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El congreso extraordinario de AGMER del pasado jueves 16 de febrero, celebrado en Villaguay, rechazó la propuesta de actualización salarial que había realizado el gobierno de Bordet el martes 14.
El incremento propuesto consistía en un 18% con el salario de marzo (a cobrar en abril), y un 10% con el de junio (a cobrar en julio). Es decir, se ajustaba disciplinadamente al techo del 60% anual que quieren imponer Massa y Fernández, cuando la proyección anual de la inflación del 6% de enero ya arroja un piso del 100%.
La propuesta de “una paritaria salarial semestral”, planteaba volver a abrir la paritaria recién en julio, una vez conocidos los índices de inflación del mes de junio, es decir, con suerte, cobrar una tardía actualización en agosto. El paquete también incluía un incierto compromiso de convocar una reunión anticipada “si la inflación durante los primeros meses del año supera el aumento propuesto”.
Como decimos en nuestro Manifiesto de la docencia en el inicio del año escolar, la ‘revisión permanente’ significa la aceptación del planteo de Massa, que es arrancar con el aumento que ofrece el gobierno, iniciar las clases, y ver qué pasa después. Esto es dar un voto de confianza al gobierno del FMI. No plantea lo fundamental, que es devolver el poder adquisitivo perdido al salario básico y las categorías subsiguientes.
En el caso de Entre Ríos, al 10% del salario que perdimos en 2022, debemos agregar un 16% que el propio gobierno reconoció que adeuda desde la paritaria 2020, pero que la conducción de AGMER parece haber dejado en el olvido. Por otra parte, el salario del cargo inicial docente está en $102.000, uno de los más bajos del país, por lo que necesitamos un aumento de emergencia de $180.000 para alcanzar la canasta familiar, todo al básico y de una sola vez.
Fue la propia conducción de AGMER quien planteó en la paritaria que la pauta de incremento salarial 2023 arranque desde febrero. Con total liviandad, y sin ningún mandato para ello, imponen a la docencia la pérdida del 6% en el poder adquisitivo producto de la inflación de enero.
La manifiesta voluntad de las bases obligó a la conducción provincial a rechazar la propuesta. La seccional Paraná había llevado al congreso el mandato de 48hs de paro, pero en Villaguay no se resolvió ninguna medida de fuerza. El congreso provincial decidió sin embargo “exigir al gobierno una nueva propuesta, no más allá del 22/2, que garantice superar la inflación acumulada cada mes”. Es decir, plantean seguir manteniendo el salario docente apenas por encima de la línea de indigencia y debajo de la canasta de pobreza, pero, eso sí, actualizado.
Lo insólito de la resolución del congreso de AGMER, es que tal como dice la cédula que el gobierno envió al sindicato y que la propia conducción colgó en su página, se dejó sin efecto la convocatoria prevista para el día viernes 17/2/23, y se fijó para el miércoles 22, después del feriado de carnaval, por pedido expreso de los sindicatos.
Es decir, no podría ser más evidente la intención de la burocracia de dilatar los plazos, para forzar una votación y una aceptación sobre el inicio de clases, que en Entre Ríos está previsto para el lunes 27 de febrero.
Mientras tanto, en la ciudad de Paraná ha estallado una autoconvocatoria de la Escuela Normal, dependiente de la UADER, en proceso de desmembramiento y nacionalización, en reclamo por el cierre de cursos debido al recorte presupuestario.
Es a partir del método de las autoconvocatorias que debemos desarrollar el planteo del no inicio de clases, el paro por tiempo indeterminado y la huelga general, para conseguir un salario equivalente al costo de la canasta familiar, la creación de cursos, horas y cargos que hacen falta, y la titularización inmediata de todos los docentes de la UADER, frente al riesgo de pérdida de puestos de trabajo que implica la nacionalización.
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