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Desde el día de ayer, a horas de la tarde, la Unidad Piquetera (frente de organizaciones sociales integrado por el Polo Obrero oficial, Barrios de Pie y el MST-Teresa Vive) sostuvo un acampe en la Avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo. Esta acción, según informaron, es parte de un plan de lucha contra las 160.000 bajas del programa Potenciar Trabajo. Denuncian también demoras en la entrega de alimentos y el atraso de los montos de las asignaciones ante la inflación. En su documento detallan que “los 21 productos prometidos hace años por este mismo gobierno, muchos de los proyectos presentados para la continuidad o apertura de proyectos de trabajo autogestionado, siguen sin salir”.
El acampe ha sido la respuesta a una serie de incumplimientos sistemáticos que lleva hace casi un año el Ministerio de Desarrollo Social contra las organizaciones de la UP. Un “acampe por tiempo indeterminado”, anunciado a fines de diciembre, fue levantado debido a una nueva promesa por parte del Ministerio. Este nuevo acampe fue anunciado también “por tiempo indeterminado”. El mismo fue levantado el día de hoy, sin respuestas por parte del gobierno.
La ministra Victoria Tolosa Paz ratificó su decisión de no dar marcha atrás con las 160.000 bajas y negó que se haya discontinuado la entrega de mercadería, como denunciaba la Unidad Piquetera. Al ser consultada en una entrevista radial sobre la protesta comentó que las organizaciones de desocupados “estuvieron muy acostumbradas desde 2015 a 2019 a doblarle la muñeca a quien estuvo sentado en el Ministerio de Desarrollo Social”. Y lanzó una serie de acusaciones de carácter macartista. Aseguró que “un sector de la Unidad Piquetera, para hacer política y para posicionarse en un año electoral, utiliza a la gente más pobre”. Es, sin embargo, lo que hace Tolosa Paz y sus compinches, ante el brutal drenaje del voto popular al peronismo.
Mientras Tolosa Paz deslegitimaba los reclamos y las acciones de lucha, la UNICEF (basándose en los datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC) anunciaba que, en el primer semestre de 2022, el 51,5 % de las niñas y niños viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica; es decir, se encuentran bajo la línea de pobreza.
Pero otra cosa sucedía también mientras Tolosa Paz afirmaba que los cortes eran sólo para “hacer política”. En el barrio de Lugano cientos de familias cortaron la autopista Dellepiane por la falta del suministro de luz de varios días. Al igual que el gobierno nacional, el gobierno de la Ciudad no recibió ni ofreció solución alguna a los vecinos del barrio. Finalmente desplegó un gigantesco operativo policial para reprimir el corte.
Desde todas las tiendas de la burguesía han partido denuncias contra la ‘permisividad’ con los acampes. En especial del peronismo. La incitación a usar las Taser como herramienta ‘no letal’ para reprimir, apunta en esta dirección y al conjunto de la clase obrera. El gobierno replica que la política del desgaste le ha dado resultado.
Por otra parte, Fernanda Raverta, directora de ANSES, ha impuesto una nueva incompatibilidad con el Potenciar Trabajo, que entrará en vigencia en marzo del 2023. En este caso, el cruce es con el SUAF (Sistema Unico de Asignaciones Familiares) que brinda la asignación familiar por hijo a aquellos beneficiarios cuyas ex parejas son trabajadores en relación de dependencia, a cargo de menores de 18 años o discapacitado en el grupo familiar. Este cierre del ‘SUAF por embargo’ está comenzando a impactar, particularmente en las jefas únicas de familia que contaban con esos ingresos.
Durante el último mes, diferentes organizaciones colocaron el problema de la actualización de datos (ex-“auditoría”) que deben realizar los titulares del Potenciar Trabajo. Esta actualización no contempló a una cantidad de compañeros que no tenían posibilidad de realizarla por carecer de conectividad, y a los que el Ministerio no ofreció ninguna alternativa, como fuera una modalidad presencial. Las oficinas del Ministerio llamadas CDRs (centros de referencia) donde deberían acercarse los beneficiarios son insuficientes, no tienen conectividad o se encuentran cerradas.
La información brindada es que el padrón con la liquidación de los planes sociales para el mes de marzo ya fue enviado. Y que las suspensiones continúan, mientras corre el plazo de 30 días para llevar adelante el reclamo para los que se encuentran aún en proceso de validación. Tolosa Paz afirmo que ahora “cambiaron las decisiones políticas” y que “no somos el ministerio de los piqueteros”. Los dirigentes de las organizaciones sociales integradas al Estado (Grabois, Pérsico, etc.) apoyan los recortes y anunciaron que esperan que esos fondos se mantengan “en el circuito”; es decir, que sean redirigidos a las cooperativas de las organizaciones oficialistas. La integración de estas organizaciones al Estado las ha colocado como promotoras del ajuste.
En el acto de cierre, los referentes de la UP anunciaron la convocatoria a un plenario piquetero para el mes de marzo, para definir nuevos planes de lucha.
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Piquetes contra las 160.000 bajas en planes sociales Por Leonardo Perna, 05/02/2023.
Fin de año del movimiento piquetero Por El Be, 28/12/2022.
