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El pasado martes 16, en el Patio de las Américas de la Universidad de La Matanza con el salón colmado, se conoció el veredicto del jurado en el juicio por el asesinato de Lucas Verón y el intento de asesinato de Marcos Aguirre a manos de policía bonaerense.
El sábado 10 de Julio de 2020 alrededor de la 1.30 de la madrugada, en el barrio Villa Scasso, en González Catán, aún bajo cuarentena, Lucas -quien cumplía 18 años- y Marcos -menor en ese entonces- se dirigían en moto a comprar bebidas al kiosco cuando fueron interceptados, perseguidos, embestidos, tiroteados y abandonados por un móvil del Comando de Prevención Comunitaria (CPC).
La policía intentó instalar la versión de que los chicos venían de robar, para justificar un terrible homicidio, la cual fue rápidamente desarticulada por familiares y vecinos.
Los policías Cintia Duarte (35) y Ezequiel Benítez (28), que llegan detenidos al juicio, fueron encontrados culpables por el jurado por el cargo de “homicidio en exceso del cumplimiento del deber” por el asesinato de Lucas. Y se los declaró culpables, a Benítez por homicidio agravado en grado de tentativa y a la oficial Duarte por homicidio en exceso de funciones en grado de tentativa, por el ataque a Marcos.
El próximo viernes el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza dará a conocer los montos de las condenas, pero ya se sabe que no recibirán perpetua por no lograr unanimidad en la votación del jurado. Podrían recibir, en cambio, penas de 10 a 25 años de prisión para el policía Benítez y hasta 7 años y medio para la oficial Duarte, ya que al ser delitos cometidos en concurso real las penas se suman. Sin embargo, está muy lejos de la pena a perpetua por homicidio agravado que pide el fiscal y reclaman y exigen familiares y amigos.
La Comisión Provincial por la Memoria denunció por encubrimiento al comisario y segundo jefe Departamental de La Matanza, Diego Ocampos; el subcomisario Daniel Quinteros, la oficial subayudante María Giselle Genez y Juan Pablo Tahtagián, el primer fiscal de instrucción que tuvo la causa, removido por el fiscal general a pedido de la familia.
Nuevamente se intenta condenar con una pena módica a los autores materiales del asesinato para absolver responsabilidades políticas, como las que les caben a Fernando Espinosa y Sergio Berni.
El caso de Lucas, como tantos otros, es moneda corriente en los barrios. Lo sabemos muy bien en La Matanza. En la criminalización de la juventud, la violencia policial, el delito organizado, la institución policial y el poder judicial se encuentran entrelazados ambos al servicio de la represión del Estado, el ajuste y la defensa los intereses de las clases sociales a las que representan.
