Un operativo de Estado para ahogar la huelga de residentes y concurrentes

La huelga indefinida de residentes y concurrentes se ha instalado en el centro de la escena política. El sistema de salud está conmocionado y la lucha comienza a extenderse a otros sectores y provincias. Un triunfo del movimiento sacudiría toda la estructura salarial sanitaria a escala nacional. Es lo que ocurrió en pequeño con el “adicional para residentes” que soltó el ministro Quirós la semana pasada. Aunque módico (17.000 pesos no remunerativos), forzó a un replanteo general de la paritaria profesional y del escalafón municipal. En este cuadro, el gobierno de Larreta inició una negociación a puertas cerradas con la burocracia sindical de Médicos Municipales (AMM), Sutecba y Federación de Profesionales. El paro y la movilización convocados por estos sindicatos para el martes esconden una maniobra para imponer un cierre del conflicto de espaldas al movimiento de lucha. La burocracia aspira a anunciar un eventual acuerdo que le permita forzar un retorno general al trabajo a partir del miércoles.

Un paro que huele ha podrido

La huelga de residentes y concurrentes tiene una peculiaridad: logró, en tiempo récord, quebrar una paritaria a la baja que había sido reabierta y cerrada por el gobierno y la burocracia hace tan solo un mes. Primero Sutecba y luego los gremios de la carrera profesional habían acordado una “paritaria-FMI” del 61 % para este año, que rápidamente fue superada por la inflación. En agosto, AMM y Federación pidieron su reapertura. El 21 de septiembre se realizó el primer paro autoconvocado de residentes y concurrentes por una verdadera recomposición salarial, que se fijó en 250.000 pesos en mano para el cargo inicial, y el salario y ART para concurrentes. La negociación en curso entre Quirós y AMM apunta a quebrar ambos reclamos.

El primer intento por aplacar este movimiento que emergía fue el 4 de octubre, cuando el gobierno y la burocracia pactaron una primera reapertura que estiró el 61 al 86 %. Pero el acuerdo fue rechazado por el movimiento y la lucha se intensificó. También fracasaron las amenazas de sanciones y descuentos, el lastre que soltó el gobierno con la duplicación de la licencia por estrés y el adicional arriba mencionado, así como el intento desesperado por conseguir remplazos pagando guardias al doble del valor vigente. Ahora, un mes después, esta segunda reapertura tiene un objetivo preciso: desactivar el paro indeterminado de residentes y concurrentes, birlarle a este movimiento la posibilidad de conquistar sus reclamos y evitar el estallido de una huelga general de la salud.

En efecto, AMM fijó su aspiración para esta segunda reapertura en un salario inicial de 200.000 pesos de bolsillo. Entre médicos y profesionales de planta, el rechazo a este monto bajo e inconsulto es generalizado. Por el lado del gobierno, Quirós ya habría manifestado su beneplácito, aunque pretende estirar los plazos, abonando esta suma recién en enero 2023. Debe tenerse en cuenta que ya pasaron dos meses desde que la asamblea de residentes y concurrentes fijó su reclamo en 250.000 pesos. A razón de un 7 % mensual, esos 250.000 tendrían que ser hoy 285.

Aunque los propios voceros de AMM reconocen que en los últimos 6 años los salarios perdieron un 33 % de su poder adquisitivo, el operativo en curso apunta a bloquear la posibilidad de una verdadera recomposición. En relación a las concurrencias, hay acuerdo entre Quirós, Rojo (AMM) y Añón (Federación) para sacarlas de agenda y proceder a su cierre. La burocracia tiene un interés concreto en esto, porque ya tiene armado para remplazarlas un régimen de especialización arancelada con la UBA e instituciones privadas. Por el lado de Genta y Amor, ingresan en la negociación para obtener un rescate al vaciamiento delictivo operado por Sutecba en ObSBA.

Cómo derrotamos la maniobra

La asamblea de residentes y concurrentes debate cómo enfrentar este cuadro y recuperar su lugar en las negociaciones con el gobierno. Tras 7 semanas de huelga, la necesidad de resolver el conflicto comienza a ganar la preocupación de los activistas. De esta situación se está valiendo el PO-FITU, a través de su legislador Solano, para interponer una línea liquidadora. En lugar de apostar a seguir desarrollando el movimiento, reforzando las autoconvocatorias en los hospitales y la articulación con los nuevos sectores de la salud que salen a la lucha, se apuesta a una “comisión de resolución” que eleve “propuestas” al gobierno y la burocracia, que son quienes precisamente le están negando a la asamblea cualquier negociación.

Como ya advertimos en estas páginas, la política de sustituir la lucha por un “comando negociador” es terriblemente desorganizadora. Las asambleas generales, que fueron el eje motor del movimiento, ceden su lugar al cabildeo y las actividades de “visibilización” para los medios. Comienza a producirse una escisión entre el grupo de delegados que impulsa esta orientación y las bases de los hospitales. A pesar del desgaste, prima la conciencia en un amplio sector de que es necesario mantenernos firmes en la recta final, para evitar un cierre del conflicto en los términos del gobierno y la burocracia.

Para desarticular el operativo contra el movimiento es necesario comenzar por advertirlo y denunciarlo. El paro del martes no es “un triunfo” de la lucha, sino una maniobra de la burocracia para enterrarla. La asamblea de residentes y concurrentes debe rechazar a los intermediarios que pretenden hablar en su nombre. El método para imponer que el gobierno reciba de forma directa a nuestros representantes y dé curso a los reclamos es fortalecer la huelga y sumar a todos los trabajadores de la salud a una lucha común, por una real recomposición salarial que establezca un piso equivalente a la canasta familiar. Que ningún acuerdo se firme a espaldas de las asambleas, sigamos con el paro indefinido.