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A inicios de febrero se reanudó el juicio por el asesinato de Blas Correa, un joven de 17 años que en la madrugada del 6 de agoste de 2020 fue víctima de gatillo fácil a manos de la policía de Córdoba. Se encuentran en el banquillo de los acusados 13 efectivos policiales, 2 acusados de ser los autores materiales del crimen, que enfrentan la pena de prisión perpetua, y 11 acusados de encubrimiento y manipulación de la escena del crimen, que enfrentan una pena de entre 5 y 6 años de prisión e inhabilitación por 10 años. El miércoles 22 de febrero se produjeron los alegatos de los fiscales.
Lo más resonante en el transcurso de los alegatos es la solicitud del fiscal de investigar a las altas cúpulas de la policía de Córdoba: al ex comisario Gonzalo Cumplido, al ex subsecretario de coordinación y planificación estratégica Lucas Mezzano y al ex ministro de seguridad de la provincia Alfonso Mosquera. (Cadena 3, 24/02).
El gatillo fácil es el resultado de la degradación del Estado capitalista. El aparato represivo del estado recrudece su accionar a medida que se agudizan las crisis sociales y económicas – hay una avanzada de la legislatura hacia la criminalización de la protesta social. Es indudable que en un año electoral el gobierno de Schiaretti se enfrenta a un derrumbe político sin precedentes. La organización de la clase obrera debe ser la tarea fundamental para defender la propia vida; ya sea en las barriadas, fábricas, lugares de estudio y de trabajo en general contra la represión, la brutalidad policial y el asesinato de la juventud. El juicio por el asesinato de Blas es el hecho que saca a la luz el carácter corrupto y asesino del propio aparato del estado.
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