Cómo las patronales de la salud hundieron la Ley de Residencias

Luego de la marea blanca de huelgas que el año pasado tuvo a los trabajadores de la salud, y en particular a las residencias, como protagonistas, el Poder Ejecutivo había incluido un proyecto de Ley sobre el “Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud” en el temario a tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso. Las rupturas que se precipitaron en el bloque del Frente de Todos en el Senado finalmente hicieron que estas sesiones naufragaran, al no reunir el quórum necesario. El debate en torno a las residencias, sin embargo, quedó expuesto en un intercambio que organizó la Comisión de Salud del Senado. Así, quedaron retratados los actores e intereses sociales que se esmeraron por el hundimiento del proyecto.

La mesa de debate en torno a las residencias inició con un tétrico informe del Ministerio de Salud. “En diez años, Clínica Médica y Medicina General y Familiar no van a tener más residentes, van a desaparecer”, afirmó Emiliano López, director de Talento Humano. Históricamente, el ingreso a las residencias implicaba una dura competencia entre los recién graduados de las carreras de la salud por las escasas plazas disponibles. En el último año, quedaron centenares de cargos vacantes: la cobertura alcanzó solo el 84% en CABA, 72% en Nación y 50% en provincia de Buenos Aires. En especialidades críticas como Pediatría, Terapia Intensiva, Clínica, Cirugía y Tocoginecología, estos guarismos se desploman. En el área de atención primaria, Medicina General solo cubrió el 25% de sus vacantes.

De acuerdo a encuestas y reuniones organizadas por el Ministerio de Salud, entre las causas de este derrumbe del sistema de residencias se ubican la escasa o nula formación y supervisión que reciben los residentes, muchas veces a cargo de profesionales de planta colapsados que no reciben capacitaciones ni una remuneración especial por abocarse a dicha tarea; un ambiente de trabajo con infraestructura deficiente y donde abundan las situaciones de maltrato y violencia; un régimen laboral donde están ausentes derechos elementales, con salarios bajos, jornadas interminables, falta de licencias y guardias sin descanso. La excepción a esta regla de “progresiva extinción” de las residencias son especialidades como Cirugía Plástica, donde el lucro capitalista incentiva la captación de ingresantes.

Las propuestas del gobierno frente a semejante panorama fueron más que tibias, casi heladas. En el plano formativo, “modernizar” los programas de acuerdo a los conceptos mercantilizadores en boga de “educación permanente” y “basada en competencias”, articulando las residencias con posgrados de especialización universitaria (pagos). En relación a las violencias, establecer “protocolos”. En cuanto al régimen laboral, el gobierno propuso sustituir la noción de “beca”, presente en la vigente Ley 22.127 sancionada por Videla en 1979, por la de “formación en el trabajo”, colocando un límite al número y extensión de las guardias (dos guardias de 12 horas por semana) y estableciendo el derecho a contar con ART y aportes previsionales. Este último punto hizo estallar la reunión.

Cierto es que estos ítems ya figuran en la mayoría de las leyes provinciales y distritales vigentes que reglamentan el subsistema público. Los aportes previsionales, por ejemplo, se pagan en CABA desde los años ’90 y en Nación y las provincias comenzaron a contemplarse en los últimos años. El límite a las guardias ya figura en las reglamentaciones, aunque muchas veces no se aplica por falta de personal. Sin embargo, los hospitales y clínicas privadas, presentes en la convocatoria del Senado, pusieron el grito en el cielo y amenazaron con retirarse. El vocero que eligieron las patronales de la salud no fue un médico, sino un contador, Jorge Pedro Cherro, presidente de ADECRA (asociación de clínicas, sanatorios y hospitales privados), que afirmó que el proyecto era “inviable”.

El contador expuso que “mutar la naturaleza no laboral hacia un contrato de trabajo implica la asunción de mayores costos”. Cherro se mostró solidario afirmando que esto no sería solo un problema “para las instituciones, sino también para los residentes, por las contribuciones a la seguridad social”. Esta cuestión ya había aparecido el año pasado, cuando la decisión del gobierno de Kicillof de comenzar a abonar los aportes previsionales redundó en una rebaja del salario de bolsillo, lo que detonó una huelga de residentes en toda la provincia de Buenos Aires. Cherro añadió que esta reglamentación iba a generar una “desmotivación” en el sector, provocando que los privados retiraran su oferta formativa del sistema de residencias, lo que agravaría la presente crisis.

Estos “mayores costos” serían absorbidos por el Ministerio de Salud en el sistema público. “Pero, ¿quién paga la fiesta en el sistema privado?”, se preguntó Cherro. “Acá deberían estar sentados los que tienen la plata en la billetera, que son el PAMI, las obras sociales y la medicina prepaga, que son quienes contratan nuestros servicios y deberán abonar aranceles superiores”. Marcelo Kaufman, presidente de Cedim (cámara de entidades de diagnóstico y tratamiento ambulatorio), añadió que el problema “es multicausal, no es solo de los residentes, las instituciones se están quedando sin médicos formadores”. Mario Lugones, presidente del Sanatorio Güemes, insistió en que “el sistema no da para mayores costos”.

Por su parte, Marcelo Figari, rector del Instituto Universitario del Hospital Italiano, planteó que no se puede pensar el problema desde el “marco chico” del plano laboral: “allí donde este régimen laboral ya existe, como el sistema público, los cargos quedan vacantes igual”. En consecuencia, Figari propuso un rediseño general del marco formativo: “si uno mira al exterior, debería pensar en carreras universitarias más cortas, con títulos no habilitantes, que permitan realizar una residencia, que debería ser la única vía de acceso a la condición habilitante y al título de especialista”. Sergio Solmesk, rector del Instituto Universitario del Cemic, apoyó calurosamente la propuesta, postulando “una carrera de medicina de 4 años, con título habilitante posterior a la especialización”.

Quedó así esbozado un programa de degradación de las carreras universitarias y de descalificación de sus títulos, que convertiría a los graduados en residentes compulsivos. Una forma que garantizaría que se llenen los cupos, sin tocar “costos” ni condiciones de trabajo. Los senadores del Frente de Todos impulsores del debate, Pablo Yedlin (Tucumán), Silvia Sapag (Neuquén) y Guillermo Andrada (Catamarca), se mostraron contemporizadores con estos planteos y buscaron tender un puente con la cámara empresarial: “si no hay cambios habrá más conflictos con los residentes, nos vamos a quedar sin médicos y perdemos la rectoría del sistema”. Yedlin fue incluso más allá y aceptó que “el modelo ideal es parecido al español, con título habilitante otorgado por el posgrado, quizás es el sistema que la Argentina debería plantearse”. Alcoyana-alcoyana.

“Queremos una ley con el acuerdo de todos”, cerró Yedlin. Quedaron así al desnudo las limitaciones insuperables del proyecto oficialista: un régimen laboral de “pseudo-derechos” que conviven con el derrumbe del salario, de las condiciones de trabajo y del propio sistema de salud, de un lado, y la coincidencia estratégica con el programa privatizador de las patronales de la salud y el compromiso de fierro de resguardar sus intereses, del otro. El movimiento de residentes y concurrentes debe tomar nota del hundimiento del proyecto oficial, para retomar la iniciativa independiente y postular una salida al derrumbe sanitario en sus propios términos, a partir de la defensa de los intereses de sus trabajadores y usuarios.

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