Morales confiesa su impotencia ante el covid-19 y la crisis provincial

El 1 de abril, el gobernador Morales inauguró el período 2020 de sesiones ordinarias de la legislatura jujeña. Su discurso se centró en las consecuencias del COVID-19 y en la necesidad de una cuarentena cada vez más estricta. Pero al balancear esta política, catalogó su resultado actual como “precario” y no descartó un desborde de casos en la provincia.

Morales calló sobre las cuantiosas denuncias de trabajadores sobre la violación de los protocolos sanitarios gubernamentales por parte del grupo Ledesma, las patronales mineras o las tabacaleras. Tampoco se pronunció contra los cientos de despidos que se han producido en el comercio, o la falta de recursos de los miles de trabajadores que en Jujuy viven de changas o la venta de productos al día. Por el contrario, volvió a amenazar a quienes violen la cuarentena callejera con una mayor represión.

El gobernador reivindicó un supuesto refuerzo del sistema de salud: la construcción de hospitales de campaña y la incorporación de cientos de nuevos profesionales para su atención. No dijo, sin embargo, que este nuevo personal, como toda una parte de los enfermeros y los trabajadores de atención primaria de la salud, trabajará precarizado y no contará con los insumos necesarios para su labor. Los 45 millones de pesos de “refuerzo” no llegan a representar un 0,05% del presupuesto 2020.

Su único anuncio significativo fue la realización de testeos masivos en las fronteras provinciales. pero una vez levantada la cuarentena. Costará alrededor de 700 a 1.200 pesos - inviable para miles de trabajadores jujeños y de otras provincias.

Vienen por los salarios

Entre diatribas contra Trump, Morales afirmó que el mundo está en quiebra… y la provincia también. Advirtió que no sabe si podrá pagar los salarios de los trabajadores estatales del mes de abril. Atajándose, Morales planteó un esquema de prioridades: primero, los trabajadores de la salud, segundo el aparato policial y, finalmente los docentes. Quedan afuera los 10 mil empleados de la administración central, los judiciales y empleados legislativos, junto con los trabajadores municipales, que ya cobran salarios más bajos y sufren una mayor precariedad. Anunció la donación de parte de su salario y el de sus funcionarios, para justificar los recortes de salarios de los trabajadores, que siguen congelados.

La amenaza de recorte no llegó, claro, a los acreedores de la provincia, que sólo en este año cobrarán más de 3.600 millones de peso en concepto de vencimientos y amortización de la deuda pública provincial. Tampoco sobre las empresas que se ven beneficiadas con subsidios y exenciones impositivas, que significan una pérdida de miles de millones de pesos al año para la provincia. El gobernador solo llamó a los trabajadores y pequeños comerciantes a seguir pagando los impuestos para sostener el Estado.

Morales se valió de la pandemia para no rendir cuentas sobre su primer mandato. La quiebra de la provincia ya se pronunciaba desde hace un año por el fenomenal endeudamiento en dólares concretado por Morales. Lo mismo sucede con la tendencia al colapso del sistema de salud, que ya se ve desbordado ante los casos de dengue en las localidades del ramal.

El reclamo de unidad de Morales fue saludado por el PJ jujeño, quien se puso a su servicio. El jefe de bloque del PTS, Alejandro Vilca, participó de la teleconferencia del gobernador sin emitir crítica alguna, ni antes ni después del evento. El enorme desafío de desarrollar una alternativa política obrera y socialista en la provincia, es más urgente que nunca ante la impotencia de Morales ante la pandemia de covid-19.