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El mes pasado, las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, se reunieron en plenario, para discutir el “Régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales” - conocido como Ley de Humedales. A fines de 2020, con la oleada de incendios en el delta del Paraná y otros territorios del país, la Comisión de Ambiente había llegado a un dictamen unificado. El texto, sin embargo, perdió estado parlamentario a fines del año pasado. En marzo de este año, también en el contexto de los fuertes incendios en Corrientes, volvió a presentarse el proyecto de ley de dictamen único de 2020, junto a 13 proyectos más.
La plenaria fue un rosario de interpretaciones del artículo 41 de la Constitución Nacional: el derecho a un ambiente sano, la obligación de las autoridades a proteger este derecho, la competencia de la Nación en la fijación de presupuestos mínimos y la de provincias en la fijación de normas que complementen a aquellos. Al igual que en el debate sobre la ley de cierre de minas en el Senado varios diputados blandieron la bandera de las autonomías provinciales, para oponerse a la legislación de humedales. Es el pretexto para defender la explotación de los humedales por parte del capital agro ganadero, inmobiliario y minero. Luego de haberse postergado la plenaria del 29 de septiembre, el diputado Grosso, presidente de Medio Ambiente, ha citado a los gobernadores de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y San Juan a la próxima plenaria que se realizará el jueves 13 y el viernes 14 de octubre.
Los humedales
Según la página oficial del Gobierno de la Nación: “Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante períodos considerables de tiempo. Si bien este término engloba una amplia variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad primordial: el agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales y sus relaciones”. Esto quiere decir que los humedales, son transversales a varios ecosistemas como los bosques, herbazales, matorrales o tundras. Cumplen la función vital de regular los eventos climáticos extremos como inundaciones y sequías, son reservas de agua y almacenan carbono, entre otras funciones. La conservación de los humedales, desde un punto de vista global, es fundamental para la supervivencia de la especie humana.
La Ley de Humedales presentada con la firma del diputado Grosso y respaldada por el FITU, no establece ningún tipo de intervención vinculante de las organizaciones ambientales, científicas ni de las comunidades indígenas; tampoco de los sindicatos de trabajadores . El artículo 17º de la misma, en el capítulo referido a la incorporación de los humedales en el ordenamiento ambiental del territorio (competencia de las provincias), es clarísimo. La “participación ciudadana” es solamente informativa y de “escucha de opiniones”. En estos términos, la ley no busca el cuidado y conservación de los humedales. Los agresores contra este recurso natural son la minería, el sector agropecuario y el propio Estado capitalista, que recauda en función del valor agregado bruto de la producción, lo que supone el usufructo gratuito de un bien común. La ley habla de “uso racional y sostenible” (Artículo 3º: “Definiciones Generales”), como si el uno y el otro no tuvieran un contenido social y político concreto en una sociedad basada en el lucro privado. Convierte al uso productivo de los humedales en un tema debatible, cuando su preservación debería ser establecida con carácter inapelable. El proyecto de ley de humedales defiende la “producción sustentable”, que bajo el capitalismo es la producción para el lucro privado. La acumulación capitalista no admite limitaciones hasta que ella no se convierte en obsoleta, o sea no productiva, e impulsa un modo de trabajo alternativo.
Un poder de veto en manos de pobladores, comunidad científica y organizaciones ambientales significaría una verdadera medida “progresiva” y relativamente anti-capitalista, como sostienen algunos que apoyan el proyecto “racional” y “sustentable”.
Que se viene
La semana que viene, los gobernadores intervendrán en el plenario para llevar la opinión del lobby minero. Esto porque las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca están pasando por una “fiebre del oro blanco”, que se corporiza en las frenéticas tratativas de capitales canadienses, australianos, norteamericanos… y chinos para desarrollar la extracción del metal de los salares de la Puna. Debido a la guerra de la OTAN contra Rusia, que ya se ha trasladado más a Taiwán y a Corea, los precios del litio han escalado a niveles históricos, u$s 70.000 la tonelada (ambito.com, 2/10).
Es claro que la destrucción del medioambiente nace de las entrañas del capitalismo, que no se limita a capturar hasta la última fracción de energía del trabajador sino a devorar ecosistemas enteros. No solo desde el punto de vista de los recursos naturales en términos estrictos sino de quienes se sirven de estos para sobrevivir…nosotros. El capital destruye también el físico y la psiquis de la clase obrera, imponiendo ritmos de producción cada vez más intensivos. Una verdadera lucha contra los incendios, por la investigación de sus perpetradores y su castigo, por el derecho de veto de cualquier iniciativa que afecte los ecosistemas naturales, debe apuntar a atraer a los trabajadores por medio de una propaganda en todos los lugares de trabajo. La coordinación de las organizaciones independientes del Estado es la segunda tarea fundamental para romper el aislamiento al que las somete la expectativa en la “agenda legislativa ambiental”. El congreso es el ámbito por antonomasia de los intereses de los capitalistas, la calle, debe ser el de las organizaciones de base.
