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La Asociación Bancaria (AB) realizó un paro de 24 hs. en todo el Banco Provincia (con 420 sucursales) apoyando el proyecto oficialista de derogación de la reforma jubilatoria aplicada por la anterior gobernación de María Eugenia Vidal. La medida fue resuelta por la directiva del gremio luego de trabarse en la Legislatura provincial, una vez más, la discusión del proyecto. El intempestivo paro fue anunciado junto a seccionales de todo el interior del gran Buenos Aires y forzó al Anses al adelantamiento de los pagos de jubilaciones y pensiones.
El Ejecutivo del gobierno provincial de Axel Kicillof, en consenso con la AB, presentó el proyecto de reforma -derogación- en julio del año 2021 y ya tuvo aprobación en cuatro comisiones. Plantea el retrotraimiento del índice de movilidad a su estado anterior, la baja de edad jubilatoria a 60 años para mujeres (que Vidal subió a 65) y la suba de la contribución de empleados al 16% y del banco al 28% (que la reforma bajó al 14% y al 16%, respectivamente). El proyecto de Kicillof mantiene el aporte de 12% de jubilados y pensionados.
El proyecto de Vidal, aprobado a finales del 2017, contó con los votos de los intendentes del PJ que hoy están alineados con Kicillof (y Palazzo). Pero la derogación de la reforma ha ganado varios adeptos. Es que, luego de aprobada la reforma de Vidal, se produjo una lluvia de medidas cautelares de parte de trabajadores contra el Banco que planteaban la inconstitucionalidad del proyecto. La Bancaria emitió un comunicado afirmando que “pese a la acumulación de cautelares, la Corte bonaerense aún no se expidió sobre la cuestión de fondo pero ese tiempo habría comenzado a agotarse. De no hallar una respuesta legislativa, el poder judicial podría declarar inconstitucional a la norma y desencadenar un grave perjuicio económico a las arcas provinciales”. La Bancaria rechaza que, de fallarse a favor de los trabajadores, “la provincia se haga cargo de 425 mil millones” de pesos. Las denuncias de inconstitucionalidad apuntan a los artículos 39 y 41 en referencia al concepto de índice de movilidad.
Por ahora, Juntos por el Cambio ha evadido el tratamiento en las sesiones mediante el boicot al quórum, al que se han sumado los diputados “libertarios”. El paro convocado, advierte a través del comunicado, se realiza debido a la “irresponsabilidad de la oposición frente al intento de diálogo”. La Bancaria, según las declaraciones de sus propios dirigentes, no ha apostado a la lucha de los trabajadores durante este tiempo, sino al consenso con la oposición, la Corte Suprema y la discusión parlamentaria.
La Cámara de Diputados de la provincia no se reunirá hasta el mes de marzo, salvo que el gobernador convoque una sesión especial. De no tratarse a la brevedad, el proyecto perderá estado parlamentario en febrero y será la Corte Suprema quien resolverá la cuestión.
La reforma jubilatoria de Vidal fue parte de una política más integral contra los trabajadores que fue rechazada por los mismos en enormes jornadas en el Congreso. La reforma laboral que no pudo aprobar el macrismo en el Congreso Nacional ha avanzado a paso firme bajo el gobierno de Alberto Fernández, con un incremento sustancial del trabajo precarizado y una caída del poder adquisitivo de los salarios.
Palazzo, diputado del FDT, trabaja junto a todo el arco sindical peronista, desde Furlán de la UOM a los gordos de la CGT, por contener cualquier acción obrera que signifique un riesgo para la continuidad del gobierno de cara a las elecciones de octubre de 2023.
El “plan aguantar” de la burocracia pactando con las patronales ha significado acuerdos paritarios y reformas regresivas con el objeto de mantener al oficialismo como alianza renovable para las elecciones del 2023. Esta política, mientras el gobierno nacional es ahogado por una crisis terminal que condiciona su salida anticipada, marca el fracaso e improvisación de Palazzo para la AB y del peronismo para todos los trabajadores.
