Jujuy: Morales insiste en la judicialización de la protesta

En el día de hoy se presentaron Juan Chorolque y Verónica Urzagasti, del MTR, y Sebastián Copello, del Polo Obrero (o), en el Ministerio Público de la Acusación frente al pedido del fiscal Diego Funes de elevación a juicio por un corte realizado en marzo pasado, en el marco de un plan de lucha nacional de la Unidad Piquetera. Se los acusa de obstrucción del tránsito, extorsión y contaminación ambiental. El juez tiene que definir si da curso al pedido de juicio.

Los referentes concurrieron para cumplir con el procedimiento. En caso de que el juez decida elevar a juicio, adelantaron, solicitarán su rechazo. Recordamos que ellos ya fueron condenados por la justicia contravencional por el corte de marzo, y en la justicia argentina no se puede condenar dos veces a una persona por un mismo delito.

Una política de persecución a los luchadores

Esta no es la única causa abierta contra los referentes sociales, políticos y sindicales en la provincia. A principios de año y en relación con esta causa, salió a la luz la confección de un dossier confeccionado por la policía de todos los referentes de organizaciones sociales, políticas y sindicales de la provincia, que se movilizaron contra el gobierno. Este dossier forma parte del expediente de esta causa.

En julio, el gobierno ordenó allanar locales y viviendas de diferentes referentes sociales en la provincia, algunos allanamientos se produjeron sin siquiera tener una denuncia en contra. Los allanamientos se produjeron sobre todo el abanico de organizaciones sociales de la provincia: FOL, La Dignidad, Evita, MTE, Darío Santillán, MTR, entre otros. Recientemente la justicia decidió imputar a los compañeros allanados e incorpora en la causa la denuncia a dirigentes de siete organizaciones sociales más.

Los límites de la avanzada

La política de tener procesados a todos los luchadores es usada por Morales como plataforma de campaña de cara a las elecciones presidenciales. Morales asumió como gobernador deteniendo a Milagro Sala (presa sin condena firme todavía), sosteniendo que ella representaba “la política del apriete, el ajuste y la corrupción”. Casi ocho años después, el cuadro social se ha agravado.

Morales declaró que las organizaciones sociales “son verdaderas asociaciones ilícitas”, denuncia que incorporó a las causas. Sin embargo, recientemente ha tenido que eliminar esta figura de todas las causas abiertas. En realidad, tiene temor de quedar expuesto en que la verdadera asociación ilícita está puertas adentro del gobierno, que maneja más de 60.000 planes sociales nacionales y un número equivalente en planes provinciales (capacitaciones y contingencia); ha conformado un ente ejecutor provincial donde las obras locales se van a realizar con mano de obra precarizada y flexibilizada, por el Estado.

En este ataque, el gobierno también ha encontrados limites: las movilizaciones masivas que se han producido en la provincia contra estos ataques y un cuadro de empeoramiento general de las condiciones de vida, que le ha impuesto un freno al gobierno y a su discurso que busca descargar la responsabilidad sobre los que reclaman. Esto estuvo presente en la decisión del gobierno de patear la reforma constitucional para el año que viene, luego de que varias encuestas dieran resultados negativos sobre la gestión del gobierno, un eventual tercer mandato de Morales y la propia reforma constitucional.

La semana pasada, se realizó una importante movilización y acto en plaza Belgrano denunciando la persecución del gobierno provincial, el rechazo a la reforma y por la reapertura de paritarias. Participaron el SEOM con una importante columna, la Unidad Piquetera, la Coordinadora de organizaciones sociales (Polo Obrero Tendencia, FOL, FOB Rebelión Popular, MTR, “Boli” Lescano), organizaciones de derechos humanos y el FIT-U.

Recientemente hemos realizado un nuevo plenario entre todas las organizaciones que movilizamos y hemos discutido varias iniciativas para quebrar la política represiva y persecutoria de Morales, combinando la agitación en toda la provincia con la movilización popular y la integración de todos los sectores en lucha. Este es el camino para voltear el código contravencional y la política de perseguir a los que luchan, para conquistar todos nuestros reclamos y reivindicaciones.