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En el marco del alza de casos de Covid en nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación oficializó este viernes la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, mientras se extiende la sexta ola en todo el país, se reducen los testeos en los hospitales y sanatorios y no existen medidas de protección para evitar el aumento de los contagios.
El último reporte semanal del Ministerio de Salud, publicado el 1 de enero del año nuevo, arroja que en la última semana de 2022 se registraron 72.558 nuevos casos -un incremento del 17% en una semana- y 47 fallecidos en todo el país. La cifra de contagios se da por descontado que es muchísimo mayor, porque no hay centros de testeos ni se reportan los resultados de los test hogareños.
La directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud, Analia Rearte, remarcó que el "SARS-CoV-2 con estas nuevas variantes es un virus tremendamente transmisible", por lo cual recomendó "la vacunación" como base para la prevención, además de los cuidados específicos como el uso adecuado de barbijo en espacios cerrados (Telam, 3/01). Actualmente son 402 los internados oficialmente con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje del 40,7% de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado del país. Más del 80 % de los fallecidos tenía comorbilidades. De ellos, 32 tenían aplicada al menos una dosis de refuerzo, aunque solo tres la habían recibido en los últimos cuatro meses, confirmando la efectividad decreciente de las vacunas.
“Emergencia sanitaria”: qué significa
El Decreto 863 de extensión de la emergencia sanitaria implica que se volverá a aplicar un mecanismo especial de matriculación y/o certificación en el reclutamiento de personal médico, junto a la reasignación de partidas presupuestarias con el objetivo de "fortalecer la infraestructura sanitaria en diferentes puntos mediante la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares". También implica el llamado a trabajar a personal jubilado. Nada que tenga que ver con aplicar alguna medida sanitaria preventiva para evitar el aumento de los contagios.
¿Qué sucede en los hospitales y sanatorios de la ciudad de Buenos Aires?
Según el reporte del Ministerio de Salud de la Ciudad, en la última semana se registraron 7.595 casos y 9 fallecidos. El consejo federal de la salud (COFESA), integrado por funcionarios de las provincias y presidido por Carla Vizzotti, dispuso hace exactamente un año atrás que sólo algunas personas puedan testearse en forma gratuita en los centros de salud públicos. En CABA los testeos se limitan a mayores de 50 años, personas gestantes o que presentan comorbilidades, trabajadores esenciales, trabajadores y residentes en instituciones de larga estadía y convivientes con personas de riesgo. Todos los demás, salvo alguna excepción que el médico considere, no serán testeados. Las prepagas y obras sociales adoptaron el mismo criterio. Esto explica el aumento de la comercialización de los autotest de 2.500 a 15.000 vendidos en un solo día, pico registrado el 23 de diciembre pasado. Un autotest ronda entre $1.600 y $1.800.
La resolución del Consejo Federal de Salud contradice a la OMS, que frente al alza de casos en China recomienda el seguimiento riguroso de la situación epidemiológica (ver https://www.who.int/es/news/item/30-12-2022-who-meets-with-chinese-officials-on-current-covid-19-situation). El testeo a sólo un sector de la población implica que otros cuadros con algún síntoma compatible no sean tratados como Covid y por tanto la cantidad real de contagios podría ser mayor, mientras el virus circula solapado en cuadros considerados como gripales o resfríos. El grado de positividad en los casos testeados alcanza el 50 %.
En relación con las medidas de bioseguridad, se han extendido recomendaciones del uso de barbijo en lugares cerrados, pero no su obligatoriedad. Los contagios aumentan entre los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la población en general, que utiliza subtes y colectivos con gran aglomeración de personas sin protección. Para que las recomendaciones puedan cumplirse en los lugares de trabajo, se depende de que se dispongan los elementos de bioseguridad por parte de las patronales (que los escatiman) o de la provisión del propio trabajador. No se ha contratado personal para reforzar el sistema sanitario frente a la sexta ola de Covid y remplazar al personal enfermo. Esto implica una sobrecarga de trabajo.
La extensión de la declaración de emergencia sanitaria, en este marco, es afín a las patronales privadas de la salud, ya que les permite sobrecargar de trabajo al personal y embolsar los subsidios (primero ATP, luego REPRO y ahora FESCAS).
Tanto el gobierno nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires sostienen la política de convivencia con el virus. Es necesario recuperar las medidas de cuidados sanitarios: testeo a toda la población que tenga síntomas compatibles con Covid, volver a implementar el uso obligatorio de barbijos en lugares cerrados, que se disponga de los elementos de bioseguridad en los lugares de trabajo, incorporación de personal y ampliación de horarios y centros de testeo.
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