización fantástica del peso sólo es una consecuencia de la insolvencia del Estado y de la hipoteca de una deuda pública del 120% del PBI. Por eso mismo, la bancarrota fiscal es un poderoso acicate a la devaluación, ya que elevaría sustancialmente el monto recaudado por las retenciones a la exportación. Massa ofreció un canje para los cuantiosos vencimientos de deuda que tendrán lugar en los próximos meses, a sabiendas que buena parte de esos compromisos están en manos del ANSES y de los bancos estatales. Del mismo modo, alardeó con cerrar la canilla de la emisión de pesos para financiar al Tesoro, cuando esa emisión deberá continuar para pagar los intereses de las Leliqs. Los “ajustes” sobre el gasto corriente serán brutales para quienes deban soportarlos. Pero representan una magnitud miserable de la crisis fiscal, frente a lo que representa la carga de la deuda pública.

Agresión a los trabajadores

Con tarifazos redoblados y una devaluación en puertas, los “ataques a la inflación” desplegados por el superministro son una super-impostura, que tiene un solo propósito: justificar la desindexación de los salarios. En medio de las contradicciones insuperables de su “plan”, Massa quiere sostener la confianza de los capitalistas con una línea de ataque a los trabajadores. Como nacional y popular que es, buscará enmascarar esos ataques con maniobras y con el concurso de la burocracia sindical. Anunció un bono a jubilados que será pagado con una pequeña parte de la confiscación resultante de la eliminación del índice inflacionario en la movilidad jubilatoria. En el plano de los salarios, está buscando suspender los ajustes paritarios por una suma fija. Pero con una inflación del 90 anual, la desindexación salarial podría desatar una explosión en el movimiento obrero. Es lo que teme la burocracia de la CGT. En el caso de los planes sociales, Massa ha refritado el plan “empalme”; o sea, la fracasada salida macrista que quiere convertir a los planes en un subsidio al capital. Como viene ocurriendo hasta ahora, la tregua que las burocracias sindicales y sociales le darán al gobierno será infinitamente más larga que la que le concederán las fracciones capitalistas que reclaman una devaluación. Más que nunca, la defensa del salario, las jubilaciones y el derecho al trabajo dependen de las coordinaciones y autoconvocatorias. El fracaso del mentiroso plan Massa planteará la cuestión de la huelga general.