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En los últimos días quedó expuesta la realidad que enfrentan las mujeres e infancias de la provincia de Santa Fe al querer acceder a la interrupción del embarazo . Una menor de 12 años no pudo acceder a la práctica porque fue retenida por una organización antiderechos católica llamada Grávida. La gravedad del caso es que tanto la niña como su madre estaban bajo la protección del Estado provincial, incluso meses antes fueron acompañadas por el ministerio de Género por violencia familiar perpetrada por Gustavo Miguel A., autor de los abusos.
La interrupción del embarazo fue solicitada por la niña y respaldada por su madre. La última semana del año les gestionaron el turno, agendada para este lunes 2 de enero en el Hospital Iturraspe. El último contacto que mantuvieron con el Estado y el equipo del nosocomio fue el viernes. Cuando no se presentaron y no se logró contactarlas, se solicitó a la Unidad Jefas del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe que interviniera. Mientras, la fiscal Alejandra Del Río Ayala confirmó que Gustavo Miguel A. fue detenido ese mismo día, y se encargó de realizar las medidas para encontrar a la víctima, informó El Litoral.
La familia habría sido contactada por religiosos de Garibaldi, su pueblo, y llevadas a una casa de Grávida, donde estuvieron al menos 24 horas encerradas, lo que les impidió llegar al turno acordado. Desde el ministerio de Género y desde el área de Niñez, nada se dijo hasta que la noticia se filtró a los medios mientras ambas estaban desaparecidas. Tras un requerimiento fiscal, desde Grávida confirmaron que la menor y su madre estaban en la sede que tienen en el centro de Santa Fe.
El caso muestra las dificultades y tormentos por los que tienen que atravesar las personas que quieren acceder a la práctica. En primer lugar, la información de la situación se filtró desde el Iturraspe, el efector donde se referencian todos los casos de más de 14 semanas que está plagado de objetores, lo que implica una doble vulnerabilidad por la condición de vida de estas personas y por no mantener el secreto y los cuidados necesarios. Es el mismo hospital donde falleció Ana María Acevedo por no poder acceder a un aborto por su tratamiento oncológico.
En segundo lugar, la impunidad que manejan estas instituciones al intervenir en casos que involucran la salud pública y la vida de una menor violentada, impunidad garantizada por el Estado provincial que poco hizo para hacer cumplir la ley y que permite que las organizaciones antiderechos trabajen tranquilas.
La situación es más grave si se considera que no se resolvió la diferencia territorial en el acceso en la provincia, siendo el centro norte una región casi abandonada. Los casos que llegan terminan en los efectores santafesinos que sufrieron un desmantelamiento de los equipos de trabajo tanto de salud sexual y reproductiva como también del personal que atendía a la diversidad sexual.
Las mujeres siguen desconociendo el alcance de la ley y sus derechos porque no se hizo nunca promoción de los lugares amigables que la garantizaban. En todo el territorio el acceso es complicado. De hecho, hay una chica presa en Casilda por un aborto espontáneo lo que muestra que tampoco hay acceso a la atención integral de la salud ni anticonceptivos disponibles en los efectores.
Incluso Nación presentó un llamado de atención por la cantidad de denuncias y consultas para consejerías porque no saben adonde ir: en el privado no hay ninguna intervención por parte del Ministerio para garantizar que se cumpla la ley y quiénes consultan con obra social dan vueltas por todos lados hasta que resuelven en el público.
El gobierno de la Provincia emitió un comunicado vergonzante en el que se excusó con el buen accionar en el caso y por el respeto a la integridad de dos personas que terminaron sin acceder a la práctica y retenidas por una organización privada, ultracatólica, con mucha injerencia en casos de estas características. El escrito, publicado desde el área de Niñez, admite que la organización “sacó de la esfera del Estado” a la madre y a la menor, lo que clarifica que no tuvieron control sobre la integridad de estas personas.
Las respuestas del movimiento de mujeres se centran en la responsabilidad de Grávida y su accionar, pero el caso ejemplifica el accionar del Estado y las brutalidades a las que expone a las personas que quieren acceder a la interrupción de su embarazo. Todas las violencias posibles se han ejercido contra la menor y su madre, en una cadena de vulneración de derechos garantizadas por el Estado, desde su condición humilde, los abusos sufridos, la exposición y la retención en una institución. Será un tema central en la agenda y reclamos de este año.
