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El conflicto en el puerto de Rosario va más allá de lo laboral. En el trasfondo de la situación, se desarrolla una lucha de lobbys capitalistas por su control, el más importante del país en volumen de exportación.
Actualmente lo administra el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro). Su directorio está conformado por representantes de las patronales que operan en el puerto, de la Municipalidad de Rosario y del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). El presidente del Enapro es Guillermo Miguel, designado por el gobernador Omar Perotti cuando asumió la gobernación. Cuando Miguel tomó posesión del cargo, dejó sin efecto la extensión por 25 años, hasta 2057, de la terminal multipropósito otorgado a Terminales Puerto Rosario (TPR), la actual concesionaria. Este fue uno de los primeros cortocircuitos entre Miguel y Vicentin y el holding chileno, Ultramar, dueños de TPR.
El Enapro le reclama a la empresa de capitales argentinos-chilenos que se haga cargo del mantenimiento de los muelles que explota. Según los trabajadores del puerto y otros allegados a la actividad portuaria, el puerto se cae a pedazos. Vicentin y Ultramar no quieren poner ni un peso en mantenimiento y le reclaman al Estado que sea el que desembolse el dinero. Por otro lado, TPR adeuda una considerable suma por el cánon que tiene que pagar a la provincia por el usufructo del puerto.
Entre tires y aflojes, en medio del actual conflicto por los despidos, el Enapro decide sacar de su directorio a TPR. La excusa fueron los incumplimientos antes mencionados. En cambio, ingresó un representante de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), según cuentan las crónicas periodísticas, propiciado por el propio Miguel. No es inocente esta elección. La Bolsa mantiene una disputa con Vicentin, luego de que la exportadora se declarara en default por 1.400 millones de dólares. También se sumaba Juan Manuel Ondarcuhú, dueño de Servicios Portuarios (Sepor), el grupo empresario que tiene las terminales graneleras VI y VII en la ciudad de Rosario. Ondarcuhú, es un viejo conocido del mundo portuario. El mismo fue uno de los imputados en la causa, que involucró al ex líder del Sindicato Marítimos Unidos (SOMU), Omar “Caballo” Suárez, donde fueron embargados por una cifra de 200 millones de pesos en una causa de lavado de activos. Según afirman varios periódicos, esta nueva configuración del directorio del Enapro busca darle músculo en las continuas luchas contra TPR. Tanto Vicentin como Ultramar vieron en esto una maniobra hostil a sus intereses.
En diciembre, al mismo momento que el secretario general de SUPA le reclamaba a Perotti que le remueva la concesión a TPR, Sepor desembarcó para operar en el Puerto de General San Martín, otro de los puertos importantes del Cordón Industrial. Esto fue entendido como parte de un plan para quedarse con el Puerto de Rosario.
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