Discapacidad: una lucha que hunde sus raíces en la defensa de la salud y educación públicas

Las movilizaciones masivas en todo el país contra el recorte en Discapacidad dispuesto por Massa destaparon la olla de una situación insoportable para personas con discapacidad, familias y trabajadores. Falta de pagos, caída de prestaciones, un nomenclador orientativo y negociado a espaldas de los trabajadores que cobran en base al mismo, falta de derechos laborales, son algunas de las problemáticas que han visto la luz gracias a la movilización y paros.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud y las Obras Sociales se pasan la pelota, lo mismo entre organismos del Estado, sin solución a los problemas planteados. Pero este estallido de la atención en Discapacidad tiene su historia y su lógica.

En la actualidad el financiamiento de la atención en discapacidad surge del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que maneja actualmente la AFIP, cuyos recursos provienen de los aportes realizados por trabajadores registrados. Este fondo es el producto del proceso de desregulación y descentralización del sistema de salud durante los años 90, en línea con la mercantilización del acceso a la salud impulsada por el Banco Mundial. El planteo para la creación del FSR fue que este debía financiar el déficit que tuvieran las obras sociales por la atención del Plan Médico Obligatorio (PMO), que es el piso mínimo de prestaciones establecido en la misma reforma. Con esta política no sólo se dio vía libre al negocio de la medicina privada, sino que se desacopló -ya que no quedaba incluida en el PMO- la atención de discapacidad. Un proceso similar ha surcado la educación, con el desguace de los gabinetes psicopedagógicos y el achicamiento de la planta pública de escuelas especiales. Con el argumento de la inclusión, se abrió el filón de la precarización de los trabajadores que trabajan con personas con discapacidad en educación y salud.

La desregulación menemista, que no fue modificada en lo sustancial por ningún gobierno subsiguiente y avanzó con la complicidad de la burocracia sindical, por un lado recortó los aportes patronales, haciendo caer el peso del aporte en los trabajadores; por otro, abrió a la competencia del mercado a las obras sociales, mediante la posibilidad de derivar aportes por parte de los trabajadores a la obra social o prepaga que quisieran, generando un proceso de concentración de aportes hacia las prepagas y obras sociales más grandes. Dado el control de las cajas ejercido por la burocracia sindical, se crearon prepagas con fondos de los sindicatos, como el caso de Accord Salud. Una privatización del sistema de salud en regla, que también incluyó a los hospitales públicos con la política de financiamiento propio y descentralización.

Sumado a esto, el avance de la precarización laboral y la entrega de los convenios y salarios por parte de la burocracia ahondó la bancarrota de las obras sociales, a pesar del recorte en las obligaciones que habilita el PMO como prestación mínima.

Con este funcionamiento quedaba el cuadro configurado para un avance más profundo de la precarización laboral y la privatización de la atención de discapacidad, que hoy termina por estallar cuando la quiebra no es ya sólo de las obras sociales, sino también del Estado.

En vez de una defensa de la planta pública de trabajadores bajo convenio en salud y educación, que pudieran atender las necesidades de las personas con discapacidad, se estructuró la atención con una pléyade de trabajadores monotributistas sin derechos laborales que facturan y cobran -o cobraban- con 3 meses de atraso.

Como este ataque a las condiciones de vida y trabajo es general, como lo es el derrumbe político, económico y social, toda la salud y educación está conmovida y afectada. Es esto lo que explica los procesos de autoconvocatoria y asamblearios, así como la reacción de la Asociación de Médicos Municipales, o de la Federación de Profesionales, que ahora convocan asambleas con un planteo miserable, una diferencia de 4% de aumento, pero que busca evitar que la inquietud y organización por debajo supere los estrechos marcos del a burocracia.

Los comunicados que hacen circular sectores afines al gobierno, buscando deslegitimar la lucha del colectivo de discapacidad, pretenden hacernos creer que no hay relación entre la atención y las condiciones de trabajo de quienes trabajan atendiendo. Un planteo miserable en defensa del gobierno del “Plan Massa“.

De lo que se trata es de unificar a todos los sectores de salud y educación movilizados. Convocar a las asambleas y reforzar allí donde ya estén convocadas, sin distinción de gremio o forma de contratación. Defender el pase a convenio de todos los trabajadores en un sistema único de salud bajo control obrero. La reducción de la jornada laboral y la incorporación de más trabajadores, así como la elevación del salario inicial al costo de la canasta familiar y el control de las obras sociales por parte de los trabajadores. Lo mismo vale para educación.

Con este horizonte convocamos a participar de las asambleas a realizarse esta semana por parte del colectivo de discapacidad, en distintas provincias, y a prepararlas con asambleas en los lugares de trabajo. Así, ampliar la unidad obrera en esta lucha y lograr una mayor contundencia con una nueva marcha federal a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país. Un programa que integre en reivindicaciones y en la lucha a todos los trabajadores de la salud y educación es fundamental para derrotar a la política antiobrera y antipersonas con discapacidad, que aplica el gobierno con la complicidad de la burocracia sindical.