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Los anuncios de esta semana sobre la judicialización de los contratos de AUSOL y GCO (Acceso Norte y Acceso Oeste respectivamente) no son improvisados – son de larga data y tienen urgencia. En el marco de una inflación del 7 % mensual, los contratos habilitan tarifas de peajes quince veces superiores a las actuales.
En mayo del 2018 el gobierno de Mauricio Macri le pidió unos 50 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Una de las condiciones para reanudar las relación con el organismo internacional con base en Washington era que la Argentina no tuviese litigios abiertos en el CIADI (el CIADI es la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales). A partir de este acuerdo las empresas AUSOL y GCO, que estaban en pleno reclamo en el organismo, fueron compensadas a cambio de retirar la demanda internacional. Este es el origen del conflictivo y escandaloso resarcimiento que otorgó Macri.
¿Estatización vs judicialización?
Si analizamos la actividad de peajes y afines en su conjunto, tenemos el caso de AUBASA (hoy en conflicto) como ejemplo de estatización, y el presente caso de judicialización.
La autopista Bs As - La Plata fue estatizada por el gobierno de Daniel Scioli cuando este era gobernador K de la provincia de Buenos Aires. El Parlamento de la provincia sancionó la estatización de la autopista y creó la empresa AUBASA. Al conformarse dicha empresa, se le adjudicó al SUTPA el 7 % de las acciones, con lo cual este sindicato se convirtió en accionista siendo también representante gremial. A despecho de mejoras prometidas a partir de la estatización, desde la conversión de la empresa el ataque a las condiciones de trabajo y al salario fueron in crescendo. Bajo la actual gestión del gobernador Axel Kicillof, la situación es dramática. No se pagan los acuerdos paritarios, se dejó caer en el abandono las instalaciones donde los empleados realizan sus tareas y descansos y se avanzó en la automatización sin pausa.
A la vanguardia de la automatización de las autopistas y rutas en el país se está ejecutando un sistema free flow. Este sistema consiste en levantar todas las estaciones de peaje y las cabinas para instalar arcos que cruzan las autopistas con antenas que ejecutan el cobro, sin detenimiento vehicular ni contacto alguno. La empresa estatal AUBASA no quiere reubicar a los trabajadores que quedarían en la calle en pos de aumentar las recaudaciones y liberarse de la carga salarial. Larreta y AUSA anunciaron que para julio de 2023 harán lo mismo.
La vía judicial que anunció el Estado nacional para quitar la concesión de Acceso Norte y Acceso Oeste suena a otro caso Vicentin. Este caso quedó en la vía eterna de la justicia con pocas probabilidades de resolución en contra de las patronales salvo que se haga una salida consensuada: ergo, indemnización de por medio.
Podemos advertir que ambos caminos, tanto la estatización K como la judicialización, se realizan a espaldas de los trabajadores y acompañan proyectos que dejan sin trabajo a miles de compañeros de la actividad.
Debemos poner en pie un gremio combativo que ponga en asamblea un plan de lucha que represente los intereses de los trabajadores, y no los de las concesionarias ni proyectos políticos de índole personal.
Por el pago inmediato de los salarios en su totalidad. Por una acción de conjunto de todos los Accesos para llevar a los trabajadores de AUBASA hacia el triunfo. Ni un solo trabajador en la calle.
