El juicio a las juntas militares

No es común que un gobierno "burgués, moderado" y defensor acérrimo del orden existente se constituya en la sede judicial como fiscal contra las cúpulas militares del pasado inmediato anterior. Tampoco es algo completamente excepcional: los conservadores griegos (es decir, la derecha) llevaron a la justicia (e hicieron condenar) a los jefes militares que habían perpetrado el golpe militar de 1967 y que habian implantado un régimen militar represivo y terrorista. Otra cosa en común entre los procesos políticos de Grecia y Argentina fue que la jefatura militar de ambos paises fue derrotada en confrontaciones militares –Grecia frente a Turquía, por la isla de Chipre, Argentina en el intento de recuperar las islas Malvinas-. En contraste con esto, por ejemplo, en Brasil y en Uruguay existen pactos políticos, escritos o no, que proscriben la tradición de los jefes militares a la justicia o de que puedan ser condenados. Incluso en el proceso democratizante boliviano la izquierda udepeísta (integrada por ex foquistas y el PC) fue incapaz de enjuiciar y condenar a la camarilla narcotraficante de la horrible dictadura de García Meza. La presencia de los Videla y compañía en los Tribunales expresa el hecho de que el movimiento de lucha por los presos y los desaparecidos desbordó el cuadro "normal" de los procesos de transición controlados de las dictaduras al sistema constitucional, una realidad que se conjugó con la extraordinaria descomposición de los mandos militares con motivo de la derrota contra el imperialismo anglo-yanqui. Alfonsín no es "mejor" que los Sanguinetti o los Tancredo Neves, simplemente se ha visto obligado a actuar en una realidad más explosiva. Todo el planteo de enjuiciar a las cúpulas del llamado "Proceso" estuvo basado en la convicción de que sólo con medidas de cierta envergadura se lograría encauzar, neutralizar y disolver el poderoso movimiento que reclama la investigación de las decenas de miles de desapariciones y el juicio y castigo a los culpables.

Pero la intención del gobierno nacional no fue, en ningún momento, la de llevar a las juntas militares al estrado de la justicia civil y al juicio público y oral. No es una tesis nuestra, sino de la totalidad de los medios políticos y periodísticos, que las juntas militares hoy están en la Cámara de Apelaciones como resultado del fracaso del planteo de Alfonsin de que aquellas fueran juzgadas y condenadas por la justicia militar. De haber prosperado esta táctica, el gobierno hubiera usado los fallos de la justicia militar para amnistiar al conjunto del personal militar y, eventualmente, a los propios jefes condenados. Alfonsín fue inclinado a llevar las causas a la justicia civil a pesar suyo, en razón de la resistencia en bloque de la actual comandancia militar, lo que significa que este proceso ha entrado en una fase más aguda de crisis, que podría evolucionar hasta una crisis política general del Estado.

El descomunal fracaso de la táctica de Alfonsín (autodepuración de las Fuerzas Armadas, limitada a un puñado de comandantes) la explicitó Tróccoli con todo desenfado: "Esas reglas de juego, lamentablemente, no fueron correctamente interpretadas por algunos órganos jurisdiccionales como el Consejo Supremo... " (Clarín, 4/4). La pretensión del gobierno actual de adjudicarse para sí una conducta democrática por el hecho de haber mandado detener y enjuiciar a las Juntas es una completa impostura. Ha actuado de esta manera arrinconado por un poderoso movimiento popular, ramificado a través de múltiples hilos con las masas del país, con la intención de anularlo, no de potenciarlo. No en vano Alfonsin se enfrentó públicamente contra Madres, a las que descalificó con términos que no usó para Reagan, Alsogaray o cualquier otro pandillero derechista. Debe verse a la etapa en que se acaba de entrar como a un estadio mayor de la crisis política del gobierno frente a la cuestión de la represión dictatorial y como un intento final de encauzamiento de esta crisis dentro de los limites políticos y jurídicos del Estado burgués.

La intención definitiva es amnistiar

La importancia que pueda tener un enjuiciamiento de jefes militares responsables de la comisión de delitos atroces, vinculados a edificar un sistema de terror que permita consumar la entrega nacional y la superexplotación de las masas, no está mayormente en la calidad del fallo judicial que se produzca. Lo que importa, por sobre todo, es que sirva para aguzar la conciencia popular contra la dictadura y el golpismo, debido a que la lucha contra éstos depende no de un juez, sino de la movilización popular. Para servir a esa finalidad el juicio debe ser concebido de manera de asegurar la mayor agitación política pública, con capacidad para penetrar en los estratos más profundos de la población. Esto es, precisamente, lo que el gobierno se empeña en evitar. En este solo hecho ya está inscripta indisimuladamente la voluntad de encubrimiento y de amnistía para los represores.

La Cámara de Apelaciones está protagonizando una verdadera competencia de gambeteo con las organizaciones de derechos humanos y populares. El juicio que debía comenzar el l5 de abril fue luego postergado para el 22, y ahora se habla del día 29; lo que está claro es que se pretende abortar la manifestación prevista frente a Tribunales y para ello se juega al gato y al ratón con la fecha de iniciación. La Cámara decidió, igualmente, otras medidas fundamentales. Redujo el número de testigos que podrán presentar la acusación y la defensa, esto con la intención de liquidar el juicio en 90 días, cuando estaba prevista una duración de ocho meses. Ha limitado, asimismo, el ingreso de público y de la prensa a la sala del enjuiciamiento. También ha admitido que el juicio se desenvuelva sin la presencia de los acusados. La preocupación de los jueces y del gobierno (con el cual tramitaron durante largo tiempo las características que debía tener el proceso) es evitar la agitación pública. ¡Pero lo.que importa, por sobre todo, es que ésta tenga lugar! Se quiere evitar la confrontación. ¡Pero lo que es necesario, precisamente, es que salgan a la luz pública la totalidad de las fuerzas identificadas con el genocidio y con el golpismo, para desarrollar la conciencia popular de la necesidad de derrotarlas y de la amplitud de las tareas a realizar con ese fin!

Pero lo más importante es que ha sido con la proximidad de la iniciación del juicio que ha cobrado forma la voluntad del gobierno de amnistiar a los autores de los secuestros, torturas, crímenes y violaciones, y hasta el diseño exacto que ha de tener esa amnistía. De esta manera, estos juicios, que se quieren reputar de "ejemplares", están destinados a facilitar el encubrimiento definitivo del aparato de la represión. Este gobierno pasará a la historia como el gobierno del gran blanqueo: blanqueó la deuda externa, blanquea a los militares (y ya se anuncia el tradicional blanqueo impositivo).

Borrás dio la puntada inicial, hablando de "ponerle punto final" al enjuiciamiento de la represión; el diputado Jaroslavsky lo siguió, usando las mismas palabras. Pero el más preciso fue Tróccoli, quien comenzó por señalar (La Razón, 6/4) que "no era tiempo ni conveniente hablar de amnistía", lo que traducido al lenguaje de la honestidad quiere decir que hablará de amnistía cuando sea el tiempo. A renglón seguido dio la pista del engranaje de la amnistía, pues afirmó que la Justicia debía aplicar "correctamente" y "definir con precisión" la distinción entre "obediencia debida" y "responsibilidad" –que es precisamente el mecanismo de la amnistía del conjunto del aparato represivo y, ulteriormente, de las propias Juntas-. En el semanario oficialista El Periodista (29/3) se informó más concretamente todavía sobre esto, y se dice que la "obediencia debida" abarcará a todo el personal militar, desde teniente coronel (o su equivalente de las otras armas) para abajo en la época de la comisión de los delitos. Como los que se encontraban en los grados superiores a los mencionados bajo la dictadura hoy están retirados, cualquier proceso judicial que se incoare no tendría repercusión en el cuadro activo de las FF. AA. Además, se establecería que "ningún juez civil podrá ordenar el arresto de un militar si su competencia es cuestionada por el Consejo Supremo", con lo que éste quedaría por encima de la Corte Suprema de Justicia. Con todo esto -dice El Periodista- el gobierno se libraría de los problemas apremiantes que tiene durante el año en curso, "después sí... tal vez podría pensarse en una ley".

Una crisis política enorme

El hecho de que los mandos militares no hubieran aceptado cerrar los problemas con una autocondena del Consejo Supremo está indicando que la decisión es dar una batalla a fondo, y de que no tienen confianza en la capacidad del gobierno para poner punto final a todo esto sobre la base de los planes puestos en marcha con la reforma del código militar. Esta desconfianza se ha expresado en diversas crisis entre el gobierno y los altos mandos, y éstos están controlados aún hoy por quienes sostienen que las tres juntas militares deben ser, lisa y llanamente, amnistiadas. Ha sido la presión militar la que ha logrado que los juicios que están por comenzar hayan sido limitados espectacularmente. El indicio más firme de la batalla que van a dar las cúpulas militares es el descenso al ruedo por parte de Alsogaray, quien, sin embargo, habia votado por la derogación de la autoamnistia dictada por Bignone-Nicolaides y por la reforma del código militar. Alsogaray aceptó como viable, en su momento, el planteo de Alfonsín; ahora cree, en cambio, que tiene que introducirle cambios fundamentales (compromiso de amnistía) y que para eso hay que librar una amplia batalla política.

En esta batalla política la derecha va a poner en juego recursos financieros y políticos importantes. No es intención de la derecha voltear al gobierno bendecido por Reagan y por los pulpos del petróleo, sino forzarlo a marchar más consecuentemente por la vía de la amnistía; en una palabra, derrotar, por medio del gobierno, al movimiento de masas que aspira a una aplicación consecuente de la democracia politica. No se conocen los testigos que se presentarán de una y otra parte, pero ha trascendido que la defensa pediría la comparecencia de la mayor parte de los políticos tradicionales, y aun de Alfonsin, para confrontarlos con los planteos que hicieron en su momento en favor del aplastamiento de la "guerrilla fabril", en apoyo de la lucha antisubversiva, en el reconocimiento de que el país estaba en guerra, etcétera.

El juicio puede llegar a ser una dura prueba para los burgueses democratizantes; en su transcurso podria llegar a ser expuesta su conducta cobarde frente a la represión en todas las etapas; la intención de usar la tribuna judicial para continuar con la demagogia democratizante puede tornarse en contra de los demagogos y, de esta manera, los cálculos anticipados de los beneficios electorales que podria redituarles el juicio, con los ojos puestos en noviembre, pueden transformarse en desbande.

Lo que está en juego

Los politicastros burgueses, oficialistas u opositores, han creado un enmarañado leguleyismo sobre la cuestión del enjuiciamiento de la represión, cuya finalidad esencial es confundir a la población. Baste para probar la inconsistencia de todos estos personajes, asi como de sus planteos, que si se aplicara real y consecuentemente el principio de la "obediencia debida" y de la punición de los "excesos" irían a parar a la cárcel todos los mandos altos y bajos de la dictadura sin excepción. La violación, el secuestro, el crimen frío y la tortura fueron aplicados en masa, y estas figuras delictivas no están contempladas en ningún criterio jurídico de "obediencia" –¡ni en el militar! (ahí está, para probarlo, la figura, precisamente, de los crímenes de guerra)-. Es por este motivo, exactamente, que la dictadura inventó la categoria de "guerra sucia" a "irregular", con la finalidad de evitar que su práctica terrorista pudiera ser encuadrada en los códigos normales y por lo tanto que pudiera ser justificada por via de excepción. Este enfoque lo acaba de reactualizar Alsogaray, quien explica y justifica todos los atropellos de lesa humanidad en términos de operaciones necesarias de una guerra. La única vía de defensa que tienen los militares es la justificación politica del genocidio (ya no pueden ignorar que tuvo este carácter). Pero es precisamente por esto que el gobierno no puede servirse de la "obediencia debida" o de los "excesos" para blanquear a la inmensa mayoría de los militares, y que está obligado al armado de un acuerdo politica con los jueces (90 % de la época de la dictadura) y a considerar, derecho viejo, una ley de amnistia, o el dictado de una jurisprudencia de similares fines.

Para la ejecución de esta politica de amnistiar a los criminales mediante la "obediencia debida", el gobierno sigue contando con respaldos condicionados de sectores decisivos. Por lo que revela la prensa internacional, la prosecución de esta via hacia la amnistía cuenta con el acuerdo de los gobiernos imperialistas extranjeros (es significativo que no se haya hecho conocer ninguna presión en sentido diferente durante los viajes de Alfonsín). El otro apoyo fundamental proviene de los mandos militares actuales, sin cuyo consentimiento el juicio a las juntas no se hubiera podido iniciar. El derechista diario Tiempo (7/4) dice que "el gobiemo tiene el amparo de negociaciones", que, en este caso, es "cierto (!) respaldo de esta cúpula militar". Lo mismo se puede decir del episcopado, cuyos principales integrantes se han pronunciado por un "perdón" sólo después del juicio (ver Clarin, 9/4). Todo esto nos demuestra que los reaccionarios no han metido todos los huevos en la bolsa de Videla-Alsogaray; por el contrario, la mayor parte de esos productos avícolas están en la alforja de Alfonsín, cuya táctica sigue representando el mejor interés de los explotadores y de sus instituciones (porque conduce a la amnistia), al menos hasta nuevo aviso.

Lo que está en juego en toda esta crisis es la lucha por la liquidación del aparato represivo y del golpismo, ya que esta tarea pasa, necesariamente, por el enjuiciamiento de la totalidad de los mandos y efectivos militares que participaron en los crímenes en masa. Cuando el gobierno introduce una distinción fundamental entre mandos superiores e inferiores, lo que pretende es dejar al aparato represivo en pie y solo castigar a sus ocasionales jefes. La controversia sobre los que dictaron órdenes y los que las ejecutaron apunta a borrar, precisamente, la existencia de un aparato único, centralizado, dominante en el aparato del Estado, estructurado orgánicamente, que es ese aparato represivo –bastión del golpismo-. El gobierno pretende una asimilación indolora del aparato represivo al régimen constitucional, salvar su función represora y limarle sus aristas golpistas. Es por esto que lo denunciamos como encubridor del golpismo.

El intento de equiparar juridicamente a los presos condenados por guerrilleros y a los militares de la dictadura apunta al mismo encubrimiento del problema. La cuestión democrática formal que la sociedad argentina tiene planteada es la erradicación del golpismo, una cuestión que data de 1930, y no la erradicación de grupos irregulares que pretenderian imponerse por encima de una sociedad autodeterminada en todos los planos. La campaña por igualar a los "extremos" en una común comisión de delitos es una bellaqueria jurídica y un cretinismo legalista, que está dirigido a borrar la huella del origen y función de los sucesivos regímenes de atropellos politicos que soportó el país. Las dictaduras represivas fueron las correas de la disolución nacional a manos del imperialismo, esta es una cuestión que tiene un poderoso significado para la sociedad nacional, no puede ser colocado en un mismo plano el intento frustrado de una tendencia nacionalista pequeñoburguesa que fue frustrada por las miles de traiciones de los dirigentes nacionalistas tradicionales. El señor Reagan tiene las manos manchadas de sangre argentina derramada en Malvinas, pero los funcionarios de gobierno no vacilan en estrecharla; sin embargo, hacen un escándalo descomunal ante los atentados de las ex guerrillas (cuyos blancos eran los símbolos del poder opresor), con la finalidad de disolver la verdadera responsabilidad histórica de la dictadura militar (no en vano el gobierno constitucional se vale de sus leyes para negociar con el imperialismo o expulsar a activistas de origen extranjero). El Partido Obrero ha hecho escuela (los únicos) en la critica revolucionaria al foquismo, por eso tenemos la capacidad para denunciar la inconfesable amalgama que hace el gobierno.

Es necesario que toda la agitación politica de los auténticos demócratas se esfuerce por destacar la cuestión politica planteada por el juicio a las juntas, porque de lo que se trata es de demostrar activamente al conjunto de los oprimidos que la conquista definitiva de la democracia politica pasa por una acción dirigida a la destrucción del aparato estatal represivo.