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CTERA y otros sindicatos docentes nacionales firmaron la paritaria nacional sin mandato de los afiliados ni de los docentes. El salario mínimo, de $90388, se incrementará un 17,5% en marzo, un 8% en mayo y otro 8% en julio. Este 33,5% en cuotas para la primera mitad del año se encuadra en la pauta del Presupuesto 2023 de Massa, que pretende encorsetar las paritarias en torno a un 60% anual. Luego de los datos de enero, el índice general de los precios para todo el año superará el ciento por ciento.
Los ítems no remunerativos, ‘en negro’, el FONID y ‘Conectividad/Material didáctico’, subirían a $15186 en marzo y $16154 en julio. Aun después de marzo, el salario estará, de todos modos, por debajo de la canasta de pobreza difundida por el INDEC para el mes de enero de 2023 - $163539. La docencia seguirá, entonces, con salarios iniciales de hambre, forzada a trabajar un mínimo de doble cargo para abandonar la línea de pobreza.
CTERA, a sabiendas de que numerosos docentes son alcanzados por el impuesto a las ganancias, logró que queden fuera del cálculo los ítems específicos de la función docente (material didáctico, movilidad, FONID, conectividad, complemento jerárquico, etc.) que son, en su mayoría, no remunerativos. La docencia pagaría menos ganancias a costa de cobrar salarios en negro, lo cual es una clara extorsión contra el traslado de todas las remuneraciones al básico, que sirve de cálculo para la jubilación.
Acta de la vergüenza
En su parte introductoria el acta enumera todo lo que se ha invertido en el último tiempo según gobierno, sindicatos y patronales privadas de la Educación. Pasando en limpio, no se ha construido una sola nueva escuela, la canasta escolar es alcanzada por los inexistentes ‘precios justos’, no se entregaron en forma netbooks en al menos 10 provincias del país y al menos un 20% de los establecimientos todavía no tiene internet, solo esto según el acta. El gobierno había reconocido, hace pocos días, que la crisis educativa es tan profunda que genera una deserción masiva que debería oficializarse eliminando la repitencia. Luego de conocerse que el Estado no cumple con la pauta de financiamiento del 6% del PBI, la burocracia pidió en esta paritaria que esta cifra suba al 8%. Es la misma burocracia que apoya el plan del FMI, que en 2022 impuso un corte cercano al 20% de los gastos públicos.
El acta destaca la extensión a 5 horas en las primarias del país. Se vuelve a mencionar un ‘convenio colectivo’ que la burocracia ya comenzó a debatir en forma clandestina.
Los jubilados docentes siguen siendo los más afectados por estas paritarias. Luego de años de actualizaciones semestrales para quienes cobran por ANSES, ahora se harán en forma trimestral solamente, con un incremento retroactivo en enero de este año. Los aumentos en negro no se consideran, por supuesto, para el incremento de las jubilaciones.
La paritaria fue “celebrada” en la ‘mesa política’ del Frente de Todos, porque plantea un inicio de clases “sin conflicto”.
Esta paritaria es un fraude: necesitamos un aumento de emergencia al básico para recuperar lo perdido y un salario minino, por jornada, que sea equivalente al costo de la canasta familiar, indexado por inflación. En numerosas provincias la docencia ya expresó su rechazo a los techos paritarios, como en Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz.
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