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Luego de la suba ya pautada del 6,9% en enero, el 1° de febrero arranca el nuevo índice mensual de aumento de las cuotas de la medicina privada. Se realizará de modo segmentado: el 4,91% si el titular cobra menos de $371,718 -equivalente a menos de 6 salarios mínimos vitales y móviles- y del 8,21%, para los titulares cuyos ingresos netos sean mayores a ese monto.
En la práctica, las empresas no pueden aumentar el valor de las cuotas “libremente”, sino que están reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud, quien autoriza los incrementos
El mecanismo utilizado para el incremento está basado en el avance de un índice de costos de la salud elaborado por el gobierno, donde se consideraron cuatro elementos: los costos vinculados con los recursos humanos -es decir, los salarios- los medicamentos, insumos médicos y “otros insumos y gastos generales” (inflación).
La actual segmentación de aumentos se estableció a comienzos de noviembre por medio del decreto 743/2022, luego de las críticas de Cristina Kirchner al aumento del 13,8% que surgía del Índice de Costos para el mes de diciembre. De ninguna manera esto significó que se retroceda en el incremento, sino que se desdobló en un 6,9% en diciembre y otro 6,9% en enero, fijándose el nuevo criterio de incremento de las cuotas "por el plazo de 18 meses".
Con este aumento, un plan familiar medio de un matrimonio con 2 hijos menores podría rondar entre los $70.000 y los $90.000 mensuales (Clarín, 29/12). En CABA, el costo de la casta familiar ya supera ampliamente los $250 mil. Para una familia porteña, por lo tanto, el costo de este plan equivaldría al 36% de dicha canasta.
Se estima que el sector de prepagas cuenta con 6 millones de beneficiarios -teniendo en cuenta al titular y grupo familiar-de los cuales un 20% son aportantes "directos puros". El resto corresponde a trabajadores que derivan sus aportes a una obra social que tiene convenio con las prepagas.
Desde la desregulación del sistema de salud operada en el menemato, las prestaciones se han concentrado en la red de empresas prepagas y prestadores asociados. Las obras sociales, por su parte, tercerizaron total o parcialmente sus prestaciones a favor de las privadas. Dichas empresas son grupos financieros que acaparan los recursos arrancados a los trabajadores –mediante aportes y pago de aranceles- para sostener una red cuantiosa de clínicas, prestadores e importadores de aparatología e insumos farmacéuticos, entre otros. Sus costos de operación reales están guardados bajo siete llaves y autorizan exclusivamente los tratamientos y prestaciones más rentables, no los sanitariamente recomendables. Las prestaciones "obligatorias" que deberían brindar son una quimera. Los turnos pueden tardar hasta mes y medio. Esta misma situación se replica en las obras sociales que, por su parte, se han transformado en meras recaudadoras para las empresas privadas de salud.
Según los registros del INDEC, por la mayor precarización laboral y aumento de los costos de los planes de salud privada, disminuyó la población que cuenta con la cobertura de una obra social o medicina privada. Este escenario se da en el marco de una salud pública totalmente vaciada, a fin de reducir el "déficit fiscal" para cumplir con el FMI: los salarios del personal están lejos de la canasta familiar y los hospitales se caen a pedazos.
Queda así expuesto el carácter anárquico y parasitario del régimen de “salud” capitalista que pone en agenda la necesidad de la socialización de la medicina y la nacionalización de los pulpos farmacéuticos. En suma, la necesidad de un gobierno de trabajadores que tenga como norte el hecho de que la salud es un derecho y no un negocio de unos pocos.
