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La jueza penal María Tolomei dictaminó una pena de 3 años de prisión en suspenso contra el gremialista Santiago Goodman, por su participación en las movilizaciones del 18 de septiembre de 2019 en Rawson, en las cuales los manifestantes encendieron fogatas y se produjeron daños a edificios públicos.
La condena contiene todos los ribetes de una sentencia “ejemplificadora” contra las protestas sociales. En primer lugar, se adelantó en un día la lectura de la sentencia, que en principio estaba prevista para el jueves 18, con el inocultable objetivo de afectar al paro docente y las acciones previstas para la jornada, que debieron adelantarse. En segundo lugar, la jueza consideró como “agravantes” la condición de docente y dirigente sindical del acusado. Para la jueza, por su condición, Goodman debió “ser un referente y ejemplo para otros” (La Nación, 17/08). Un tiro por elevación contra las representaciones sindicales y los liderazgos en la clase obrera. En tercer lugar, porque desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, con su presidenta Carina Estefanía a la cabeza, salieron a respaldar el fallo, lo cual constituye un dato indicativo de que estamos ante una política “de Estado”. En este sentido no sorprende que el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, en la misma entrevista donde lamenta la condena a Goodman por tener sabor a poco, anticipe que ahora irán por los 23 acusados por los incendios durante las movilizaciones contra la Ley de Zonificación Minera, de diciembre de 2021 (AdnSur, 18/08).
En un panorama donde las protestas sociales van in crescendo al calor de los tarifazos, el ajuste, y la crisis económica y política, la “justicia” pretende contenerlas mediante la judicialización y el encarcelamiento de los manifestantes. La judicialización junto a la represión lisa y llana, son las dos caras de la misma moneda, que expresan la incapacidad del régimen político por satisfacer las demandas de los trabajadores que se movilizan.
Goodman fue condenado, pero el gobierno de Arcioni no está siquiera acusado, como le debería corresponder, por haber incumplido los acuerdos salariales establecidos con el gremio docente, lo cual fue el detonante de la histórica huelga de la docencia chubutense del año 2019, con 17 semanas de paro, innumerables movilizaciones, acampes y piquetes. En el fragor de la lucha dos docentes perdieron la vida cuando regresaban de una manifestación. Fallecieron en la lucha defendiendo el salario docente, no por ellas, que ya se estaban por jubilar, sino por los que vendrán y por la educación en general.
Ante todo esto, desde CTERA anunciaron que apelarán el fallo contra Goodman. El acompañamiento de la confederación sindical es a todas luces insuficiente. El parazo de 24 hs. del pasado miércoles 10 mostró la enorme disposición de lucha de la docencia en todo el país, porque la causa por la absolución de Goodman entronca con las luchas actuales en defensa del salario y contra la 5ta hora en primaria. El gremio docente atraviesa momentos convulsivos. Se encuentran en desarrollo conflictos salariales en más de 10 provincias.
Abajo la condena a Goodman. Redoblemos la campaña por la absolución de todos los trabajadores procesados por luchar.
