Tiempo de lectura: 4 minutos
El martes 8 de julio vencieron las facultades delegadas por el Congreso de la Nación a Javier Milei a través de la Ley Bases. La “suma del poder público” otorgada a la pandilla libertaria le permitió operar y legislar en cuatro áreas fundamentales - económica, energética, financiera y administrativa- por decreto.
El lunes anterior a que se venciera el plazo de las facultades delegadas, el vocero presidencial se ufanó de que “los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos”, a costa, claro, de un plan de guerra contra los trabajadores y jubilados, los principales agraviados por el tándem Milei-Caputo. Con el cinismo que lo caracteriza, el vocero presidencial aseveró que “fue por un año, porque el presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas”.
El gobierno libertario utilizó las facultades delegadas como un acelerador de partículas para llevar adelante un desguace en regla del aparato estatal y avanzó en la destrucción de los derechos laborales y sociales, emprendido por sus antecesores. Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizaron un balance que da cuenta de lo que dejaron. Señalan que, durante ese período, se “dictaron 157 decretos de carácter legislativos: 75 de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 delegados, de los cuales 61 se autoamparan en la Ley Bases” (Página 12, 8/07). En este período se eliminaron por lo menos 20 fondos fiduciarios asignados a obras públicas, ciencia, educación, cultura, gastos sociales, derechos humanos, entre otros ítems. También se disolvieron o reestructuraron entes y organismos del Estado, como son los casos de Vialidad Nacional, el INTI, el INTA y el INADI. Reconvirtieron organismos como la AFIP (actual DGI) o la AFI (actual SIDE) y transformaron a otros en sociedades anónimas, preámbulo de privatizaciones, en el caso de la Casa de la Moneda y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
El raid privatizador liberticida, total o parcial, incluye a las siguientes empresas: Energía Argentina SA (ENARSA), Corredores Viales, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (privatización parcial), Nucleoeléctrica Argentina SA (privatización parcial). Quien cumplió un rol fundamental de conducción de este proceso fue Federico Sturzenneger, un beneficiado por las causas que se le abrieron a raíz de sus desaguisados financieros en el gobierno de la Alianza. De su mano, los liberticidas avanzaron sobre Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y el Banco Nación, que una medida judicial impidió que se transforme en una sociedad anónima. También se transformaron funciones y regímenes de organismos en pos de poner en pie un Estado de carácter policiaco, como son Gendarmería, Prefectura, SIDE, Policía Federal y Unidad de Investigación Financiera (UIF). Otros organismos que cambiaron sus funciones son el Consejo Federal de Educación y la ley de Asociaciones Sindicales.
En medio de la ola polar, el Ministerio de Desregulación y Modernización liberó el régimen de comercialización de gas licuado y envasado, ampliamente usado en las barriadas a lo largo y ancho del país, llevando a cifras exorbitantes los precios de las garrafas.
Las desregulaciones (que en verdad son regulaciones en favor del capital) también se aplicaron sobre la actividad aerocomercial, la tenencia de armas y los servicios de telefonía celular. El informe del CEPA indíca que “en cada una de las áreas o sectores desregulados las consecuencias concretas fueron, y siguen siendo, el desmantelamiento de las funciones del Estado, sin que exista reemplazo de esta función en el sector privado”.
Uno de los sectores más afectados por el plan liberticida fue la obra pública, cancelada en un 100 %, en la cual se modificaron las condiciones de licitaciones “totalmente favorables a las empresas” (ídem). Con las modificaciones normativas en este área “se canaliza toda la obra pública y la gestión de servicios públicos a través de este régimen a medida del sector privado; solo se hará o gestionará lo que brinde ganancias a contratistas, sin importar derechos de ciudadanos y usuarios; y se elimina el riesgo empresario, que quedará a cargo del Estado”.
Una de las medidas que no caminó fue la del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), por el cual el Gobierno buscaba la entrada de capitales, cosa que no sucedió, o se dio a cuentagotas, muy alejado de las expectativas de Milei y Caputo, quienes veían en este mecanismo una entrada rápida de divisas.
Con las facultades delegadas en la mano, los liberticidas promovieron una regresiva reforma tributaria y una reforma laboral, que destruye derechos adquiridos por los trabajadores, por medio de la extensión de los períodos de prueba, la introducción de la figura del colaborador y, contrariando los vaticinios libertarios, no se dio ningún aumento del empleo registrado. Ambas reformas pedidas por la burguesía y el sector privado en su totalidad, que se vieron beneficiados por la reducción de sanciones por no registrar trabajadores y el blanqueo promovido por el Gobierno, no surtió efecto alguno. En el informe del CEPA se indica que la rebaja a los Bienes Personales “implicó una nueva baja en la carga de un impuesto progresivo, beneficiando especialmente a los patrimonios más elevados”, favoreciendo de esta manera a los sectores más concentrados de la economía. En contrapartida y a pesar de que Milei había jurado cortarse un brazo si subía un impuesto, los trabajadores de la cuarta categoría volvieron a pagar el Impuesto a las Ganancias, intensificando “la presión fiscal sobre los ingresos formales, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo”, indican desde el CEPA.
Las atribuciones brindadas por las facultades delegadas fueron transitorias, pero sus efectos son permanentes. A los liberticidas los diputados y senadores les otorgaron, con la ley Bases, una victoria contra la clase trabajadora ocupada y desocupada, allanada por la complicidad de la CGT, del peronismo y de la “oposición”, lo que se conjugó con un reflujo inicial de la clase trabajadora. Las luchas en curso son una tentativa de revertir esta situación hacia dentro de la clase trabajadora, que debe asumir el rol independiente de los bloques patronales y que produzca una intervención histórica capaz de barrer con el gobierno y sus secuaces.