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En los últimos días se dieron a conocer los detalles del bono de indigencia que lanzará el gobierno. Se trata de una suma de $50.000 en dos tandas ($25.000 en noviembre y $25.000 en diciembre) para un sector de la población que no percibe ingresos de ningún tipo.
El gobierno estima que el bono quedará reducido a un universo de 1 a 2 millones de personas, aunque todo indica que eso podría ser aún menor. No podrán cobrarlo mayores de 64 años ni quienes cobren alguna prestación del Estado, por mínima que sea – Potenciar Trabajo (cuyo monto es de $25.000), Prestación por Desempleo (mínimo en $12.000), Asignación Universal por Hijo (cuyo mínimo es de $9.000), Asignación por Embarazo (en $8.500), Asignaciones Familiares, Plan Progresar ($7.500), jubilación, pensión, etc. Tampoco podrán cobrar aquellos que tengan en su grupo familiar algún integrante que perciba un ingreso mayor a la canasta básica de alimentos, aquellos que tengan Obra Social, ni aquellos tuvieron trabajo o monotributo en el último tiempo.
Este bono ha sido mal recibido por todo el arco de organizaciones sociales piqueteras, debido a los límites en su extensión y monto. También ha generado incluso chispazos dentro del propio gobierno. Emilio Pérsico, que maneja áreas de Desarrollo Social, salió al cruce del bono diciendo que "es difícil en la Argentina, con la mitad de la economía en negro, encontrar a los compañeros indigentes en una planilla de Excel”. El trabajo en negro es récord: casi 9 millones de puestos laborales no registrados. “Son el 45% del total. La informalidad laboral crece mientras se estanca el trabajo en blanco” (Clarín). Según Infobae, “para encontrar un porcentaje similar hay que retroceder hasta 2008, momento en el cual la informalidad venía reduciéndose desde la crisis de 2001”, y agrega que “casi todo el crecimiento del empleo en el último año se ha dado en el sector asalariado informal. De los 1,4 millones de empleos creados, 1,3 millones son asalariados informales, 200 mil trabajadores por cuenta propia y 83 mil fueron empleos públicos”.
La 'denuncia' de Pérsico, sin embargo, no pasa del rango de las disputas de camarillas al interior del gobierno. Desde el Frente Patria Grande, que dirige Grabois, salieron al cruce de Pérsico haciendo eje en el problema de quién maneja los recursos: “en este caso, nosotros propusimos que lo maneje directamente el Estado porque queríamos que salga y que se note la necesidad de nuestro pueblo”, aseguró la diputada Natalia Zaracho, de ese bloque. Pérsico, por su lado, reclamó que la asignación del bono “hay que hacerla en el campo y no desde una oficina" y afirmó: “cada progresista que llega a un puesto del Estado quiere sacar su propio subsidio”. Tolosa Paz, quien asumió recientemente la cartera de Desarrollo Social y aseguró que los programas sociales seguirán cerrados, también salió a defender el bono contra las declaraciones de Pérsico. Unos y otros se disputan las migajas que caen del acuerdo con el FMI. Tanto Pérsico como Grabois han acompañado todas las medidas de ajuste del gobierno, así como el acuerdo con el FMI, y apoyarán el próximo martes el Presupuesto de ajuste 2023.
Se trata, en definitiva, de un bono que cubre menos de la mitad de una canasta alimentaria, acotado a un sector de la población que representa sólo una parte de los que se encuentran debajo de la línea de indigencia y se entregará por única vez – al menos, hasta nuevo aviso. Según los últimos datos del Indec, el umbral de la indigencia se ubicó en $56.732 en septiembre (por encima incluso del salario mínimo, en $54.550). El gobierno pagará este bono con el vuelto de los $443.000 millones que recaudó con el dólar-soja. El resto, por supuesto, irá al pago de los vencimientos de bonos de la deuda externa. Hace unas semanas, cuando Grabois reclamaba el proyecto de subsidios a la indigencia, afirmó que éste es absolutamente compatible con el acuerdo con el FMI. Ahora se ve que no sólo es compatible: es el bono del FMI.
