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La tercerización laboral y el trabajo en negro son moneda corriente en las diferentes instancias gubernamentales. Es sabido que el mayor empleador en negro es el Estado en sus diferentes instancias. Los municipios de la provincia de Buenos Aires mantienen una pléyade que son parte de la planta transitoria de manera irregular que renuevan sus contratos in eternum, lo que es una clara contravención a las leyes laborales vigentes.
Los trabajadores de los Centros de Desarrollo Comunitario se encuentran en conflicto con el municipio, ya que desde el gobierno de Javier Martinez (JxC) quisieron imponer un recorte salarial y un reajuste de la carga horaria. La propuesta fue rechazada por los 300 trabajadores municipales que se hallan en esta situación. El gobierno municipal, como represalia, dejó de pagar los bonificantes por presentismo y puntualidad de julio y agosto, y un bono por 20 mil pesos, acordado en la última paritaria del sector.
Los concejales del radicalismo disidente y del Frente de Todos (parte necesaria del entramado tercerizador), aprobaron, hace dos semanas atrás en sesión del Concejo Deliberante, el pago del bono adeudado. Ante esta situación los trabajadores municipales autoconvocados, se reunieron con el intendente, que “sorpresivamente” desconocía la resolución de HCD. Por su parte, la dirección de ATE, también responsable de la informalidad laboral, lejos de plantear un plan de lucha con asambleas por sector, deposita todas sus esperanzas en un ente del estado, el Ministerio de Trabajo.
A todo este orden de situación hay que sumar que los 300 trabajadores monotributistas facturan a una cooperativa “fantasma”, que tiene domicilio jurídico en las mismas oficinas de Acción Social a cargo de Paolo Bonano. Estas cooperativas, que pululan en la provincia, son utilizadas para subfacturar y conforman una caja, utilizadas de manera discrecional por parte de los gobiernos y punteros políticos. La Asociación Cooperativa de Centros de Atención Educativos, Sanitarios, Culturales y Comunitarios, en la que facturan los municipales pergaminenses, ni siquiera está registrada en el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social).
En el marco de una escalada inflacionaria que carcome los ingresos de los trabajadores, el salario de los municipales por 8 horas de trabajo diarias es de 60 mil pesos, es decir 10000 pesos por encima del piso de indigencia y 60 mil pesos menos de lo que está la canasta básica familiar, hoy en 120 mil pesos. Los trabajadores municipales en condiciones de informalidad realizan iguales tareas que un empleado en relación de dependencia, facturan como monotributistas, tienen un salario inferior y carecen de aportes de seguridad social, aguinaldo y vacaciones pagas. La precarización total.
La gran tarea de los municipales es sumar a las otras dependencias llamando a asamblea en todos los sectores para que los trabajadores resuelvan un plan de lucha por un salario igual al costo de la canasta familiar. Que se abran los libros contables de la Municipalidad y cooperativas, con una investigación a cargo de los trabajadores. Pase a planta permanente de todos los cooperativistas y precarizados.
