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El anuncio de una inflación del 7,7% tuvo lugar mientras Sergio Massa se encontraba en Washington debatiendo una “readecuación” del acuerdo con el FMI. En las discusiones con los funcionarios volvió a menearse el impacto de la sequía sobre las reservas internacionales, por un lado, y el cumplimiento de la meta de ajuste fiscal, por el otro. En cambio, la inflación galopante no le movió las pestañas a la funcionaria encargada del “caso Argentina”. Es que a nadie escapa, al menos en Washington, el carácter recontra inflacionario del acuerdo firmado con el gobierno Massa y los Fernández, que volvió a ponerse de manifiesto con este índice. De tanto referirse al aumento de los alimentos y al impacto de la sequía, los funcionarios se “olvidaron” que los “precios regulados”, que afectan a tarifas y servicios fijados por el gobierno, tuvieron un aumento superior al ya elevado promedio general del índice. En la última “revisión” del acuerdo, el FMI reclamó acelerar los aumentos tarifarios, para reducir el monto de subsidios dispuestos por el estado. Con la venia del FMI, hoy rige una indexación general de la energía y el transporte. El boleto de colectivo, por ejemplo, se indexa con la inflación del mes anterior, o sea que se viene un 7,7% de aumento en ese rubro. La inflación es el arma principal del ajuste fiscal, porque los impuestos suben con los precios –es lo que pasa con el IVA- mientras que los gastos del Estado se incrementan por debajo de la inflación. Es lo que ocurre con las jubilaciones, los salarios y gastos sociales. Esa “grieta” permitió el “sobrecumplimiento” de la meta de ajuste en 2022. Lo que se viene, sin embargo, es todavía peor.
Dólar agro y energía
Unos días antes de conocerse el dato de inflación, el gobierno anunció un dólar especial de 300 pesos para la soja y para un largo listado de alimentos, como la yerba, el aceite, pescados, frutas y pollo, entre otros. Aunque temporal, se trata de una devaluación del 40% sobre un conjunto muy importante de la canasta alimentaria. Aunque el gobierno asegura haber pactado cupos de “Precios justos” con los capitalistas beneficiarios, el destino de esa regulación será tan inútil como viene siéndolo hasta ahora. La devaluación disimulada no sólo golpeará sobre la inflación futura, sino que reforzará la carga de la deuda pública. En efecto: como vino ocurriendo con el dólar soja, las divisas que el gobierno le compra a los exportadores a 300 pesos deberá venderlas a los importadores a 215. Para cubrir esa pérdida, la emisión de moneda necesaria se calcula entre 600.000 y 700.000 millones de pesos, que el Banco Central deberá colocar a los bancos privados bajo la forma de letras ( Leliqs). Por lo tanto, la afirmación del gobierno de que ingresará más recaudación por los impuestos de exportación es completamente falaz, porque esos ingresos del fisco tienen como contrapartida un aumento de la deuda pública, en este caso, del Banco Central. Mientras tanto, los importadores industriales continuarán ingresando sus insumos a 215 pesos por dólar, cuando venden su producción al valor de los dólares financieros o paralelos.
El panorama se completa con un tarifazo que los diarios vienen anunciando a media voz: se trata de un aumento de entre el 50 a 100% que las distribuidoras de luz del AMBA obtendrán en el próximo bimestre y que va por fuera del régimen de “segmentación”. Kicillof acaba de aprobarlo para Edelap y las distribuidoras regionales, Edesur y Edenor, lo obtuvieron del gobierno nacional. Es el “premio” por el verano infernal de apagones. Por lo tanto, los recursos para el famoso “plan de mejoras” que les exigió el gobierno saldrán del bolsillo de los usuarios.
El tándem Massa-Fernández junto al FMI han armado un régimen perfectamente parasitario: devaluación para el agronegocio; subsidio para los importadores; pagarés indexados para los Bancos privados; refuerzos tarifarios para un sistema eléctrico desquiciado. Esta montaña de rescates al capital se paga, por un lado, con la carestía fenomenal que soportan consumidores y trabajadores; y del otro, con la caída de jubilaciones, salarios de docentes y de la salud y del gasto social en general. Un estallido de este régimen, o sea, la hiperinflación y la devaluación general, terminará de trasladar el peso de esta hipoteca al mundo del trabajo.
¿Y los salarios?
El 7,7% de inflación, y el trimestre bordeando el 22%, es un cachetazo a la cara de las burocracias sindicales que han pactado el semestre del 30%, en la perspectiva del 60% anual anunciado por Massa a comienzos de año. Pero ante el desmadre inflacionario, la burocracia sólo atina a salvar su acuerdo con Massa, a como sea. El kirchnerismo, con Máximo a la cabeza, ha salido a reclamar alguna suma fija en compensación por la carestía. En verdad, el camporismo quiere trasladar a los asalariados el régimen de remiendos que el gobierno aplica a los jubilados, a quienes les tira un bono mientras aplica una movilidad de haberes absolutamente confiscatoria. Los bonos y sumas fijas, además de no ser remunerativos, no se computan en el cálculo de aumentos futuros – y consolidan por lo tanto la caída en los ingresos del trabajo. En el caso de la CGT, busca una compensación por la eximición de Ganancias en los adicionales por productividad – como explicamos en estas páginas un incentivo a la sobreexplotación laboral. Todos estos remiendos crujen frente a la escalada inflacionaria en curso. El “siete coma siete” plantea autoconvocarnos y exigir una reapertura de paritarias que parta de un aumento de emergencia para cubrir la inflación pasada y un régimen de indexación mensual de los salarios. El horizonte hiperinflacionario, cada vez más cercano, no admite parches, y plantea la preparación de la huelga general por el salario, las jubilaciones y el derecho al trabajo.
