“Boletín conceptual”: un ataque a la formación académica y mayor flexibilización del trabajo docente

El Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires ha dejado firme la actualización del régimen académico para la escuela secundaria, que impacta sobre un total de 1,6 millones de estudiantes del nivel.

Consta de dos cuatrimestres anuales para calificar y evaluar las materias del nivel secundario. El gobierno también mantendrá el método de calificación RITE (Registro Institucional de Trayectorias Educativas), que es un boletín que combina calificaciones "conceptuales" con las numéricas. Se evalúa con TEA (Trayectoria Educativa Aprobada), TEP (Trayectoria Educativa Pendiente) y TED (Trayectoria Educativa Discontinua). También seguirán los “períodos de intensificación” para recuperar los contenidos que no fueron acreditados durante el año. Se reemplazan las mesas de examen por clases de apoyo a los estudiantes que no concretaron los objetivos académicos. Este conjunto de medidas se había tomado de manera excepcional durante la pandemia del covid, pero ahora quedan formalmente reglamentadas de aquí en adelante.

Esta iniciativa, debatida en la sesión de este lunes 10, llega después del fracaso del gobierno por intentar imponer el proyecto que establecía prácticamente la eliminación de la repitencia en el nivel secundaria, con la posibilidad de ampliar hasta 16 el número de materias previas para pasar al año siguiente. Se contemplaba, según ese esquema, acumular asignaturas pendientes incluso de varios ciclos.

La base de estas modificaciones, según las autoridades son la de “reducir los índices deserción” en el sistema educativo. Desde la Dirección General de Escuelas admiten que de cada 10 chicos que ingresan al secundario, seis terminan en tiempo y forma; dos tardan más de lo previsto y otros dos abandonan. Son datos que retratan el fracaso de las políticas educativas de este gobierno y de los anteriores.

Ninguna de estas medidas fue puesta a consideración con los actores principales, los trabajadores de la educación. La burocracia de los sindicatos tampoco ha convocado a una deliberación sobre el punto y le ha dado el aval a esta medida gubernamental sin ningún mandato de la docencia.

La reforma aprobada apunta a profundizar el vaciamiento de la enseñanza. A través de evaluar conceptualmente, en desmedro de la evaluación numérica, que según los popes del progresismo sería "estigmatizante", se pretende ocultar el cuadro de crisis por el que atraviesa la escuela pública. En documentos oficiales se ha llegado a hablar de que las mesas de exámenes representan una "tortura" (sic) para los estudiantes.

Lo que se busca es la descalificación de los títulos porque al futuro egresado le espera un mercado laboral absolutamente precario, de contrato temporal, etc. donde ya no hace falta un trabajador con una formación integral. De los últimos 600 mil nuevos puestos de trabajo que se crearon, 300 mil son monotributistas. En definitiva, la enseñanza para obtener una mano de obra más barata que pueda ser superexplotada por las patronales.

Por otro lado, la reforma avanza en la flexibilización del trabajo docente, que debe seguir "intensificando" a estudiantes de años anteriores, durante el propio ciclo lectivo corriente. También se exigen informes escritos bimestrales, alargando aún más la jornada laboral de un docente que, como consecuencia de salarios miserables, debe trabajar hasta tres cargos para llegar a fin de mes. El trabajo pedagógico en la mayoría de los casos se realiza en aulas superpobladas y con prácticamente nulos recursos tecnológicos y educativos. La infraestructura escolar, como sabe todo el mundo, es desastrosa. Desde inspección se presiona a los docentes para que "hagan pasar" a los estudiantes y cuando se refleja el derrumbe educativo en las planillas de calificaciones, automáticamente todos los focos se dirigen hacia la responsabilidad del docente.

Lejos de atacar el problema de la “deserción escolar”, la reforma del régimen académico representa un ataque contra la formación de los estudiantes. Busca flexibilizar las condiciones de acreditación de las materias para ocultar el derrumbe de la educación pública como parte de la quiebra de un régimen social en su conjunto. Seis de cada 10 niños viven en situación de pobreza. El gobierno viene ajustando el presupuesto educativo para satisfacer las necesidades del FMI y los tenedores de la deuda interna y externa.