Ley de Humedales: el FIT-U ofrece una salida al impasse del oficialismo

El pasado jueves 3 de noviembre el tratamiento en comisión de la “ley de consenso” de humedales volvió a posponerse. Los ministros de Ambiente de las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y San Juan rechazaron la invitación a asistir a la plenaria. La maniobra demuestra, con hechos frescos, la farsa de la cartera de Ambiente. Las “políticas públicas” medioambientales están fuertemente determinadas por los intereses capitalistas, en este caso, por los intereses inmobiliarios, mineros y agroganaderos del “Norte Grande”. También pegaron el faltazo los diputados pertenecientes a estas provincias en las comisiones responsables del plenario (presupuestos, Agricultura y Recursos naturales). La comisión de agricultura se ausentó en su totalidad, incluido su presidente, Ricardo Buryaile.

Clarín (5/11) y La Nación (3/11) han ´leído´ en estos hechos un revés para el kirchnerismo. Máximo Kirchner se abstuvo de participar en las discusiones a pesar de integrar la comisión de Recursos Naturales. Juan Cabandié ya había hecho lo suyo presentando su propia versión de la ley de humedales “consensuada en el COFEMA” (Consejo Federal del Medio Ambiente). La ministra de Ambiente de Kicillof, Daniela Vilar, se lamentó de la ausencia de sus pares provinciales aduciendo que la ley no pretende intervenir en las jurisdicciones provinciales.

El proyecto sobre el cual se buscaba un dictamen unificado, presentado por el diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, ya implica un retroceso en materia de cuidado ambiental porque “no establece ningún tipo de intervención vinculante de las organizaciones ambientales, científicas ni de las comunidades indígenas; tampoco de los sindicatos de trabajadores” (politicaobrera.com, 9/10). El único proyecto de ley que preveía este veto era el del FITU, pero el mismo FITU lo desestimó al apoyar el proyecto de “consenso” del Diputado Grosso. Todas las fuerzas políticas oficiales y opositoras en el Congreso han maniobrado contra una verdadera ley de protección de los humedales; el FITU ha quedado preso de esta maniobra, y no parece querer romper con ella. La experiencia en el Congreso, en materia ambiental, en los últimos 20 años, ya ha demostrado sobradamente que, la política de la “construcción de una agenda legislativa ambiental”, es inconducente.

La justicia…

La investigación de los incendios en el Delta del Paraná tampoco tiene visos de avanzar. La primera denuncia por incendios fue presentada en 2020. Inicialmente todas las causas penales al respecto se encontraban en el Juzgado Federal de Paraná. Incluso, ante una presentación colectiva, el juzgado dictó una cautelar, en julio de 2020, donde se disponía la “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente” en la zona de los humedales de Victoria (sumapolitica.com, 1/10). Sin embargo las retroexcavadoras no paran de hacer canales en la zona. La Corte suprema había ordenado, en el mismo 2020, la conformación de un comité de crisis, con representantes de todas las provincias aledañas al humedal del Paraná. La comisión, debía presentar un informe, en plazo breve, donde se diseñe un plan de prevención de nuevos incendios. En abril de este año, se abrió un Juzgado Federal en Victoria, una de las localidades donde más incendios se han acusado. Este juzgado pasó a concentrar todas las denuncias penales quedando a cargo de ellas el fiscal Claudio Kishimoto. El fiscal tiene en sus manos denuncias y hasta incluso imágenes satelitales que, cruzadas con planos catastrales, prueban la reiteración de incendios en determinados lotes. Las investigaciones incluso han demostrado la irregularidad de la propiedad de determinados campos. Un poderoso empresario, Rufino Pablo Baggio, se ha negado a recibir la cedula de notificación.

En paralelo a las denuncias penales, desde Rosario, se ha intentado avanzar en la estructuración de una vía de acción civil. La misma, busca relacionar los incendios con el deterioro de las condiciones de salud de la población de Rosario y las zonas afectadas por los incendios del Delta. La fiscal extrapenal María Laura Martínez demandó a 19 rosarinos propietarios de terrenos en las islas. La iniciativa busca, en principio, que se siente una relación jurídica entre el propietario del terreno incendiado, el incendio y los problemas de salud causados por estos a los habitantes de la zona. De conseguir que el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N° 2 se expida favorablemente, la iniciativa permitiría que los damnificados accionen individualmente contra los “dueños” de las propiedades que se están incendiando. Pero la iniciativa choca con un límite: la Cámara Penal de Rosario ya se declaró incompetente respecto de todo lo relacionado a los incendios aduciendo que los mismos, al ser de naturaleza ambiental, son de competencia federal. El fuero civil podría aducir lo mismo.

En el poder judicial, la alusión al “artículo 41” de la Constitución está siendo utilizada para frenar todas las iniciativas que intentan avanzar en la sanción de los propietarios. La gestión de las denuncias por el Juzgado de Victoria es de dudosa eficiencia, porque son conocidos los lazos entre un determinado plantel de jueces y fiscales y los negocios del territorio donde “administran justicia”.

Las expectativas del PO-PTS

En la sesión plenaria del 3 de noviembre, Romina del Plá se lamentó de haber tenido tanta razón respecto de que se estaba maniobrando contra el proyecto de Grosso, que no contiene el veto de organizaciones ambientales y comunidades locales y científicas. El discurso, sin embargo, no cortó de cuajo la rosca: lejos de retirar el apoyo, el PO oficial sostiene su acompañamiento al proyecto Grosso y llama a movilizarse para que sea votado en comisión. Antes de Romina Del Plá, Miriam Bregman, del PTS, hizo una “propuesta superadora” para sacar al bloque del Evita del impasse; poner fecha de dictamen o enviar al recinto todos los proyectos presentados. Ante el fracaso estrepitoso de su política de “apoyos” ahora pretende volver a la defensa de su proyecto original, que sí contiene el veto, pero que mantuvo cajoneado y no defendió. La iniciativa del PTS es un callejón sin salida, apoyado por el PO oficial… con movilización y todo, porque ni la comisión, ni el recinto, van a aprobar nada y porque el FITU mantuvo durante un año las expectativas en una ley que no avanza en la protección del medioambiente.

La cuestión de los humedales muestra que tanto la vía legislativa como la vía judicial son incompetentes para imponer cualquier límite a la depredación del medio ambiente por parte del capital. Esto porque el Estado, los tres poderes incluidos, es un Estado de clase y porque la depredación del medioambiente es inherente a la lógica del capital. El FITU, en su política democratizante, ha sido arrastrado de las narices por la iniciativa del FdT.

Las organizaciones ambientales, la comunidad científica y todos los trabajadores comprometidos con la cuestión medio ambiental deben balancear esta política. Una verdadera defensa del medio ambiente exige la más completa independencia del Estado en su accionar. Esta independencia no debe ser construida en el congreso, sino en la calle, con asambleas, con movilizaciones y con un pliego de reivindicaciones propias.