Brasil: Lula destituye al comandante en jefe del Ejército

El general Julio César de Arruda fue destituido este sábado de su puesto al frente del Ejército brasileño. La decisión del presidente Lula da Silva fue tomada luego de dos reuniones que realizó con los comandantes de las tres fuerzas militares (Ejército, Marina y Aeronáutica) con posterioridad al asalto golpista del 8 de enero. En estas reuniones, Lula planteó que el alto mando procediera a una purga de militares bolsonaristas. Se encontró, sin embargo, con una resistencia del comandante del Ejército, designado por Bolsonaro y confirmado por el equipo de transición de Lula y, finalmente, por el mismo Presidente.

A pesar de la probada componenda del alto mando militar con los golpistas, desde el 8 de enero Lula intentó evitar lo inevitable. La intransigencia de Arruda forzó su destitución al ratificar a un mando bolsonarista en un puesto clave como jefe de un batallón en el norte del país. Al nuevo comandante designado por Lula se le señalan la colaboración con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y la amistad con el vice de Lula, Gerardo Alckmin. Se alude menos, sin embargo, a su condición de colaborador de Edgardo Vilas Boas, el jefe del ejército que derrocó ‘parlamentariamente’ a Dilma Roussef y que forzó al Superior Tribunal Federal a dictar el encarcelamiento de Lula.

Los medios califican la salida de Arruda como una “desmilitarización” del Estado. Del numeroso plantel de las Fuerzas Armadas, en retiro y activa, que pobló la administración Bolsonaro –unos seis mil militares–, se anunció el despido de 80 uniformados, que fuentes del ejército describen como una rotación de funciones. Según reveló el Washington Post, “cuando altos funcionarios de la administración Lula llegaron al cuartel general del Ejército el domingo por la noche con el objetivo de garantizar la detención de los insurgentes en el campamento, se encontraron frente a tanques y tres líneas militares” que les impidieron el paso. Conforme a distintas entrevistas realizadas a funcionarios del estado brasileño, Arruda le advirtió al ministro de Justicia, Flávio Dino, que “aquí no arrestarás a la gente”. Arruda, ratificado por Lula, fue asignado en el puesto por Bolsonaro días antes de que caducara su mandato.

Con el paso de los días, las pruebas que se acumulaban acreditando el involucramiento del Ejército en el asalto golpista ya se habían vuelto abrumadoras. Desde un comienzo, la connivencia de las Fuerzas Armadas con los acampantes bolsonaristas en las puertas de los cuarteles eran largamente conocidas. La llegada de decenas de micros los días previos al asalto se llevaron a cabo a la luz del día y a la vista de las fuerzas represivas. En una reciente entrevista con GloboNews, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se quejó de que ninguna de las numerosas agencias de inteligencia con que cuenta el Estado le advirtió acerca de los ataques.

La interventora de Brasilia, la bolsonarista Cecilia Leao, designada por Tribunal Federal de Justicia (luego de la suspensión del gobernador electo Ibaneis Rocha por su complicidad con los golpistas), aseguró que el Ejército le impidió a su gobierno el desalojo de los acampantes que se encontraban en las puertas de los cuarteles reclamando un golpe. Un diputado bolsonarista, Carlos Victor de Carvalho, fue detenido acusado de haber financiado la asonada golpista. El abogado de Bolsonaro hizo una defensa acérrima del golpe del 8 de enero. En un texto emitido esta semana, aseguró que el asalto a Brasilia fue protagonizado por “movimientos sociales espontáneos realizados por la población”.

La intransigencia de Arruda contra cualquier ofensiva anti-golpista se reveló con su negativa a anular el nombramiento de uno de los militares más allegados al ex presidente Jair Bolsonaro: el teniente coronel Mauro Cid. Este personaje fue un colaborador estrecho del gobierno de Bolsonaro y su nombramiento para el 1er Batallón de Acciones y Comandos, se haría efectiva en el mes de febrero. Cid es además investigado por la justicia por corrupción. Arruda se negó a anular su nombramiento y, según O Globo, aseguró que no aceptaría una orden de captura contra él.

Arruda hizo que su destitución fuera inevitable. Algunos medios aseguran, sin embargo, que las destituciones de Lula, incluida la del jefe del Ejército, están lejos de una “desbolsonarización” de las Fuerzas Armadas. Entrevistada por los medios, la investigadora del Instituto de Ralaciones Internacionales y Defensa de la Universidad de Río de Janeiro, Adriana Marques, aseguró que las medidas “son insuficientes” debido al profundo arraigamiento del golpismo tanto en el ejército como en la policía brasileña. Con las destituciones realizadas hasta el momento, aseguró, “Lula no fue mucho más allá de lo previsto” y sostuvo que “las destituciones no han reducido la enorme autonomía que tienen los militares en Brasil, mucho mayor que en otras democracias”.

El punto es que la llamada “desmilitarización” de Lula lleva a que los militares destituídos de ciertas funciones del Estado, al ser muchos de ellos militares activos, volverán a ocupar cargos en sus puestos originales en la Fuerzas Armadas. Los golpistas que Lula saca por la ventana entran por la puerta del Ejército. Es el caso del propio Cid, que, de no ser asignado a su nuevo puesto, seguirá fungiendo como teniente general del Ejército. Las Fuerzas Armadas tienen, además, una poderosa influencia en la elección de ministros, como es el caso del Ministro de Defensa, Flávio Dino.

El golpismo en Brasil abarca, por otra parte, a numerosas instituciones y partidos brasileños, todos con fuertes lazos con el Ejército. Es el caso de la oficina de la Dirección de Seguridad Institucional (GSI, según sus siglas en portugués). Una investigación del diario Estadao reveló que el viernes anterior al ataque se había dado la orden de reforzar la seguridad de toda la zona del gobierno federal. Sin embargo, 20 horas antes del asalto, esa Dirección despidió por escrito al pelotón especializado de 36 hombres del Batallón Guardia Presidencial, que constituye la principal defensa en la zona. A la hora de los ataques del domingo, sólo existía una guardia normal, desprovista de los equipos adecuados. Un audio enviado por una de las asaltantes al Planalto explica cómo el Ejército alertó a los asaltantes acerca de cuándo debían retirarse para no ser atrapados por la intervención federal ordenada por Lula. Luego, en los mismos audios, relataba cómo el Ejército los “protegió y reguardó” en el Cuartel General de Brasilia.

Los medios revelaron que una cantidad numerosa de los detenidos en la asonada golpista pertenecen a distintos partidos de la derecha asociados al bolsonarismo; muchos de ellos fueron candidatos para las últimas elecciones. El partido de Bolsonaro, el Partido Liberal (PL), aseguró que abrió procesos internos y que expulsará a los miembros que “comprobadamente” cometieron actos violentos. En los últimos días se produjeron expulsiones de afiliados en varios partidos como el PL, Ciudadanía, el PTB, Republicanos, PSD y PSDB. Sin embargo, el diario Folha de Sao Paulo aseguró que ninguno de los dirigentes de peso que tuvieron implicancias en la asonada golpista fueron sancionados, “ni siquiera los tres diputados electos que se convirtieron en objeto de una solicitud de investigación por parte de la Fiscalía General —André Fernandes (PL-Ceará), Clarissa Tércio (PP-Pernambuco) y Silvia Waiãpi (PL-Amapa)”.

El diario destaca que “el Consejo de Ética de la Cámara tampoco recibió ninguna denuncia contra parlamentarios que hayan alentado actos extremistas”. Distintos parlamentarios del PT y otras fuerzas aliadas firmaron solicitudes para crear una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI). Sin embargo, el mismo Lula se ha bajado de esta posibilidad. En la entrevista con GloboNews, Lula explicó que la decisión recae en el Congreso, pero que, de ser consultado ante esta posibilidad, recomendará tanto a sus legisladores como al resto de las fuerzas que no apoyen una iniciativa de este tipo. Una líder opositora, la senadora Soraya Thronicke (União-MS), denunció en sus redes sociales la resistencia del gobierno de Lula a apoyar al CPI. Un día después de los atentados, los legisladores del PT habían presentado una solicitud para que se instalara en el Congreso una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación integrada por diputados y senadores. Ahora, el propio líder de la bancada del PT, Zeca Dirceu, se bajó de la iniciativa, asegurando que “el Congreso necesita unidad ahora para enfrentar a los golpistas y terroristas”. Lula advierte la inconveniencia de una investigación parlamentaria controlada por una mayoría de derecha, y deposita sus expectativas en el Poder Judicial. En una reunión con los comandantes en jefe de las tres armas reclamó que las Fuerzas Armadas sancionaran a los cómplices de la conspiración golpista, en clara contradicción con la responsabilidad que les adjudicó en la entrevista de la red Globo.

Los dirigentes del partido del Bolsonaro advirtieron que una comisión parlamentaria implicaría en la investigación del golpismo a los ministros de Justicia, Flávio Dino, y de Defensa, José Múcio, con vínculos con el alto mando, pero que gozan del firme respaldo de Lula. El diputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) se encuentra recogiendo firmas en la cámara para establecer un CPI contra Flávio Dino. En la solicitud se destaca que el ministro tenía “un conocimiento previo y privilegiado” del ataque golpista. Los medios tampoco olvidaron de remarcar las conexiones de la ministra de Turismo, Daniela Carneiro, con las bandas narcos bolsonaristas de la Baixada Fluminense (Río de Janeiro).

Por el momento, la responsabilidad de la investigación la tiene el Tribunal Superior de Justicia. El ministro del Tribunal, Alexandre de Moraes, ordenó la detención de Anderson Torres, ex Ministro de Justicia de Bolsonaro y encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Brasilia al momento de la asonada golpista. También determinó la detención del ex comandante de la Policía Militar del Distrito Federal, Fabio Augusto Vieira. Por otra parte, incluyó a Bolsonaro en la lista de investigados por el asalto del 8 de enero. El Tribunal Supremo ha sido el más activo en la tarea de desarticular las conspiraciones del bolsonarismo; esto luego de haber sido el que proscribió a Lula en 2018, bajo la presión del alto mando del Ejército.

Algunos medios de comunicación han cuestionado la “extralimitación” del ministro Moraes, quien suspendió al gobernador de Brasilia, Rocha Ibaneis, lo cual fue calificado como una “medida inédita” por parte de la Justicia. “Es la primera vez que un magistrado aparta de su cargo a un jefe del Ejecutivo estatal sin una solicitud al efecto”, asegura la Folha de Sao Paulo. Moraes afirmó que la suspensión del gobernador “es necesaria para evitar que destruya pruebas”. Folha sostiene que “en la práctica, el respaldo de los demás magistrados del STF a la decisión de Moraes establece la jurisprudencia en el tribunal de que cualquier ministro puede, solo y sin ser provocado, apartar de su cargo a un gobernador elegido por la mayoría de la población de una unidad de la federación”. Los dos miembros que fueron nombrados por Bolsonaro se pronunciaron en contra de las decisiones de Moraes.

La crisis política está más abierta que nunca, cuando aún no se ha cumplido el mes de la asunción de la Lula. El golpe que no fructificó el 8 de enero se tomó, sin embargo, su revancha en la reciente semana. El empresario Paulo Skaf, un bolsonarista, reunió un números elevado de votos para destituir al presidente Alencar de la Federación de Industriales de Sao Paulo – un lulista, hijo del fallecido vicepresidente de Lula, José Alencar, un empresario textil, abiertamente de derecha.

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