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Diversos manifestantes del departamento agrícola de Santa Cruz sostienen los bloqueos de las rutas que conectan a Bolivia con Brasil, con la amenaza de paralizar el comercio nacional de alimentos, animales y cereales hacia ese país e incluso hacia el resto del interior. Las protestas reclaman la liberación del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Además de Camacho, tienen procesos abiertos por “sedición” el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la UAGRM, Vicente Cuellar. “El año comenzó en Santa Cruz con al menos cuatro rutas bloqueadas”, señala el diario cruceño El Deber y agrega que “la medida de protesta cuenta con el apoyo de los camioneros del transporte pesado que respaldan la determinación de los cívicos de impedir la salida de productos e insumos al resto del país”. De nuevo, irrumpe una secesión del departamento de Santa Cruz, con apoyo de la oligarquía andina.
Las protestas, protagonizadas desde hace seis días por las autoridades locales y seguidores del gobernador Luis Fernando Camacho, se expresaron también en movilizaciones a la jefatura de Policía, un “paro cívico departamental de 24 horas” y la embestida contra edificios públicos. Rómulo Calvo afirmó que “tenemos un mandato de nuestra asamblea de que nada sale de Santa Cruz y eso es lo que vamos a hacer”. Por su parte, el presidente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional de la región, Marcelo Cruz, sostuvo que “ningún grano, animal o insumo de las fábricas debe salir de Santa Cruz hacia el resto del país. Se están reforzando los puntos de bloqueo”. Se trata de la región que es la principal productora de soja, caña de azúcar, trigo, arroz, maíz y ganado del país.
Cruz también afirmó que “no tiene que salir plata de los cruceños ahora, ahora nos toca a nosotros que esa plata se quede aquí, que la protejamos nosotros”. Los bloqueos podrían mermar el suministro de alimentos a otras partes del país y las destinadas a las exportaciones que parten de una región que es el bastión económico del país y que aporta el 31% del PBI; en un momento, además, en que Bolivia enfrenta un gran déficit fiscal y bajas reservas.
Los diarios cruceños, afines al gobierno local, denuncian la existencia de 209 heridos, de distinta gravedad, y cerca de 100 detenidos. Asimismo, afirman que la Justicia ya sentenció a 11 personas por la quema de la sede de la Fiscalía. Hubo otros 9 edificios públicos más incendiados, incluida la gobernación. Los dirigentes locales denuncian “autoatentados” del gobierno nacional del MAS. El día de ayer sesionó la Asamblea Legislativa Departamental, que, ante los “hechos represivos, violentos, criminales, y vulneradores de los Derechos Humanos llevados adelante por la Policía”, resolvió “revisar la continuidad de los recursos económicos y bienes departamentales que hayan sido otorgados a la Policía Boliviana”. La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) publicó un comunicado en el que sostiene que “el golpe de Estado de 2019 nunca existió” y califica de “secuestro” a la detención de Camacho.
El gobierno del MAS viene pidiendo que se elija otro gobernador en Santa Cruz. Esto fue rechazado por el vicegobernador de la región, Mario Aguilera. El presidente de la Asamblea Legislativa, Zvonko Matkovic, también rechazó la posibilidad de que Camacho sea depuesto. El analista boliviano Paul Antonio Coca asegura que “el MAS apuesta por un vacío de poder y una sucesión constitucional departamental”. Entiende que este escenario provocará el estallido de “pugnas internas” en Creemos (la organización que lidera Camacho) para el control de la Gobernación.
El gobernador cruceño fue detenido el 28 de diciembre por orden de la Fiscalía General del Estado de Bolivia, la cual ordenó la prisión preventiva para el gobernador de Santa Cruz por un período de seis meses. Está acusado de terrorismo por su participación en el caso denominado "golpe de Estado I" contra el expresidente Evo Morales. La prisión preventiva de Camacho se dictaminó debido a que la fiscalía consideró que “existe el riesgo de fuga” y “obstaculización del proceso de investigación”. Luego de conocida la detención de Camacho, distintos grupos de cruceños salieron a tratar de impedir que se lo llevaran de la ciudad; bloquearon aeropuertos y carreteras. El gobernador, finalmente, fue evacuado en helicóptero.
Aunque Camacho fue conocido como el principal instigador del golpe de Estado de 2019, su detención se produjo recién dos años después. Por los mismos sucesos fue detenida en marzo de 2021 Jeanine Áñez (ex presidenta de facto) y dos de sus exministros, condenados a diez años de prisión. La medida no fue impulsada por el MAS, sino que fue la deriva de la denuncia judicial de una exdiputada masista. Los condenados eran responsables de las masacres de Senkata y Sacaba. El próximo jueves, una corte federal dictará sentencia contra Arturo Murillo (exministro de Gobierno durante el mandato de facto de Áñez), quien se declaró culpable de soborno internacional y lavado de dinero.
La figura de Camacho tomó impulso a partir de su agitación golpista del 2019. Su llegada a la gobernación de Santa Cruz fue producto del pacto del Movimiento Al Socialismo (como su líder, Evo Morales, en el exilio) y el gobierno de facto de Añez, para convocar a las elecciones del 2020, habilitando la presentación de las nuevas figuras que levantaron cabeza con el golpe.
“El acuerdo no se limita a restablecer las condiciones de la elección del 20 de octubre pasado, pues autoriza la presentación de nuevas fuerzas o listas, para habilitar una candidatura ‘bolsonarista’, en referencia al fascista cruceño, Fernando Camacho, el preferido del fascista brasileño. La agitación política fascista ganaría de este modo un nuevo escenario” (El Movimiento Al Socialismo “legaliza al gobierno de facto, Política Obrera, 26/11/19). Las elecciones representaron un duro retroceso para el MAS en Cochabamba y en Santa Cruz de la Sierra. Camacho fue elegido con el 55,64% de los votos, frente al 38,17% que obtuvo el MAS.
El golpe de 2019 tuvo una clara inspiración del entonces presidente brasilero, Jair Bolsonaro. Distintos medios revelaron pruebas de reuniones y conversaciones entre Camacho y el excanciller de Brasil, Araujo, previo al golpe.
Distintos analistas señalan que la detención de Camacho podría ser la consecuencia de choques internos entre las distintas fracciones del MAS (una liderada por el presidente Luis Arce, otra por el expresidente Evo Morales). Arce podía “enfrentarse al jefe de su partido o directamente ir con todo contra Luis Fernando Camacho. Y optó obviamente por ir con todo contra Luis Fernando Camacho” (Ámbito, 03/01). Es que Arce venía de conceder al gobernador cruceño el reclamo por la fijación de la fecha del censo poblacional. Mientras que el gobierno nacional quería que se realizara después de las próximas elecciones generales (a mediados del 2025), la oposición cruceña reclamaba su anticipación. Esto debido a que el censo ajustará el número de bancas parlamentarias según el nuevo recuento, así como las transferencias presupuestarias desde el gobierno central a las regiones según su población. En ambas cuestiones, Santa Cruz aumentaría su participación. La cuestión del censo representa un episodio más en la disputa de la rica región y los reclamos de “federalización” de la burguesía cruceña.
La disputa por el calendario del censo desató una ola de protestas en Santa Cruz, que incluyó cortes y bloqueos de rutas. Finalmente, el presidente Arce terminó cediendo a las presiones. Evo Morales, aprovechó para criticar a Arce por esta concesión. “El presidente Arce quiso dar una señal al sector más a la izquierda dentro del partido, mostrando firmeza y contradiciendo las acusaciones que le hace dicho sector de ser débil y de pactar con la derecha. Esto, con el propósito de erosionar el ascendiente de Morales sobre la facción más dura y posicionarse así mejor como candidato para reelegirse como presidente por el MAS en el 2025” (El mostrador, 03/01).
