Oficialismo y oposición archivan la “ley de consenso de humedales”, la izquierda claudica

Hoy, a las 13 hs., comenzará el debate plenario en el Anexo de la Cámara de Diputados, con las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura. La semana pasada, en la plenaria del jueves 3, la comisión entera de Agricultura, incluido su presidente Ricardo Buryaile boicotearon con un “faltazo masivo” la definición del dictamen y los ministros de Ambiente de las provincias del “Norte Grande” rechazaron la invitación a discutir el tema. Antes de la “jugada de JxC” y los gobernadores, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, había decidido dejar pasar un tiempo prudencial para retomar el cuarto intermedio, convencido de que la discusión de la ley de humedales, podría obstaculizar el consenso obtenido para el voto del presupuesto 2023. Sucede que en las propias filas del FdT, muchos legisladores, incluida La Cámpora, se han alineado con los gobernadores. Incluso en los propios pagos de la vice, una ley de humedales pondría en cuestión muchas de las operaciones petroleras. Las sesiones ordinarias terminan en 15 días, en realidad, cuando comience el mundial, en una semana.

Le ley de humedales en cuestión, popularmente conocida como la “ley consensuada”, no pondera el veto de las comunidades aledañas a los humedales, de la comunidad científica comprometida con el problema ni de las organizaciones ambientales. En este punto, la ley implica una concesión mortal al capital porque el Estado que debe “regularlo” es el mismo que esta hoy operando para que la ley, con concesiones y todo, vaya a dormir el sueño de los justos. Juntos por el Cambio, encolumnaría los votos de su espacio detrás de un solo proyecto, que unificaría los presentados por los legisladores Ximena García y Maximiliano Ferraro, de Jorge Vara y de Gabriela Lena. De ser así, la plenaria de hoy finalizaría con dos dictámenes, uno por la mayoría y otro por la minoría. Un legislador del FdT, en el día de ayer, le sopló a BAE que "Lo único seguro es que los gobernadores no quieren que salga ninguna ley. Ni la de Grosso, ni la de Juntos por el Cambio". Se refiere con esto a los gobernadores del litio, que viajaron a Estados Unidos hace un mes con Wado de Pedro (no con Sergio Massa como planteó Vilca del PTS ayer) uno de los potenciales candidatos de Cristina. Esto porque aun siendo los inventarios de humedales hechos por las provincias, los gobernadores se apoyaron en el mapeo hecho por INTA. Los salares cuentan como ecosistema con predominancia de agua. Wado de Pedro ha sido especialmente informado por las empresas norteamericanas acerca de los obstáculos que esta ley pone a sus “inversiones”. De modo que lo dicho por el legislador a BAE equivale a decir, que ninguno de los dos bloques quiere que la ley salga. Puede suceder que, incluso, los dictámenes no bajen al recinto.

La izquierda claudica

En una nota de Prensa Obrera, del día de ayer, el Partido Obrero oficial llamó a una movilización el día de hoy a las puertas del Congreso. El texto “denuncia” los intentos de degradar el texto original de la ley, consensuada, por parte de Juntos por el Cambio y “los gobernadores” de ambos bloques. Da por hecha una votación de la ley (aún degradada) que los mismos legisladores del FdT dan por archivada. El PO invita a las organizaciones a mantener “la movilización popular y la organización independiente del Estado y sus gobiernos” movilizándose hoy a las 12 en el Congreso para que salga la ley consensuada… ¡pero el mismo bloque que le ha puesto la firma a la ley opera para archivarla! El PTS, no se queda atrás y llama a la movilización, con el agravante de que entiende que “todo indica que al momento de votarse finalmente no obtenga media sanción”, refiriéndose al dictamen de minoría que saldría hoy… si es que sale. La izquierda del FITU conduce a las organizaciones que luchan a su propia derrota. Ha renunciado a defender el propio proyecto, que sí ponderaba el “veto popular”, en aras de una “ley posible”. El papel de una izquierda revolucionaria no consiste en consentir las expectativas en el papel de árbitro del Estado capitalista, sino en denunciar sistemáticamente su naturaleza de clase, exponiendo los múltiples vasos comunicantes entre el agronegocio, la minería, el negocio inmobiliario y las fuerzas políticas que ocupan todos los estamentos de ese Estado. Es la única manera de señalar al activismo el camino para una lucha consecuente por el cuidado del medioambiente.