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El nuevo gobierno de Netanyahu y su cohorte de religiosos pretenden liquidar el sistema judicial israelí. La Corte, frente al desafío, dobló, en principio, la apuesta.
La Corte, en lo que se califica como una “sentencia explosiva” (Haaretz, 18/1) rechazó la designación de Arye Dery, presidente del Shas, de derecha clerical, para Salud e Interior, por parte de Netanyahu. Una acordada, firmada por 10 de sus 11 integrantes, cuestiona la designación, porque Dery “acumula delitos graves de corrupción". O sea, que no puede ocupar cargos públicos.
La presidente de la Corte, Esther Hayut, “afirmó que Dery ´es una persona que ha sido condenada tres veces por delitos a lo largo de su vida´”. La Corte sostuvo que “no se debería haber permitido que Dery asumiera el cargo ya que prometió retirarse de la vida pública cuando fue sentenciado el año pasado, una promesa en la que se basó el tribunal para aprobar un acuerdo de culpabilidad por evasión y varios otros cargos junto a la fiscalía” (ídem).
La Corte sostiene expresamente “que la reforma a la Ley Orgánica del Gobierno (que habilita el nombramiento) es inconstitucional” (ídem). La decisión es trascendente porque Netanyahu pretende que el parlamento tenga el derecho de derribar sentencias judiciales que contradigan la sanción de una ley. Priva a la Corte del control de constitucionalidad. El problema: "Netanyahu sabe que no habrá gobierno si Dery es descalificado", pontificó el ministro de Bienestar, Yaakov Margi, también del Shas.
Legalmente el gobierno está acorralado. “La procuradora general Galia Baharav-Miara (que integra el sistema gubernamental) se opone al nombramiento de Dery y se ha negado a representar al gobierno de Netanyahu para pedirle al tribunal que rechace la petición” (ídem).
El ´conflicto de poderes´ amenaza no sólo la coalición de gobierno.. Como se explicó en estas páginas la reforma sacudió al establishment militar. El bloque religioso y de los colonos pretende eximir del servicio militar a los cientos de miles de religiosos. Las “ieshivás” judías equivalen a las “madrazas” del islamismo. El alto mando militar sionista teme que la reforma exacerbe las tensiones en la Cisjordania, que se rompa la colaboración de la Autoridad Palestina con el ocupante israelí y que termine desencadenándose una nueva intifada.
Detrás de la reforma judicial está el lobby sionista norteamericano afín a Trump. Según Eytan Avriel (íd, 15/1), la reforma judicial presentada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, “aparentemente fue escrita por Kohelet Policy Forum, uno de los institutos de investigación mejor financiados de Israel, que promueve políticas nacionalistas y libertarias, y está financiado por dos multimillonarios estadounidense”.
Se trata de una institución establecida hace 10 años, que “redactó la Ley del Estado-nación de 2018 y está muy activa en los avances de la legislación socioeconómica contra el salario mínimo, la vivienda pública, el control de alquileres y los derechos laborales” (ídem). Por La cuestión palestina ingresa al cuadro de la guerra mundial desatada por la Otan en Ucrania, Europa y Asia Central. El tablero de la guerra hace metástasis en todo el planeta.
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