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La reducción de los montos de fondos de coparticipación, y la demora en los envíos de los destinos, ha desatado una crisis entre los jefes comunales y el gobernador.
El intendente de Azul, Bertellys, ha declarado la emergencia financiera de municipio en plena crisis del Covid 19. No solo peligra el cobro de sus salarios de los 1.800 trabajadores -en su mayoría contratados-, sino que se ha agudizado el desfinanciamiento del hospital municipal. Según el secretario de gobierno, Alejandro Vieyra, lo que habría desatado la emergencia económica fue la reducción del cobro de las tasas.
El municipio carga con una deuda pública de $238.000.000, que representa algo más del 10% del presupuesto. Para el ejecutivo, sin embargo, el desequilibrio fiscal del mes de marzo fue motivo suficiente para anunciar el remate de capitales municipales, vehículos y bienes inmuebles, “reasignación de los recursos humanos para una mayor productividad”, reducción de costos y la “racionalización de programas municipales”.
La crisis del Covid 19 encuentra a las cooperadoras de los hospitales pidiendo donaciones, a médicos y enfermeros juntando monedas para comprar las herramientas adecuadas. Según una denuncia publicada en “El Central de Azul” extranjeros de países sumamente afectados por la pandemia (EEUU, Israel, Brasil) han pasado sin controles por la planta Azul Natural Beef. La denuncia anexaba la demanda de los operarios ante la falta de jabón, alcohol en gel, agua caliente para la limpieza de botas y elementos del uniforme, como así también, de lavandina para la limpieza de los suelos y superficies. Por otro lado, se planteaba que las condiciones edilicias de la planta no cumplen con la disposición y la distancia entre los trabajadores. La situación de la ciudad es explosiva.
El programa mínimo es: protocolos de seguridad e higiene votados en asambleas, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, apertura de los libros contables del municipio. Ningún despido y el pase a planta de los trabajadores municipales bajo convenio, con un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.
