Grave ataque de Acuña y Larreta contra las familias por las tomas de colegios

El pasado 11 de abril llegó, al domicilio de una familia de la EEM N°3 DE7 Osvaldo Pugliese, la cédula judicial que confirma la decisión de Soledad Acuña y Horacio Larreta -y su Justicia- de avanzar en la causa contra las familias que acompañaron a los estudiantes secundarios en las tomas realizadas durante la última semana de septiembre 2022.

Las tomas de los colegios secundarios fueron la conclusión de un proceso de debate y organización del movimiento estudiantil, luego de una década de reducción de presupuesto educativo y ante el derrumbe literal de los edificios y la estructura escolar. La presencia de las familias de los y las estudiantes en las tomas se dio en el marco de discusiones asamblearias entre toda la comunidad educativa, rasgo importante de destacar, y ante la constante amenaza policial (incluyendo móviles de civil pertrechados que recordaban otros tiempos) que se ejercía sobre los menores para desalojarlos de los edificios, sobre todo en horarios nocturnos.

En total, el Ministerio anunció en octubre pasado la cifra de 366 adultos denunciados penalmente a los cuales se les cargaría la deuda de unos 50 millones de pesos (más indexación por inflación), lo que equivaldría para el Estado de la Ciudad la cobertura del gasto por la semana “sin clases”.

“Sin clases”

Si bien el proceso de tomas fue heterogéneo, la dinámica de las mismas fue similar: una gran organización de toda la comunidad educativa que colocó durante esa semana de septiembre su propia agenda de reclamos. Desde el año 2014, el presupuesto educativo de CABA ha padecido recortes casi ininterrumpidamente, sufriendo su pico -hasta el momento- en el año de la pandemia (-15,6 %) (DiarioAr, 24/10/2022). Los cálculos de reducción del presupuesto 2023 son del 15,5 %, porcentaje tomado con respecto al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que “calcula” una inflación del 85.2 % interanual para este período. Es decir, la caída del presupuesto educativo está atada a la caída de la moneda, y aún es incalculable.

Pero el recorte no es azaroso. Un 35,3 % de ese ajuste está íntegramente destinado a la Gestión y Asignación de Becas a estudiantes, es decir, a desintegrar el miserable sistema de acompañamiento económico que el Estado realiza sobre los estudiantes y las familias para “garantizar” la escolaridad. Una parte sustancial de la discusión en las tomas la llevó el sistema de becas, donde los estudiantes denunciaban el mal estado de la alimentación que reciben dentro de los establecimientos (alimentos pagos por el Estado a una concesionaria que ya ha recibido innumerables reclamos) y la insuficiencia de las becas que sostienen -en miles de familias- el transporte o los elementos indispensables para la asistencia escolar.

Durante la semana “sin clases”, diferentes asambleas realizaron actividades dentro y fuera de los establecimientos, desde clases públicas hasta actividades de contención (es menester recordar que la adolescencia ocupa altísimos porcentajes de suicidios, lesiones o trastornos desde la pandemia en adelante), siendo los y las estudiantes quienes abordaban las problemáticas con la claridad que confiere ser el personaje principal de este desastre. Son ellos y ellas quienes conocen en profundidad el tiempo “sin clases” que transitan por los establecimientos con problemas eléctricos, con ausencia de calefacción o de refrigeración, con comida en mal estado o cielorrasos que caen sobre sus cuerpos (como ocurrió el mismo día 11 en la escuela N°15 de San Cristóbal), o se exponen a la peligrosa picadura de un alacrán en el prestigioso Lengüitas de Palermo.

Es el Estado la garantía explícita del vaciamiento de la educación pública y, con absoluta perversión, utiliza el discurso de la defensa de la escolaridad con medidas coercitivas hacia la docencia, el alumnado y las familias, con la total complicidad de la burocracia docente y estudiantil. El tiempo “sin clases” de las llamadas prácticas profesionales, que afectan a los estudiantes del último año y que provee de mano de obra sin costo para las empresas, no parece preocuparle ni a la ministra ni al jefe de gobierno.

Una causa judicial, una causa política

La política de ajuste que requiere el FMI tiene a Horacio Rodríguez Larreta como un referente. El recorte al presupuesto educativo solo está debajo del recorte a la salud pública por pocos decimales. El ataque a las condiciones de vida de la clase trabajadora no escatima artilugios leguleyos insostenibles, que pretenden descargar sobre los adultos un castigo que apunta directamente al movimiento estudiantil, el mismo que organizó durante las primeras semanas de clases un “faltazo” ante la imposibilidad de las condiciones edilicias frente al verano más caluroso del siglo, imponiendo un paro de estudiantes en los hechos, que fue ignorado por todos los medios.

El ataque de Larreta y Acuña apunta a domesticar a la comunidad educativa, con la intención de avanzar hacia la destrucción total de la educación pública, en beneficio del negocio de la educación privada. Los argumentos legales por los cuales se denuncia a las familias son insostenibles, se nos reclama por el estado de los edificios y se nos responsabiliza por el impedimento al libre dictado de clases, se nos exige una indemnización por montos que el mismo Estado no respeta en su inversión, se pretende invertir la carga de quién es responsable por las condiciones de la educación de nuestros hijos e hijas.

No estamos ante una causa judicial, personal, sino política. No son cédulas privadas llegando a los domicilios, sino cartas de extorsión contra la población que enfrenta el ajuste educativo. Por esta razón no pueden ni deben ser respondidas en el aislamiento que Acuña y Larreta pretenden imponer, sino en el marco de toda la comunidad que está siendo atacada. Llamamos a una asamblea pública intercolegial con la participación de docentes, estudiantes, familias, personal no docente, para discutir en conjunto un plan de lucha que ampare la educación de nuestros hijos, defienda la escuela como espacio de debate social y se pronuncie contra toda criminalización de la protesta.